En plena instalación electoral piden indagar a Cristina por la ruta del dinero K

16/06 – 10:00 – El fiscal Marijuan pidió que se la cite a declarar; sostuvo que el dinero surgido de los contratos de obra pública y luego lavado por Báez “claramente pertenecía a la ex mandataria”

Por: Paz Rodríguez Niell
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer una nueva indagatoria contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Esta vez, como responsable del presunto lavado de dinero por el que está preso el empresario Lázaro Báez.

Marijuan sostuvo que la fortuna que lavó Báez “claramente pertenecía a la ex mandataria” y dio por probado que eran “socios”. Argumentó que si el nombre de ella no surge en ninguno de los negocios financieros de lavado (no hay pruebas donde aparezca) es porque “la persona políticamente más expuesta del país no podía figurar realizando las operaciones investigadas”, y dijo que debió usar a “otras personas físicas y jurídicas” para permanecer oculta.

El fiscal presentó su pedido de indagatoria -un documento de 66 hojas- ante el juez de la causa, Sebastián Casanello, en una semana en la que Cristina Kirchner volvió al centro de la escena: acaba de presentar un frente propio para competir en las próximas elecciones y quienes la rodean dan por hecho que ella será candidata.

Hace 15 días, la Cámara Federal les había pedido al juez y al fiscal que investigaran en esta causa a la ex presidenta y a otros ex funcionarios, como Julio De Vido. “Es altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez”, escribieron entonces los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Marijuan no incorporó nuevas pruebas con su presentación. Siguiendo la línea trazada por la Cámara, explicó que el pedido de indagatoria “es el resultado de una evaluación integral de las pruebas colectadas” tanto en esta causa como en otros expedientes que la tienen imputada.

Sobre Cristina Kirchner pesan tres procesamientos. Uno en la causa del dólar futuro, donde la Cámara Federal confirmó el procesamiento y el juez Claudio Bonadio elevó el caso a juicio; otro como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces, y el último como acusada de haber direccionado contratos de obra pública en favor de Báez en Santa Cruz. Además, tiene un pedido de indagatoria de la fiscalía en el marco del caso Hotesur, por sus negocios hoteleros.

Tal como lo había indicado la Cámara, Marijuan vinculó los distintos casos para construir su acusación. Dijo que lo primero fue “la defraudación orquestada a través de la asignación irregular de obra pública en favor de Lázaro Antonio Báez” y que después se aplicó “el dinero así obtenido ilícitamente en distintas maniobras con el objeto de disimular su origen”.

Relató que originalmente se recurrió a la actividad hotelera para lavar los fondos (caso Hotesur), pero como no se podía seguir lavando dinero con los hoteles “sin despertar alertas”, entonces se convirtió a Báez en un “empresario financiero”: se recurrió a “operaciones más complejas” y a “la expatriación” del dinero. “Dinero que al menos en parte regresaría luego para continuar engrosando el patrimonio del grupo empresario cuyos negocios se encontraban destinados a enriquecer a la familia Kirchner”, escribió el fiscal. A pesar de que sostuvo la hipótesis del tribunal, Marijuan cuestionó con dureza la última intervención de la Cámara Federal en la causa. “Más que tibia podríamos llamarla temerosa”, dijo. “Relata sin indicar, describe sin actuar y decide sin resolver el estado de sospecha sobre Cristina Elisabet Fernández”, afirmó el fiscal.

No obstante, Marijuan escribió: “Resulta evidente que el exorbitante capital obtenido por Lázaro Báez a partir de la ganancia ilícita generada por la asignación irregular de obra pública -y su circulación en las maniobras aquí investigadas- no puede presumirse como de su exclusiva propiedad, sino que, por el contrario, esta parte sostiene que ese dinero ilícito generado a partir de la matriz de corrupción estatal claramente pertenecía a la ex mandataria, como socia de su consorte de causa, Lázaro Antonio Báez”.

El fiscal dijo que si la ex presidenta “formó una asociación ilícita” para adjudicarle a Báez obras públicas y para garantizarle “la masa de dinero” que las solventó, “ello conduce, necesariamente, a afirmar que también participó junto con el nombrado en las acciones de lavado de dinero”. (La Nación)