15/04 – 09:40 – Pidió anular el proceso de juicio político, que se empieza a debatir hoy en Diputados
Por: Alberto Armendáriz
Sin esperanzas ya de alcanzar una victoria en la votación de la Cámara de Diputados que pasado mañana decidirá la apertura o no del proceso de impeachment a Dilma Rousseff, el gobierno dio ayer un manotazo de ahogado y apeló al Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar detener la acción que podría acabar con la destitución de la presidenta.
Anoche, la Corte analizaba los seis recursos oficialistas que cuestionaban aspectos parciales o la totalidad del dictamen aprobado el lunes por la comisión especial de juicio político en Diputados. Habían sido presentados a último momento por el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, así como por diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y de las pocas fuerzas parlamentarias que se mantienen leales al jaqueado gobierno: el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Democrático Laborista (PDT).
La idea detrás de esta movida era ganar tiempo; lograr postergar el inicio de los debates en el plenario de la Cámara, que deben empezar hoy a la mañana, y, eventualmente, demorar también la votación final, programada para pasado mañana por la tarde.
Según la lógica del gobierno, un poco más de tiempo daría al máximo líder petista, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, más margen para frenar la desbandada de los socios de la coalición oficialista y sumar apoyos para salvar a su ahijada política de lo que parece un inevitable desenlace.
Contra las expectativas de alargue del Palacio del Planalto, el presidente del STF, Ricardo Lewandowski, convocó para el final de la tarde una sesión de emergencia de la Corte, que de inmediato se puso a examinar los detalles de las apelaciones.
“Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales”, resaltó el magistrado al llamar a sus diez colegas del tribunal, que extendieron sus deliberaciones hasta altas horas de la noche, mientras varios canales de televisión transmitían en vivo la agotadora sesión.
El principal argumento presentado por el abogado general de la Unión para descarrilar el proceso fue que, en su dictamen, la comisión de juicio político agregó algunos asuntos en contra de Dilma que no estaban en el pedido original de impeachment, y por lo tanto la presidenta no había podido defenderse de esas acusaciones.
La solicitud original del impeachment se basa en la manipulación de las cuentas públicas por parte de la mandataria para, presuntamente, esconder el déficit fiscal de los últimos años, maniobra que supondría un crimen de responsabilidad posible de ser castigado con la remoción de la jefa del Estado.
Sin embargo, al presentar su informe final a la comisión, el presidente del colegiado, Jovair Arantes, había citado también las denuncias que hizo contra Dilma el arrepentido senador petista Delcidio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista, que aseguró que la mandataria había estado al tanto del multimillonario esquema de sobornos en Petrobras y que intentó, junto con Lula, intervenir en las investigaciones que llevan a cargo los fiscales federales en Curitiba, caso a cargo del juez Sergio Moro.
“La ampliación del objeto de la denuncia hiere de muerte este proceso. ¿De qué hechos está siendo acusada la presidenta? ¿Sólo de los de la denuncia? Nosotros los defendemos. Pero si son otros, se están discutiendo hechos para los cuales no fuimos llamados a defenderla”, resaltó Cardozo.
Lo cierto es que en Brasilia la judicialización del proceso no fue bien vista por el mundo político, para el que se confirmaron las sospechas de que el gobierno ya no tenía chances de obtener los respaldos parlamentarios suficientes para frenar la apertura del impeachment en la Cámara.
Para que el proceso siga al Senado, que será el encargado de juzgar a Dilma, se requieren de 342 votos del total de 513 diputados, es decir, dos tercios. Según los cálculos de la oposición, ese umbral ya fue superado y ganarían con holgura la votación de pasado mañana.
Si la moción fuera aprobada en Diputados, el Senado tendría que crear inmediatamente una comisión para recibir el pedido y votar por aceptarlo o no, en una sesión en la que sólo sería necesario el apoyo de una mayoría simple de los 81 senadores.
Recién entonces Dilma sería apartada temporalmente de su cargo y el vicepresidente Michel Temer asumiría la presidencia de forma transitoria hasta que el plenario del Senado realice el juicio, dentro de un plazo de 180 días.
Desde el gobierno se ha señalado a Temer y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y acusados de haberse beneficiado del escándalo del petrolão, de impulsar un “golpe” contra Dilma para desviar la atención de sus problemas judiciales y, eventualmente, tapar las investigaciones.
Inestabilidad
Ante la pérdida de respaldo de la gran mayoría de los partidos de la base aliada, el gobierno, con Lula como gran operador político, ha pronosticado un período de inestabilidad si Temer asume el poder y ha prometido resistir en las calles la “ruptura democrática”. Mañana, la presidenta misma visitará el campamento de grupos que la apoyan y que se ha montado en las afueras del Estadio Nacional Mané Garrincha como señal de resistencia.
Y ayer, como otro indicador de desesperación para juntar votos en la Cámara, Dilma autorizó que cuatro de sus ministros -Ciencia y Tecnología, Salud, Aviación Civil, y Desarrollo Agrario- dejaran sus cargos para volver a ejercer como diputados.
“Están agobiados, ya no saben qué hacer para mantenerse en el poder. No se dan cuenta de que la gente ya quiere dar vuelta la página de esta historia”, indicó a LA NACION la vendedora de muebles Renata Botelho, 33, en un shopping de esta capital. (La Nación)
