12/10 – 09:20 – Los organizadores pidieron al Estado una asistencia integral a las víctimas de los delitos; exigieron que se cumplan las penas a los condenados
Por: Gustavo Carabajal
Sin banderas políticas, y para exigir al Estado una asistencia integral a las víctimas de la inseguridad, la violencia y la impunidad, casi 20.000 personas concurrieron ayer a la plaza del Congreso. Entre lágrimas, los familiares de las víctimas de los delitos reclamaron respuestas frente a los hechos que agobian a los ciudadanos.
Durante casi una hora, esas casi 20.000 personas participaron del acto convocado con el lema #ParaQueNoTePase. La manifestación, que tuvo réplicas en las principales ciudades del país, fue organizada y convocada por un grupo de víctimas del delito, de la inseguridad vial, de la violencia machista y de la corrupción.
“Es imprescindible que las penas sean de cumplimiento efectivo, ni un día de más, tampoco uno de menos. Es indispensable que el Estado cuente con un registro de víctimas y de hechos impunes, único modo de evaluar necesidades y estrategias de intervención. Es imperioso que se legisle para que las víctimas reciban una asistencia integral inmediata y sostenida. Es justo que la víctima o su familia tengan participación en todo el proceso penal”, expresó el documento elaborado por los organizadores y que fue leído por los periodistas Lorena Maciel y Luis Novaresio.
Si bien la manifestación se desarrolló pacíficamente, hubo un momento previo al comienzo del acto en el que la gente que estaba en el sector de Hipólito Yrigoyen expulsó a un grupo de personas que se presentó con remeras de la “Juventud Sindical” y que representaban a gremios de ferroviarios y aeronavegantes.
El instante de mayor tensión se produjo cuando los jóvenes quisieron desplegar una bandera para marcar la presencia de la corriente que ellos representaban. De viva voz, algunos de los familiares de las víctimas que estaban en ese sector les reclamaron que se fueran y les recordaron que en la convocatoria se había acordado que nadie concurriría con banderas políticas.
“Nuestra intención es que no haya más familias destruidas. Queremos que para los tres poderes del Estado este problema esté en la agenda pública. Escuchamos millones de anuncios y promesas; ahora queremos respuestas. Pedimos prevenir muertes”, resumió a LA NACION Matías Bagnato, sobreviviente de la Masacre de Flores, ocurrida en 1994, cuando Fructuoso Álvarez González incendió su casa y mató a sus padres, sus hermanos y a un amigo.
Los organizadores aclararon que no era una marcha contra el Gobierno. Dos horas antes del comienzo de la manifestación, el presidente Mauricio Macri presentó el Convenio sobre Datos Judiciales Abiertos, iniciativa que pretende reunir información referida a causas y actuaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en todo el país.
Entre los organizadores, además de Bagnato, están Gladys, la hermana del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado en 1997; Carolina Piparo, víctima de una violenta salidera bancaria en La Plata que obligó a que le hicieran una cesárea de urgencia de la que nació Isidro, que murió una semana después; Nilda Gómez, madre de una de las 194 víctimas de República Cromagnon; María Luján Rey, que perdió a su hijo Lucas Menghini Rey en la tragedia ferroviaria de Once; Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada por el portero Jorge Mangeri; Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, que fue arrollado por un automovilista en la Avenida del Libertador, en Vicente López; Roberto Almeida, esposo de Ana María Domínguez, asesinada en 2000, y María Ester Radiminski, cuyo hijo, Alex Ayala, fue asesinado durante el robo de su auto, en Lanús.
“No estamos pidiendo mano dura, las leyes sobran, sino respecto a la interpretación de los jueces, que protegen a los delincuentes y los liberan rápidamente. Nosotros queremos justicia”, afirmó Piparo.
Debajo del escenario estaban Juan Carlos Blumberg, padre de Axel; Franklin Rawson, padre de Ángeles, quien afirmó: “Se sabe que los cambios no se concretarán de un día para otro, pero al menos el tema se pondrá en la agenda de los políticos”.
Entre la multitud estuvieron también los familiares de víctimas de la inseguridad cuyos nombres no trascendieron en los medios. Milagros Álvarez fue asesinada el 6 de julio pasado en Ciudad Evita; sus familiares reclamaban que un tribunal de menores no libere al único sospechoso. Mientras que los familiares de Axel Acuña, asesinado en julio de 2011 en Bernal Oeste, reclamaban el esclarecimiento del homicidio. Para ellos, el acto en la plaza del Congreso fue la única posibilidad de que su reclamo de justicia se escuche. (La Nación)
