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En el 2012 jueces del STJ intimaba al Ejecutivo por pago de haberes; hoy lo defienden

En el 2012 jueces del STJ intimaba al Ejecutivo por pago de haberes; hoy lo defienden
20/03 – 14:00 – En Santa Cruz hay (entre otros) un conflicto de intereses declarado entre el Ejecutivo y el Superior Tribunal de Justicia por el aumento salarial y pago del sector. En estos momentos una parte de los jueces, no le hacen lugar al reclamo gremial de los Judiciales que pide el aumento del 10% dispuesto por la CSJ y el Ejecutivo (con el apoyo de los jueces en desacuerdo) demanda la inconstitucionalidad del acuerdo logrado para otorgar el incremento salarial. Lo paradógico, es ver cómo se actuaba en el 2012, cuando los mismos jueces intimaban al Ejecutivo a pagar en tiempo y forma alegando la “independencia de Poderes”, algo que hoy parecen no recordar.

Actualmente hay un conflicto planteado entre el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y el gobierno de Alicia Kirchner. Para sintetizarlo, digamos que el gremio Judiciales inició un conflicto por el pedido de aumento automático del 10% (régimen de enganche), tal lo establecido por la CSJ, hubo paro y presentaciones judiciales por este reclamo y los jueces Paula Ludueña, María de los Angeles Mercau y la camarista Rene Fernández suspendieron la medida y se encendió la mecha del conflicto. Hubo escraches y amenazas, con inicio de causa por parte de la Dra Fernández en contra del sindicato Judiciales. El gremio interpuso una medida de “Reconsideración”, recusó a la jueza Fernández en cuyo lugar apareció el Dr Arenillas y éste, junto con los Dres Peretti y Mariani aprobaron la medida, lo cual generó una reacción del Ejecutivo que, en una medida inédita, interpuso un pedido de inconstitucionalidad, alegando que lo resuelto por los magistrados en última instancia atenta contra la cuestión presupuestaria del Estado provincial.

A raíz de ello se generó una puja de poderes, donde el gremio interpreta que el Ejecutivo desconoce la división de poderes, intenta tener injerencia en el judicial y por tal motivo, estarían en las puertas de un pedido de intervención ya sea de la Justicia en Santa Cruz o del Ejecutivo.

Antes sí, ahora no

Todo esto demuestra claramente la incidencia del Ejecutivo en las acciones de la Justicia en esta provincia; ello queda expresado en la actitud que ha tenido antes y ahora, el Superior Tribunal de Justicia, con resoluciones donde actúa de dos formas distintas pero con algunos actores que se repiten en ambas historias.

El 7 de mayo de 2012, durante el gobierno de Daniel Peralta y cuando arreciaba la guerra política entre el entonces gobernador y Cristina Fernández, debido al atraso en el envío de partidas a la Justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia emitió un oficio (Nº 43) al Poder Ejecutivo el cual en su Artículo Nº 2 indica: “No admitir pagos parciales e intimar al Sr Gobernador de la provincia, Daniel Peralta, a remitir los fondos comprometidos, manifestándole asimismo que el incumplimiento de dicha remisión, afecta la Autarquía del Poder Judicial, alterando seriamente el servicio de justicia que debe prestar el Estado provincial”.

Firmaban por el STJ de entonces: Clara Salazar (F), Dr Enrique Peretti, Dra Alicia de los Ángeles Marcau y Dra Paula Ludueña.

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Nótese que Ludueña y Mercau que hoy junto con Fernández (luego reemplazada por Arenillas) rechazaron la cláusula de aumento automático, que implica una erogación para el presupuesto del gobierno en estos momentos, fueron las mismas que en el 2012 intimaron al Ejecutivo a que pague lo que en ese momento correspondía a la diferencia surgida en la segunda cuota del SAC, el retroactivo del año 2011 “incluido el pago del libramiento de pago 20/11 de fecha 20 de diciembre de 2011”, alegando cuestiones de tipo institucional y constitucional.

Entre los considerandos de la resolución judicial del 2012, presionando al Ejecutivo para que cumpliera con los pagos, se cita la Constitución provincial, la autarquía de los poderes y la obligatoriedad del Ejecutivo de girar mensualmente los fondos necesarios para funcionar “independientemente” en la provincia de Santa Cruz.

Las Dras Ludueña y Marcau que firmaron en el 2012 intimando al Ejecutivo que no se metiera en la justicia provincial, hoy defienden al Ejecutivo para que el propio Poder Judicial que integran y representan hoy, no lo desfinancie otorgándose el aumento automático que les corresponde por ley. (Agencia OPI Santa Cruz)

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