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19/10 – 09:40 – Por falta de gasoductos hay problemas en Mar del Plata, Santa Fe, zonas de la Patagonia y otras ciudades; el Gobierno prometió terminar las obras
Por: Pablo Fernández Blanco
El funcionario llegó hasta el lugar, anunció la obra, habló de inversiones del Estado por miles de millones de pesos y tiempo más tarde volvió a anunciar el proyecto, que nunca se completó.
La fórmula anterior sirve para describir una de las prácticas habituales del kirchnerismo, acostumbrado a difundir varias veces sus iniciativas antes de completarlas. En el caso del gas, esa práctica se manifestó de una manera preocupante: miles de personas que viven en las cercanías de la red de distribución no tienen acceso al servicio debido a que el gobierno anterior no completó las obras que había anunciado y las empresas, con atrasos en las tarifas, no contaron con fondos para afrontarlas.
En otros términos, a los habitantes de Mar del Plata, zonas aledañas a la cordillera de los Andes, un cordobés o un empresario santafecino que construya un edificio, un local comercial o incluso en algunos casos una casa de familia difícilmente se les conceda el servicio de gas por falta de infraestructura.
Según los números oficiales, en total hay 140.500 potenciales clientes de gas que hoy no cuentan con el servicio por obras que se prometieron. Son unas 562.000 personas.
Uno de los casos más emblemáticos está en el Sur. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner anunció la ampliación de la capacidad de transporte de gas del sistema Cordillerano-Patagónico, que iba a permitir conectar a la red a 3000 nuevos clientes (unas 12.000 personas) y debía estar finalizada antes del invierno de 2014. Aún no fue terminada.
Según información oficial, dos de las cuatro etapas en que se hizo la licitación están inconclusas y paralizadas. En ambos casos, la contratista es Vertúa, la empresa que cobró sumas millonarias por el Gasoducto del Nordeste para hacer obras inconclusas. Fuentes del mercado sostienen que, a diferencia de esa iniciativa, en el caso patagónico el Gobierno no quiso readecuar el precio del proyecto tras la devaluación de 2014.
La situación actual es compleja. La distribuidora Camuzzi garantiza el suministro para los usuarios que hoy cuentan con el servicio, pero es casi imposible acceder a él para un cliente nuevo. En términos formales, la empresa requiere a los interesados en conectarse a la red la realización de las obras complementarias sobre el sistema. El pedido es casi una quimera que puede implicar desde la obligación de hacer 50 metros de gasoducto hasta hacer una obra en otra provincia.
En agosto de 2015, el Gobierno amplió la obra para que abasteciera a 10.000 nuevos usuarios, con una inversión de $ 1000 millones, pero nunca se licitó. La administración de Mauricio Macri decidió terminarla. Abastecería a 22.000 clientes y costará $ 1700 millones.
El denominado gasoducto lechero, en la cuenca tambera de Santa Fe, es otra de las grandes obras paralizadas en el sector gasífero. Formaba parte del Plan Más Cerca, Mejor País, Más Patria, que manejaba el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, pero nunca se formalizó el convenio para avanzar con el proyecto.
El nuevo gobierno decidió empezar de cero. Según la información que presentó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gestión macrista actualizará el proyecto y definirá un nuevo esquema de licitación, ejecución y supervisión del proyecto.
También trasladará las obras al ámbito de la distribuidora privada “en el marco del proceso de renegociación tarifaria”, según sostuvo el funcionario en el informe que remitió la semana pasada.
El Gobierno también tiene decidido avanzar en la obra, que costará $ 1300 millones y llegará a 34.000 usuarios.
También tiene previsto hacer los gasoductos de la Costa y Tandil-Mar del Plata, un trazado de 51 kilómetros que llevaría el gas a 84.500 nuevos usuarios.
Una historia similar se repitió en Córdoba, donde el Ministerio de Planificación se resistía a encarar una obra para la provincia que manejaba el peronista opositor Juan Manuel de la Sota, que logró un crédito internacional, pero no consiguió el visto bueno del Banco Central.
En el marco de la revisión tarifaria integral (RTI) que realizará este año el Gobierno para comenzar a definir los ingresos de las empresas, las distribuidoras le enviaron al Enargas, el ente que regula al sector, sus necesidades de expansión del sistema.
En la zona norte del país, Gasnor considera prioritario expandir los sistemas en Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán.
Las empresas Gasnea y Litoral Gas consideraron que la realización del Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA) mejorará el servicio en varias provincias del norte y el centro del país. En la zona de Ecogas (centro), el sistema está saturado y con restricciones en el sur de Mendoza (San Rafael, General Alvear y Malargüe), el Este (Junín, Maipú, Fray Luis Beltrán) y San Luis capital, mientras que en Córdoba, tanto la capital como Río Cuarto, sólo pueden conectarse viviendas particulares. El resto de las factibilidades está condicionado a obras.
En el sector gasífero sostienen que, más allá de los casos emblemáticos, hay más de 200 convenios con Planificación que registran demoras y están bajo la revisión del nuevo gobierno por sospechas de irregularidades. (La Nación)
