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El Gobierno abre otra vía para que Odebrecht aporte datos

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Investigan coimas en obras de US$ 3000 millones
23/05 – 10:00 – Ante la dificultad de la firma para acordar con los fiscales argentinos, Garavano le pidió a la constructora que le entregue toda la información a la Oficina Anticorrupción

Cuando faltan nueve días para que se levante en Brasil al menos parte del secreto que rodea al capítulo argentino del Lava Jato, la Casa Rosada envió anoche una señal política. Ante las dificultades que afronta Odebrecht para llegar a un acuerdo con los fiscales argentinos, le ofreció a la constructora que entregue toda la información a la Oficina Anticorrupción (OA).

La Casa Rosada busca así disipar las sospechas que rodean al Lava Jato en la Argentina, en particular luego de que una figura clave de Cambiemos, Lilita Carrió, cargó contra todo el espectro empresarial, judicial y político -el Gobierno incluido- por la supuesta protección al ex ministro Julio De Vido.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se encargó anoche de explicitar la propuesta oficial por las redes sociales. Poco después de las 21, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para anunciar que “ante la falta de avances del MPF [por el Ministerio Público Fiscal] se convocó a Odebrecht a dar información a la Oficina Anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país”.

Poco después, uno de sus voceros puso fecha al eventual encuentro. Dijo que sería mañana, en la sede misma de la OA, a la que fueron convocados los abogados de Odebrecht en el país para que allí entreguen la información que sea posible sobre las coimas por US$ 35 millones que pagó en la Argentina, según reconoció la empresa ante la justicia de Estados Unidos.

Con este gesto, el Gobierno buscó diferenciarse de las dificultades -entre otras, legales y procedimentales- que afrontan los fiscales argentinos abocados al Lava Jato para impulsar la investigación local.

Sin herramientas legales

Tanto el fiscal federal Federico Delgado como el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, dejaron trascender que carecen de las herramientas legales para sellar acuerdos similares a los que Odebrecht firmó en Brasil y Estados Unidos, entre otros países.

Garavano es consciente de esas limitaciones legales. Así se lo transmitió a fines de febrero y principios de marzo a los emisarios de la constructora con los que se reunió en la sede del Ministerio de Justicia.

Odebrecht concentró entonces sus esfuerzos en dos frentes. Por un lado, se reunió con Garavano, en busca de una señal política; por el otro, en la sede de la Procuración General, con quienes investigarán lo ocurrido desde los ámbitos penal y administrativo.

Uno de los abogados designados por Odebrecht en el país, Guido Tawil, les transmitió que la constructora quería ponerse “a disposición” y “colaborar” con la investigación local. Y planteó que la empresa podía destrabar la información que permanece bajo llave en Brasil y Estados Unidos, pero a cambio busca beneficios que le permitieran continuar sus operaciones en el país.

El saldo de esos primeros encuentros, sin embargo, resultó magro para Odebrecht, que corroboró las falencias legales y de coordinación imperantes en Buenos Aires. La legislación argentina, por ejemplo, no cuenta con un régimen de “clemencia” como el que existe para las empresas en Brasil. Es decir, una norma que establezca sanciones penales para las personas jurídicas, pero también les permita reducir su responsabilidad cuando colaboren con la detección y sanción de delitos contra la administración pública.

Dos meses después, Odebrecht dio otro paso en los tribunales federales de Comodoro Py. Por escrito propuso firmar un “acuerdo de colaboración”. Pero las respuestas informales que cosechó desde la Justicia fueron desalentadoras. Ahora el Gobierno buscó dar una señal política en la dirección opuesta. (La Nación)

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