10:30 “Tenemos que analizar cómo asegurar la calidad de los servicios”, dijo Triaca; creen que hay sobreprecios en la compra de medicamentos
Por: Paula Urien
Con casi 300 obras sociales sindicales inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno analiza “cómo hacer para que funcionen mejor”, según palabras del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en diálogo con LA NACION. El manejo de los millonarios fondos del sistema, los precios que pagan por los medicamentos que compran y la calidad de los servicios que prestan a sus afiliados son los principales puntos de preocupación oficial. “Hay muchos temas que tienen que resolver: el alcance, la cobertura de los trabajadores. Tenemos que analizar de qué manera podemos asegurar la calidad de los servicios”, señaló el ministro.
En la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo oficial que regula el sector y que administra el dinero de las obras sociales sindicales, concuerdan en que “el desafío es mejorar el sistema. Entran nuevas tecnologías, medicamentos que son cada vez más caros y hay que afrontarlos con la estructura de las obras sociales. Tenemos que encontrar maneras inteligentes de que el sistema siga subsistiendo, pero hay que repensar todo el sistema de salud: obras sociales, prepagas y hospitales públicos. Están en un punto límite”. Agregan: “El sistema de salud que tenemos es un privilegio, es muy bueno, porque en otros países la gente cuando tiene un problema serio por una enfermedad hipoteca la casa. Acá no. Esto no está instalado en la Argentina y hay que valorarlo”.
En cuanto a la sanidad de las cuentas de las obras sociales, “algunas están bien, porque tienen buenos ingresos; otras están justas, y otras, complicadas. Con este último grupo tratamos de estar cerca para tratar de asistirlas y que la gente no se quede sin prestación”, dicen en la SSS.
Un tema a resolver, y que está en la mira, son los sobreprecios en los medicamentos. Un análisis de las obras sociales revelado por la SSS a principios de año sobre el período 2013-2015 dio como resultado que existe una elevada concentración del gasto en un número reducido de patologías y drogas. También, que “hay una gran dispersión en los precios de compra de medicamentos, que no se explica únicamente por el tamaño de las obras sociales (OS) ni por el volumen de compra. Un 54% de las OS presentan precios de compra dentro de los valores esperados, pero un 11% sistemáticamente tiene precios de compra muy por encima de los valores esperados”, dice el informe. Por eso, desde el Gobierno están monitoreando cómo están comprando las obras sociales a través del Observatorio de Precios, y “cuando están excedidos les pedimos que se ajusten a la media del sistema”, afirmaron fuentes del Ministerio de Salud.
“La compra de medicamentos es un tema complicado. Además, el ajuste de precios fue bastante importante este año, por arriba de la inflación. Es una preocupación”, dicen en la superintendencia. En el ministerio agregan que se está trabajado en un “sistema de compras en conjunto, donde en todo el sistema de seguridad social ciertos medicamentos, que son de alto costo, se compren al mismo tiempo, para que la economía de escala baje los precios.
Respuesta gremial
“Al sistema de obras sociales lo terminaron ‘descremando’ con la desregulación, porque las prepagas fueron a buscar a los sanos, a los jóvenes y a los de altos ingresos. Rompió así el equilibrio del sistema solidario. Pero como sistema es el que mejor funciona”, sostuvo Héctor Daer, miembro de la conducción de la CGT y dirigente del gremio de la Sanidad. “Si se compara el gasto per cápita por prestación, en el sector de prepagas es 4 veces lo que se gasta en obras sociales, y en el sector público es 1,6. Por supuesto que tiene muchísimos inconvenientes, que derivan de que se fue transformando el sistema: aparecen nuevas tecnologías, muchas sin un respaldo científico y que tienen unos costos impresionantes”, agregó.
“El sistema está en un equilibrio muy finito y desde el sindicato ponemos dinero para mantener las prestaciones. Esto pasa en la inmensa mayoría de las obras sociales”, señaló.
Categórico, el abogado laboralista y experto en temas sindicales Julián de Diego asegura que “la calidad de atención de las obras sociales es muy mala y muchas veces atienden en peores condiciones que el hospital público, pero se llevan la friolera del 9% de los salarios de la Argentina: el 3% del salario del trabajador y el 6% de lo que paga el empleador. A pesar de ello, no les alcanza para atender las necesidades que provocan las enfermedades y patologías que tienen el trabajador y su grupo familiar. Además, en los convenios colectivos se estuvieron pactando en los últimos 15 años sumas adicionales para las obras sociales, y ahí se van hasta 3 puntos más del salario”.
En cuanto a las finanzas, De Diego opina que “la mayoría de las obras sociales están fundidas, son de mala calidad o tercerizan los servicios a lugares impresentables. Claro que hay obras sociales que brindan un servicio medianamente razonable, como Osecac [la obra social de los empleados de comercio], que cuenta con más de un millón de afiliados, o la de sanidad, en las que esa masa crítica permite que el servicio sea mejor, pero son excepciones”.
Otra batalla que el Gobierno piensa dar es que tiene que haber límites con respecto a las coberturas. Fuentes de la superintendencia afirman que “hoy el tema de los amparos es una complicación, hay mucho abuso. Van hasta el infinito y más allá”. La entidad puso en marcha un Registro de Amparos. Del 16 de febrero a la fecha hay registrados 2451 amparos sobre la seguridad social, pero no existe un registro de todos los anteriores, que son muchos.
Estas acciones son un nuevo capítulo de una saga que comenzó desde el Gobierno con el desembolso de $ 28.000 millones en concepto de restitución del Estado nacional a las obras sociales, parte de un fondo que manejan los sindicatos y había sido retenido por el gobierno anterior. Esa cifra fue distribuida en $ 8000 millones para una cobertura universal de salud para 15 millones de personas; $ 2704 millones en efectivo para pagar las deudas de las obras sociales por tratamientos de alta complejidad ya realizados; $ 4500 millones quedaron en la superintendencia como fondo de emergencia para enfermedades catastróficas y como resguardo, y $ 14.500 millones para la compra de bonos Bonar 2020, cuyos intereses sirven para financiar el pago de prestaciones médicas.
Hubo también otras medidas, por ejemplo que la superintendencia pague directamente prestaciones por discapacidad. “Esto hace a la transparencia”, afirman fuentes oficiales. (La Nación)
