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La Magistratura citó al camarista Freiler, que quedó a un paso del juicio político

Fuerte incremento patrimonial del camarista Freiler
31/03 – 09:30 – La Comisión de Disciplina del organismo lo convocó para el 18 de abril. Está acusado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Por: Claudio Savoia
Meses de discusiones, dudas, marchas y contramarchas que continuaron hasta anteanoche tarde, finalmente terminaron condensados en dos párrafos que dicen mucho menos de lo que efectivamente significan: la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió “fijar audiencia para el 18 de abril a las 9”, “por considerar que se encuentran prima facie acreditadas las distintas causales de remoción que se enumeran precedentemente”.Esas causas, profusamente detalladas en el expediente, se sintetizan en una acusación contundente: Freiler no puede justificar la millonaria fortuna que amasó durante su paso por la justicia. La cita -equivalente a una declaración indagatoria en los procesos penales- deja formalmente al camarista a un paso del juicio político.

Tras la derrota por abandono de Norberto Oyarbide -el controvertido juez federal que atraía sobre sí la indignación popular que ahora se reparte entre varios magistrados- Freiler ocupó su lugar rápidamente, gracias a una combinación particularmente inconveniente: su inexplicable nivel de vida y su fidelidad a las necesidades del kirchnerismo en cada una de las causas que llegan a la sala I de la Cámara Federal, que integra junto a Jorge Ballestero y ahora al subrogante Leopoldo Bruglia.

Las pruebas que sostienen la acusación contra Freiler son muchas y fuertes.Tras una puntillosa recolección en el departamento de Recursos Humanos del Consejo, la Policía Federal, el Registro Nacional de las Personas y varios juzgados y empresas de informes comerciales, la contabilidad personal del juez cuenta ocho inmuebles en Marcos Paz, diez en Necochea, uno en Pinamar y otro en Vicente López -la vistosa y polémica mansión en Olivos, frente a la Quinta Presidencial-, más otra veintena de propiedades a nombre de su ex esposa, sus padres y su hermana.El magistrado tiene también ocho autos -entre los cuales sobresalen cuatro Mercedes Benz y un Porsche modelo 68; dos yates y otra embarcación menor; participación directa en dos sociedades e indirecta en otro puñado; media docena de viajes al exterior por año desde 2001 -varios de los cuales se habrían fraguado bajo causas profesionales que no exitieron- y otra serie de posesiones y tenencias.

Bajo el reproche genérico de “mal desempeño de sus funciones”, Freiler está acusado de haber falseado u omitido datos de sus declaraciones juradas, y de haber tenido un incremento patrimonial y un nivel de gastos que no guardan proporción con sus ingresos declarados: sólo sumando el total de esos ingresos y por otro lado el dinero gastado en cuota alimentaria de sus hijos, impuestos, servicios y tarjetas de crédito, el saldo negativo anual desde 2012 oscila entre 300.000 pesos y casi un millón y medio de pesos.

Este notorio déficit personal, que sugiere la existencia de ingresos no declarados, también acreditaría que Freiler es un consuetudinario evasor fiscal. Los viajes truchos completan la lapidaria acusación en su contra.

Pese a la copiosa lluvia de pruebas en contra del magistrado, el tejido de los votos necesarios para citarlo a declarar no fue fácil. Sus colegas en el Congreso -los jueces Leónidas Moldes y Luis María Cabral- fueron perdiendo enjundia en los últimos días, y hasta desde el gobierno llegaron visitas y llamadas para suavizar el golpe. Aún así, los jueces, el senador radical Angel Rosas, el diputado del PRO Pablo Tonelli -formalmente, el acusador- el abogado Miguel Piedecasas, y el representante del EjecutivoJuan Mahiques conformaron la mayoría de votos. El senador Ruperto Godoy y el académico Daniel Candis se opusieron, pero al menos ayer la resistencia K fue casi inexistente.

Ahora Freiler debe comparecer, personalmente o por escrito, a efectuar su descargo y ofrecer sus pruebas. Después, la comisión formulará la acusación y el plenario del Consejo -con el voto de dos tercios- eventualente lo suspenderá. Recién ahí su caso pasaría a un jurado de enjuiciamiento, ante el cual el Consejo -a través de dos miembros- acusa.Si lo hallara culpable, el jury lo destituirá. (Clarín)

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