01/06 – 07:30 – El proyecto ingresó anoche en Diputados y mañana empezará a ser tratado en comisión; también prevé que queden fuera del beneficio fiscal los integrantes del último gobierno
Por: Laura Serra
El Gobierno dio marcha atrás y, atento a los reclamos de sus socios políticos -la UCR y la Coalición Cívica-, exceptuará del blanqueo de capitales a los funcionarios públicos tanto de la administración actual como aquellos que revistieron cargos durante el último mandato de Cristina Kirchner . Los contratistas del Estado, sin embargo, podrían acogerse al beneficio fiscal, según trascendió de fuentes oficialistas.
El blanqueo de capitales forma parte de un proyecto de ley ómnibus que incluye, además, el pago de las deudas a jubilados, la suba a 800.000 pesos del piso mínimo anual del impuesto a los bienes personales y la devolución paulatina a las provincias del 15% de la coparticipación que les retiene la Anses. El proyecto ingresó anoche a las 21.15 en la Cámara de Diputados; después de varias idas y venidas, el Gobierno se decidió por esta cámara para que arranque el tratamiento de la iniciativa, el cual comenzará mañana mismo en comisión.
La redacción final del proyecto se manejaba ayer con absoluto hermetismo en la Casa Rosada; si bien los lineamientos principales ya trascendieron, los legisladores estaban a la expectativa de la letra chica. Uno de los aspectos que mayor inquietud generaban, sobre todo entre los socios de Cambiemos, era el blanqueo de capitales y la posibilidad de que los funcionarios públicos estuvieran incluidos en el beneficio.
Ayer, funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior recibieron a una delegación de legisladores, entre los que se contaba el jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, el radical Mario Negri. También estaba presente el jefe de la UCR, José Corral. “Los funcionarios públicos deben ser excluidos del blanqueo de capitales”, insistió Negri. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, ya había advertido que esa exclusión era, para su partido, “innegociable”.
Sin el apoyo de sus aliados, el Gobierno debió corregir la iniciativa. Según fuentes legislativas, el texto final excluirá del blanqueo a todos los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo: presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores. Del mismo modo, se eliminará la posibilidad de que ingresen al beneficio fiscal los ex funcionarios que revistieron cargos hasta 2011.
En cambio, sí podrán ingresar en el blanqueo los contratistas del Estado; Carrió se opone a esta posibilidad, al igual que el Frente Amplio Progresista (FAP). También el Frente para la Victoria (FPV) anticipó sus reparos. La UCR, en cambio, no lo objetaría. “Ya es un paso adelante que los funcionarios no puedan beneficiarse de este blanqueo; si excluimos también a los empresarios con negocios con el Estado el universo se acotaría demasiado”, razonaba ayer un importante legislador del radicalismo.
Debate difícil
Todo indica que el proyecto desatará un debate intenso y tal vez de final imprevisible en la Cámara de Diputados. Es que si bien nadie discute que el Estado debe cancelar sus deudas con los jubilados, son varios los diputados -entre ellos el ex jefe de la Anses Diego Bossio (Bloque Justicialista)- que quieren discutir cómo se financiará semejante costo. La sustentabilidad del sistema previsional, la eventual venta de las acciones de la Anses en empresas privadas y el blanqueo de capitales serán los temas de fondo de la discusión.
El Gobierno, temeroso de que el debate se descarrile, había especulado hasta ayer con enviar la iniciativa primero al Senado. Si bien es un cuerpo dominado cómodamente por la oposición, la Casa Rosada entrevió que allí se facilitaría la media sanción luego de que varios gobernadores peronistas apoyaron públicamente el proyecto, al igual que el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto. “Sería inconsistente e incoherente oponerse”, dijo anteanoche Pichetto en declaraciones al programa Odisea, de la señal TN.
El apoyo de los gobernadores no es por puro altruismo con el Gobierno. El proyecto de ley incluye, entre sus capítulos, la ratificación del convenio que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, selló con las provincias el 18 del mes pasado, el cual contempla una devolución escalonada y progresiva, hasta 2020, del 15 por ciento de coparticipación que se les retenía para financiar la Anses. La ratificación de este acuerdo por ley, a lo que se suma la posibilidad de que las provincias puedan acceder a créditos solventados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, explica la seguidilla de declaraciones de apoyo de los gobernadores al proyecto ómnibus del Gobierno y la idea que barajaban algunos funcionarios para que el debate comenzara por el Senado.
“El proyecto contiene modificaciones tributarias y la Constitución Nacional es clara al respecto: la cámara iniciadora debe ser la de Diputados”, indicaban fuentes legislativas de Cambiemos. (La Nación)
