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El ex secretario de Transporte va camino a un megajuicio


10:30 Enfrenta denuncias por fraude, compra de trenes chatarra y enriquecimiento ilícito

Por: Hernán Cappiello
La Justicia prepara para el primer semestre de 2018 un megajuicio contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, ya detenido por otros casos de corrupción, pero que ahora deberá enfrentar acusaciones por fraude, por comprar -coimas mediante- trenes que hoy son chatarra por 100 millones de euros y por enriquecerse al punto de tener un yate de un millón de dólares y un Learjet privado de cuatro millones de dólares.

El proceso probablemente también incluya al ex ministro Julio De Vido, pero por una sola de las acusaciones: la compra de los trenes chatarra.

Esta megacausa contra Jaime y una veintena de personas es la continuación de la temporada de juicios orales por corrupción contra funcionarios kirchneristas que arrancará el 27 de este mes con el proceso contra De Vido por la tragedia de Once y sigue con el juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la imprenta Ciccone.

Jaime está preso en el penal de Ezeiza desde abril de 2016. Al ingresar, pidió que le dejaran tener una heladera con freezer, una bicicleta fija para hacer ejercicio, una notebook y un aparato para tomarse la presión. En ese penal está alojado José López, el de los bolsos con nueve millones de dólares, también secretario del Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido. También entre esas paredes está preso el empresario Lázaro Báez. A juzgar sólo por esas tres celdas, Ezeiza es el penal de los millonarios.

El ex secretario de Transporte ya tiene dos condenas: una firme por haber intentado robarse unas pruebas en un allanamiento en su casa y otra en suspenso por la tragedia de Once. Ya de base tiene entonces una condena unificada de seis años de prisión.

A esto se suma otra causa donde ya se declaró culpable y acordó una pena en un juicio abreviado por otros dos hechos de corrupción: la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que explotaba el ferrocarril Sarmiento y a la que debía controlar, le pagaba viajes en vuelos privados para ir los fines de semana a su casa a Córdoba o visitar Florianópolis, donde vive parte de su familia. En la otra causa se probó que el alquiler del departamento donde vivía Jaime mientras era funcionario público era pagado por la empresa Terminales de Buenos Aires (TEBA), que maneja la terminal de ómnibus de Retiro.

Ahora, Jaime enfrentará un megajuicio que lo expone a seguir sumando años a su condena. Quedaron unificados en el Tribunal Oral Federal N° 6, que integran José Martínez Sobrino y Julio Panello. El tercer sillón del tribunal está vacante y lo ocupa interinamente el juez Fernando Canero.

Es imposible caminar por el Tribunal Oral Federal N° 6: los expedientes se apilan y dejan mínimos pasillos por donde caminar. Las causas se acumulan en las paredes, los pisos y arriba de los escritorios. Sólo el expediente por enriquecimiento ilícito de Jaime tiene 115 cuerpos. Jaime será juzgado por sus bienes. La Justicia encontró casas, un hotel en Carlos Paz, media docena de autos, dos motocicletas, un spa, casas en barrios cerrados, acciones en un diario y una radio cordobesa, un departamento en Jurere Internacional -en Florianópolis-, el yate Almatar 64 de un millón de dólares y el Learjet 31A, matrícula N786YA, por cuatro millones de dólares. En esta causa, Jaime será juzgado junto con otras 15 personas consideradas sus testaferros. Entre ellos están su jefe de asesores Manuel Vázquez, su ex esposa, sus hijos, los hijos de ella y otros integrantes de su familia política.

A esta acusación se suma otra causa por peculado, donde está procesado por movilizarse con su familia con un automóvil con chofer de una empresa que ganó una licitación. La otra causa que quedó en manos de los jueces del TOF N° 6 es el caso de la compra de los trenes chatarra a España y a Portugal. Este expediente, por el que Jaime está preso con prisión preventiva, echó luz sobre una operación por 110 millones de euros, incluidos los sobornos que cobraron Jaime y Vázquez, con arresto domiciliario. Jaime autorizó que la firma Controles y Auditorías Especiales (Caesa) -de Vázquez- cobrara comisiones por intermediar en una operación entre Estados. La Auditoría General de la Nación (AGN) estableció que hubo sobreprecios en la compra de vagones y locomotoras usados por 171% y no se controló lo que adquirieron; buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento y está arrumbada en depósitos ferroviarios. El juez Julián Ercolini siguió investigando y procesó por esta operación al ex ministro De Vido, que será compañero de Jaime en el banquillo de los acusados. (La Nación)

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