31/05 – 11:00 – Los fiscales Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de la ex presidenta y de Máximo y Florencia, entre otros, por lavado de dinero.
Por: Daniel Santoro
Las pruebas que acercan a Cristina Kirchner a su cuarto procesamiento en una causa por corrupción, reunidas en el pedido de indagatoria de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, van desde préstamos de Lázaro Báez a la ex familia presidencial para comprar Los Sauces, a los alquileres de los hoteles comprados con esos créditos, uso de empresas pantalla, libros societarios borrados con liquid paper y compra de lotes al 4.500 por ciento de su valor, entre otras maniobras.
La ex presidenta ya está procesada en las causas por dólar futuro, direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez y la inmobiliaria Los Sauces.
Para los fiscales con esas maniobras los Kirchner pudieron incorporar, por lo menos, 86 millones de pesos provenientes de las obras públicas concedidas a Austral terminaron en los bolsillos de la familia y blanqueados ante la AFIP.
En la causa está probado, por ejemplo, que Cristina “retiró fondos de Hotesur por más de un millón y medio de pesos ($1.588.183,69), mientras que sus hijos efectuaron extracciones por más de setecientos cincuenta mil pesos cada uno”.
En el dictamen de casi 300 páginas en que se pide, también, al juez federal Julián Ercolini las indagatorias de Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro y Martín Báez y otras 17 personas, al igual que la inhibición general de bienes de todos los imputados se describe una maniobra de lavado de dinero iniciada en el 2008 cuando Néstor compró Hotesur, la dueña del Alto Alto Calafate.
La maniobra comenzó con la adjudicación direccionada de 52 contratos de obra pública por $ 46.000 millones a las empresas de Báez, la mayoría de los cuales no terminó. Por eso, los fiscales consideran como delito precedente del lavado la defraudación al Estado Nacional. La mayoría de esos contratos fueron otorgados bajo la órbita del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien para los fiscales fue “la cabeza de un engranaje estable” de corrupción llevado desde Santa Cruz al gobierno nacional. De Vido está procesado por Ercolini, a partir de una imputación de Pollicita y Mahiques, en la causa por direccionamiento de casi el 90 por ciento de la obra pública de Santa Cruz a las empresas de los Báez.
Así, los fiscales consideran que la actividad hotelera permitió a los Kirchner “canalizar regularmente fondos” desde las mismas empresas de Báez que ganaba contratos viales, ya que eran los principales clientes de los hoteles. Por ello, califican de “sociedad pantalla” a Valle Mitre -que era propiedad de Báez y nunca se había dedicado antes al negocio hotelero- con la que se administraron los complejos hoteleros. Pero los pagos de Valle Mitre, con plata que venía de los contratos públicos, en concepto de alquileres no se sostiene porque los obreros de Austral estaban trabajando a 500 o 700 kilómetros de distancia. Además, hubo una falsa contratación de servicios de consultoría y marketing.
En la acusación, se destaca que “sin realizar ningún aporte sustancial de índole económica a la compra de los hoteles, (los Kirchner) le otorgaron de manera directa, inmediata y exclusiva la concesión de aquellos a quien financió su adquisición, convirtiéndose en los únicos beneficiarios de esta operatoria, lo que deja al descubierto lo ilógico, inverosímil y antieconómico del negocio” encarado por Báez.
El hecho de que la mayoría de los pagos estén facturados y bancarizados, como sostiene la defensa de la ex presidenta, “no implica necesariamente que el trasfondo de la operación sea lícito ni genuino”, explican los fiscales.
Se distingue, sin embargo, que la primera etapa fue responsabilidad de Néstor, Cristina y Máximo, ya que Florencia ingresaría tras el fallecimiento de su padre en octubre del 2010. La acusación de que la plata que giró entre el 2008 y el 2013 -cuando se destapó el caso de “La Rosadita”- terminó en los bolsillos de los Kirchner se basa en un peritaje que demuestra que el 67,64 por ciento de ese dinero terminó en las cuentas bancarias de la familia. El elevado canon que pagaba Báez, por encima de los precios de mercado, permitió a los Kirchner en poco más de un año y medio duplicar la inversión inicial de 700 mil dólares.
Sin embargo, en ambas etapa existe una situación “espejo” entre los directivos de Valle Mitre y Hotesur y entre los pagos que los gobiernos de los ex presidente hacían a Austral y las otras constructoras de Báez y los pagos a Hotesur. En algunos casos se trata de fecha y pagos exactos.
Nada podría haber ocurrido sin el soporte del Banco Santa Cruz, según señalarían los fiscales, otorgando préstamos por casi $ 9 millones en el período en el que se compró el hotel de Hotesur SA.
La maniobra quedó, también, reflejada en los libros societarios de Hotesur, mientras que los de Valle Mitre no se encuentran. En los libros de Hotesur “se observará la presencia de tachaduras, folios anulados con la inscripción “erróse”, otra foja inutilizada por la reimpresión de la letra “X” en la totalidad del texto, una asamblea sin firma de los accionistas, actas no correlativas, borrado de accionistas con líquido corrector, asambleas con referencias a hechos aún no acontecidos, y firmas falsas del ex presidente insertas en el libro donde se asentaba la asistencia a la asamblea”.
Más adelante, los fiscales encontraron que en “las mismas asambleas fueron reimpresas en los folios n° 27 y 28, en donde para remover a la ex presidente como accionista mayoritaria de la empresa Hotesur se optó por la técnica de borrado a través de líquido corrector, cuyo contenido pudo ser conocido a través del estudio pericial”.
En este entramado participaron otras 17 personas sobre las que se pidió igual el llamado a indagatoria: Víctor Manzanares (contador de los Kirchner), Osvaldo Sanfelice (administrador de los hoteles desde 2013), Romina Mercado (presidenta de Hotesur), Ricardo Albornoz (escribano de Báez) y César Andrés (contador de Báez), entre otros. (Clarín)
