09/09 – 09:50 – Deberá declarar ante el juez Lijo; lo acusa de facilitar la maniobra de Boudou
Por: Hernán Cappiello
Ricardo Echegaray venía hasta ahora indemne en la causa en la que el ex vicepresidente Amado Boudou está a punto de ir a juicio oral por quedarse con la imprenta que imprime billetes, Ciccone. Eso fue así hasta ayer, porque finalmente el juez federal Ariel Lijo lo citó a prestar declaración indagatoria al acusarlo de facilitar el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre la empresa para que sea controlada por Boudou mediante testaferros.
Lijo indagará a Echegaray el 26 de octubre próximo, a las 11.30, a instancias del fiscal Jorge Di Lello, que viene insistiendo en este interrogatorio desde hace casi dos años.
También citó a indagatoria a la ex presidenta de la Casa de Moneda Katya Daura y a otros ocho nuevos acusados vinculados a Boudou y a la Casa de Moneda.
Además, convocó a prestar declaración como testigo a Jorge Brito, presidente del Banco Macro, y a otros 10 empresarios relacionados con el origen del dinero que permitió que Ciccone se capitalizara para evitar su quiebra.
Esta nueva indagatoria de Echegaray se suma al procesamiento que tiene por instigar falso testimonio, que le dictó el juez Claudio Bonadio. Además ya fue indagado por el juez Sebastián Casanello por supuestamente haber dado protección a Báez y fue citado a indagatoria por el juez Julián Ercolini por permitir que Cristóbal López retuviera 8000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Además, lo investigan por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez Lijo primero entendió que Echegaray había prestado un servicio al Estado en el caso Ciccone al evitar una maniobra más perjudicial que la que ocurrió, pero instado por el fiscal Di Lello ahora lo citó a indagatoria por el supuesto abuso de sus facultades como titular de la AFIP; primero, al solicitar la quiebra de Ciccone, para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos, y, finalmente, 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra.
A Daura la citó porque primero se suspendió una licitación para comprar máquinas, pero luego ella misma, cuando asumió como presidenta de la Casa de Moneda, contrató con CVS la impresión de billetes y, días después de que Boudou asumiera como vicepresidente, le compró a KBA de manera directa las máquinas Cutpack III, Pre prensa y Nota Screen II y Numerot por 38.994.760 francos suizos.
Entre los indagados están Pablo Jorge Amato, director de Compañía de Valores Sudamericana -ex Ciccone-; Jorge Enrique Capirone, vicepresidente de Compañía de Valores Sudamericana; Máximo Lanusse, vicepresidente de The Old Fund y de Compañía de Valores Sudamericana; Sergio Gustavo Martínez, accionista de The Old Fund cuando Alejandro Vandenbroele era su accionista mayoritario; Juan Carlos López -vinculado comercialmente a Vandenbroele, Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona y Boudou-; Juan Biasin, gerente de Compras y Contrataciones de Casa de Moneda, y Analía Istueta, jefa de Área de Importaciones de Casa de Moneda.
Todos ellos serán interrogados sobre la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Boudou, junto con Núñez Carmona, adquirió la empresa quebrada y monopólica Ciccone, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de The Old Fund y de Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.
Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, acordaron con Nicolás y Héctor Ciccone la cesión del 70% de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que la imprenta pudiera volver a operar y contratar con el Estado.
Lijo además envió el pedido de elevación a juicio del caso Ciccone que hizo Di Lello a los abogados defensores de Boudou y el resto de los acusados para que opinen si están o no de acuerdo. Son Núñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri. Cuando reciba las respuestas lo más probable es que de inmediato eleve el caso a juicio oral y público. (La Nación)
