03/06 – 10:40 – La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea una comisión por 120 días para concretarlo. Es un reclamo desde que rige la autonomía porteña. Llega en medio de una ofensiva macrista por el manejo de las salas.
Después de años de reclamos, peleas políticas y fuertes disputas por la recaudación, el Gobierno nacional resolvió traspasar el manejo total de los juegos de azar que controla Lotería Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. La resolución llega apenas un mes después del cierre de las cinco salas de bingo porteñas, tras un largo y agónico conflicto. Y también en el marco de un avance de la administración macrista sobre las tragamonedas del casino del Hipodromo de Palermo -controlado por el empresario K Cristóbal López-, al que le reclaman el pago de unos $ 4.000 millones en concepto de deudas por Ingresos Brutos.
La decisión fue comunicada a través del Decreto 743/2016 publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Esta resolución incluyó la consideración de un convenio firmado en 2003, que venció el 1 de diciembre pasado. “Sin que implique desconocimiento ni limitación del poder de policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la vigencia del referido Convenio, resulta conveniente convalidar un procedimiento para que -de manera ordenada y sin afectar derechos adquiridos- se efectivice la asunción de competencia que le corresponde a la jurisdicción local”, señala la norma entre los considerandos.
El decreto establece la conformación de una Comisión de Enlace, integrada por miembros de Lotería Nacional y del Instituto de Juegos de Apuestas porteños, para que “en un plazo no mayor a 120 días hábiles” se diagrame un cronograma de trabajo “para perfeccionar la asunción de competencias en la materia por parte de la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, y cuando se efectivice el traspaso, la Ciudad tendrá el control y la fiscalización del Casino Flotante de Puerto Madero y de la operación de juego del Hipódromo de Palermo, entre otras cosas.
La transferencia de Lotería Nacional a la órbita porteña se suma al de la Policía Federal, firmada en enero pasado entre el presidente Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Ambos temas formaron parte de uno de los principales reclamos de la gestión macrista en la Ciudad durante el Gobierno de Cristina Fernández en los últimos años, junto con el manejo del Puerto y de la Justicia penal.
La movida llega en medio de la ofensiva macrista contra Cristóbal López. Como publicó Clarín el 21 de marzo, el macrismo intimó a los titulares del casino del Hipodromo de Palermo -el de mayor concentración de tragamonedas del mundo- a pagar la deuda por Ingresos Brutos que tienen con la Ciudad desde 2003.
En principio, se trataría de unos $ 4.000 millones, aunque el monto real es difícil de precisar porque sólo López sabe lo que facturó todos estos años en los que no recibió auditorías. Si se diera por cierto lo que él dice haber recaudado y haber gastado, el monto que tendría que pagarle a la Ciudad, incluido intereses y punitorios, podría llegar unos $ 10 mil millones.
En sus considerandos, el decreto hace un recorrido pormenorizado de la situación de Lotería Nacional Sociedad del Estado desde su creación en 1990, y el conflicto surgido a partir de que la Ciudad de Buenos Aires fuera declarada territorio autónomo, tras la reforma constitucional de 1994.
En ese sentido, recuerda que la potestad jurisdiccional del Gobierno nacional en materia de juegos de azar en la Ciudad responde al “marco de la legislación dictada por el Honorable Congreso de la Nación con anterioridad al año 1994, que resultaba aplicable de manera exclusiva en la entonces Capital Federal y en aquellos territorios nacionales existentes al momento del dictado de dichas normas”.
Además, menciona la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, con posterioridad a la reforma constitucional, que estableció “de manera categórica que el régimen de juegos de azar y sus posibles infracciones, no trata de una cuestión de índole federal”.
“Han de considerarse los alcances de la potestad tributaria que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reforma constitucional de 1994 y la consecuente entrada en vigencia de su Constitución local, para gravar con tasas, impuestos o contribuciones el ejercicio de la actividad de juegos de azar en su territorio”, agrega la norma.
En 2003, y luego varios años de reclamos judiciales, Aníbal Ibarra, por entonces jefe de Gobierno, y el ex presidente Néstor Kirchner, firmaron un convenio para regular las relaciones en torno a determinados juegos de azar explotados en el territorio porteño, acuerdo que, luego de algunas renovaciones, finalizó el 1 de diciembre pasado. (Clarín)