05/09 – 10:00 – Pollicita insistió hoy ante el juez Ercolini de que debe llamar a declarar a la ex presidenta como sospechosa “sin más demoras”. Sumó decretos de necesidad y urgencia y nuevos testimonios.
Por: Daniel Santoro
Con más pruebas y argumentos, El fiscal federal Gerardo Pollicita reiteró hoy lunes al juez federal Julián Ercolini el pedido de indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros, por haber instrumentado un “plan sistemático” para robarle al Estado a través de la concesión de millonarias obras públicas a Lázaro Báez.
En una extensa resolución a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, Pollicita le recuerda a Ercolini –quien tiene su pedido original desde el 18 de agosto” que el fraude en la obra pública fue destacado por la Cámara Federal en el marco de las causas n° 3017/13 “Ruta del dinero K” y n° 11.352/14 “Hotesur”. El pedido Pollicita lo hizo en la megacausa por asociación ilícita que presentó la diputada Elisa Carrió en el 2008.
“No se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada. Todo lo expuesto, respalda la solicitud de esta parte respecto al estado de sospecha requerido para la citación en los términos del art. 294 del C.P.P.N., en orden a la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”, señaló Pollicita y su colega Ignacio Mahiques.
La presentación es ante una solicitud de Ercolini de que se le sumen las pruebas para decidir si llama a Cristina a otra indagatoria, mientras enfrenta una complicada situación judicial.
Pollicita contestó que se tratar “de documentación certificada reservada por secretaría a disposición conjunta del Tribunal, o por ser normas, disposiciones legales o información de conocimiento y acceso público”, como el decreto de necesidad y urgencia a través del cual Cristina le dejó a López el manejo del fideicomiso del gasoil . “Todos estos elementos probatorios que fueron oportunamente valorados al momento de analizar la matriz de corrupción delineada en el referido dictamen, resultan al criterio de los suscriptos suficientes para sustentar acabadamente la hipótesis diseñada en la referida presentación y es por ello que aquí reiteramos dicha solicitud”, agrega el dictamen.
Luego toma otro argumento de la sala II de la Cámara Federal en cuanto a no investigar todas las obras públicas concedidas al Grupo Austral de Báez por casi mil millones de dólares, sino tomar casos testigos como un tramo de la ruta nacional 3.
“El sistema de casos testigos en maniobras de estas características —extensos períodos de tiempo y decenas de casos— no resulta una idea aislada de esta parte sino que ya ha sido esbozado por el Sala II de la Excma. Cámara del Fuero al resolver en la causa n° 3017/13 en la que se encuentran procesados entre otros Lázaro Báez y Martín Báez por infracción al art. 303 del C.P”, subraya.
Luego se enfoca al hecho de que los Kirchner en un conflicto de intereses le dieron obra pública a su principal socio comercial. “Precisamente, la hipótesis delictiva aquí diseñada —enmarcada desde un enfoque integral y completo a la luz del caudal probatorio recolectado en los distintos legajos conexos— evidencia que mientras el empresario Lázaro A. Báez —amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner— era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”, agrega. Luego destaca que “paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que demuestra que la maniobra investigada en la causa n° 5048/16 se trataría del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se analiza en la causa conexa n° 11.352/14 “Hotesur”, en donde se están produciendo”, añade. Báez le giró por lo menos 6,5 millones de dólares a los Kirchner en concepto de alquileres de sus hoteles.
Para Pollicita, ese “sistema” de corrupción, que la ex mandatario heredó de la gestión de su esposo Néstor, y que profundizó, podría enmarcarse en los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el Código Penal, el primero tiene una pena de dos a seis años de prisión; y el segundo prevé un castigo de uno a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer funciones estatales”.
Pollicita le solicitó al juez del caso, Julián Ercolini, que también cite a declarar como imputado a Lázaro Báez, preso por otro expediente que lo investiga por lavado de dinero. Y a otros 31 ex funcionarios nacionales y provinciales a los que acusó de formar parte de este esquema ilegal ejecutado durante años. Entre ellos se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subssecretario del área, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del ex mandatario santacruceño; y el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. (Clarín)
