18/11 – 09:20 – Cumpliendo los plazos procesales, la sala I citó a una audiencia el 19 de diciembre, para escuchar a las partes. Y luego sentenciaría que un juez abra el caso contra Cristina y sus funcionarios.
Por: Claudio Savoia
En dos meses, el 18 de enero, se cumplirán dos años de la violenta -y aún no esclarecida- muerte del titular de la UFI AMIA, el tempestuoso fiscal Alberto Nisman. Su último acto de servicio, el que selló su destino, fue la denuncia contra la ex Presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios, espías y militantes, nada menos que por el supuesto encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, en 1994. Una acusación que desde entones no pudo ser despejada: con los votos del juez Rafecas y los camaristas Freiler y Ballestero, la apertura de esa investigación fue reiteradamente obturada. Pero si la facción judicial kirchnerista no logra impedirlo con alguna martingala, antes de fin de año la historia podría cambiar. Tras cumplir con todos los pasos procesales, la sala I de la Cámara de Casación ordenaría que un juez desempolve aquella acusación.
La guerra en la Casación respecto a este tema -revelada por este diario- aún mantiene al primer piso del edificio de Comodoro Py 2002 como un campo minado. Acusaciones cruzadas -incluso a los gritos-, miradas torvas, reuniones secretas y zancadillas jurídicas para dejar afuera de la votación a uno u otro juez (o a todos, en el sueño K) parecían inclinar la cancha según los intereses de Cristina que, como sabemos, lejos de pedir que se la investigue para sepultar cualquier duda, hizo y sigue haciendo lo posible y un poco más para evitar que algún magistrado dé curso a las cincuenta medidas de prueba que sugirió Gerardo Pollicita, el colega de Nisman que tomó la denuncia.
Pero esta semana hubo definiciones importantes. Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, cortaron el nudo gordiano planteado -con astucia- para cuestionar a todos los miembros del tribunal bajo la excusa de supuestas inhibiciones respecto del pacto con Irán firmado por Cristina y la denuncia de Nisman, que en verdad no habrían existido. Ambos rechazaron el pedido de su colega Ana María Figueroa para apartarse, rechazaron también su pedido para que ella misma sea excusada, y en estricto cumplimiento del código de procedimiento convocaron a una audiencia con las partes para el 19 de noviembre. Clarín pudo saber que la definición sobre el tema no tardaría muchos días después de esa fecha. Y que se inclinaría por exigir que un juez inicie una investigación para probar si Nisman tenía razón o estaba equivocado. Un detalle: aunque esa orden caería sobre la cabeza de Rafecas, eventualmente la Casación podría desplazarlo y sortear a otro juez.
“Se aceleran los tiempos”, dice a este diario un juez de la Cámara Federal. “Si Hornos y Borinsky aceptaban el argumento de Figueroa de que esta causa es conexa con los viejos expedientes del caso AMIA, deberían haberse corrido ellos también”. Ese habría sido el plan kirchnerista, supuestamente urdido por Figueroa y Alejandro Slokar, actual presidente de la Casación. Ellos dos, más el fiscal Javier De Luca, estuvieron reunidos el martes hasta tarde en un encuentro reservado. Esa troika -a veces acompañada en sus decisiones por la jueza Angela Ledesma- integra el ala dura de los K en el tribunal. Y aún explora caminos para detener la denuncia de Nisman. Deberán esforzarse: Clarín pudo saber que en la Corte estuvieron buscando resoluciones que establecieran alguna conexión entre las causas que investigaron el atentado y las irregularidades en ese caso en los 90, y el amparo contra el pacto con Irán o la denuncia de Nisman. No hallaron nada.
Por lo pronto, el fiscal De Luca habría pedido una postergación de la audiencia del 19 de diciembre, por una oportuna licencia. La fecha, que Borinsky y Hornos no parecen dispuestos a mover, es la inmediata después de los diez días “de oficina” que el Código Procesal establece para que las partes presenten sus escritos y vean los de las otras partes -ya lo hicieron De Luca y el defensor del diputado Andrés “Cuervo” Larroque- y otros diez días hábiles como plazo mínimo para preparar el encuentro. Un dato clave: aunque los kirchneristas ahora busquen posponer la cita, esa audiencia fue pedida por el abogado del ex canciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa. “Nuestra obligación ahora es definir este tema tan importante con celeridad y transparencia”, dicen en la Casación. (Clarín)
