04/08 – 09:45 – Una jueza de primera instancia afín al kirchnerismo otorgó una medida cautelar a una ONG; el Gobierno evalúa apelar directamente a la Corte Suprema
Por: Pablo Fernández Blanco
Pese a las buenas noticias que recibió de la Justicia la semana pasada, el Gobierno volvió a confirmar ayer que los aumentos de tarifas lanzados en la primera parte del año aún transitan por terreno pedregoso por las decisiones que se toman en los tribunales.
La jueza federal de primera instancia de San Martín, Martina Forns, les ordenó al Ministerio de Energía y a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que suspendan los aumentos de las tarifas de electricidad que aplicaron en febrero.
El freno al ajuste no fue ajeno a la política. Forns es uno de los miembros del Poder Judicial que firmaron la solicitada que se publicó el martes 11 de diciembre de 2012. Allí reclamaban “una justicia legítima”, según su título, que le dio nombre a la agrupación homónima, afín al kirchnerismo.
La decisión de Forns respondió a una demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), una agrupación también simpatizante del gobierno anterior. Es la misma ONG que obtuvo un fallo a favor en La Plata para frenar el aumento del gas en todo el país, que hoy tendría una definición en la cámara de esa ciudad. Igual que en ese caso, es muy probable que la Corte Suprema tenga la última palabra respecto de la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas.
Aunque no opinó sobre decisiones futuras, Forns sostuvo que, en casos similares, aceptó apelaciones del Gobierno, pero con efecto devolutivo, por lo que el freno a los aumentos quedaría vigente. Luego, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó su decisión.
Mariano Lovelli, presidente del Cepis, explicó a LA NACION que su organización intervino apelando al interés colectivo y les dio soporte a otros demandantes. “El nudo central de la presentación es similar a la que hicimos por el gas en La Plata: la carencia de audiencias públicas previas”, sostuvo.
Lovelli se identificó como militante kirchnerista, aunque explicó que la demanda fue movilizada por el bien común antes que por sus simpatías políticas. Y puso como ejemplo que su organización también inició reclamos en la Justicia contra la gobernación de Daniel Scioli el año pasado.
El fallo de ayer, de 14 páginas, abrió un entuerto jurídico y comercial según la mirada de la Casa Rosada. Se debe a que el Gobierno sólo tiene jurisdicción plena sobre el servicio eléctrico en las concesiones de Edenor y de Edesur, las dos principales distribuidoras del país, que atienden el servicio en la Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires. Pero el texto de Forns les ordena frenar las subas en todo el país, donde los entes reguladores de cada provincia tienen la potestad de autorizar las subas de tarifas, más allá de lo que piense la administración de Mauricio Macri.
Es una circunstancia distinta al gas, donde la Cámara Federal de La Plata también suspendió los aumentos, dado que en ese caso la administración de Mauricio Macri sí tiene la atribución de fijar las tarifas para todo el país.
En declaraciones a Radio Nacional, Forns explicó que el principal sustento de la suspensión de los aumentos es que no se realizaron audiencias públicas anteriores a su aplicación, un requisito constitucional. También sostuvo: “Consideré que no había habido una gradualidad y la tarifa no fue asequible; es decir, las subas no fueron moderadas”.
Rechazo
El Gobierno rechaza de plano la acusación de que no hizo audiencias públicas. Entre otras cosas, porque retomó las subas que el ex presidente Néstor Kirchner iba a aplicar, pero nunca concretó. Pese a eso, Forns agregó que más de 50 jueces en todo el país sostuvieron que las audiencias públicas se tendrían que haber celebrado, a los que se sumaron dos cámaras federales.
Según la primera lectura que hacían ayer por la noche en la Casa Rosada y en el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, la aplicación práctica del fallo de Forns conduciría a retrotraer el precio mayorista de la electricidad (que decide Cammesa y representa un tercio de la factura de los usuarios) en todo el país y el valor de distribución que reciben Edenor y Edesur. Pero nada podría hacer, por ejemplo, con los aumentos que aplicaron otras prestadoras del servicio como EPE (Santa Fe), EPEC (Córdoba) o Edelap (La Plata).
La jueza también pidió que las empresas suspendan el cobro de las facturas emitidas y se abstengan “de realizar cortes de suministro por falta de pago, con fundamento en la normativa suspendida”.
Para quienes ya pagaron, el fallo sostiene que “sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta”, para que se reintegre su monto en las próximas boletas hasta la compensación total.
Ayer por la noche, Aranguren y el procurador del Tesoro, Juan Carlos Balbín, analizaban alternativas judiciales para frenar el fallo de Forns. La primera alternativa era apelar la medida a la Cámara Federal, pero en la Jefatura de Gabinete no descartaban acudir directamente a la Corte Suprema para resolver la cuestión de fondo. De hecho, el máximo tribunal deberá definir el futuro de los aumentos de gas, aún frenados por una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata (ver aparte).
Forns explicó que su fallo tiene alcance nacional porque se presentó un amparo colectivo, algo que está autorizado por una acordada de la Corte Suprema.
Es un dato que sorprendió al Gobierno: en el entorno del Presidente no terminaban de comprender cómo una jueza de San Martín había definido los destinos de las facturas de luz para todo el país. (La Nación)
