10:30 – Los Judiciales están con paro por tiempo indeterminado hasta que se les hagan efectivos sus salarios; ATE, determinó realizar un paro de 120 horas exigiendo paritarias salariales por tener a su personal bajo la línea de pobreza; APROSA (Asociación profesionales de la Salud) imitando a judiciales decretó una huelga general-provincial hasta el cobro de sus haberes, en tanto ADOSAC y AMET aplican retención de servicios, luego de un paro de 48 horas que aplicaron la semana pasada por la demora en el pago de los salarios.
El sector judicial fue el más explícito y concreto con el gobierno provincial, al manifestar oficialmente que de no abonarse los salarios en tiempo y forma, el conflicto que hoy tiene detenido el sistema de justicia en la provincia, continuará en el 2018.
La gobernadora, en vez de dar explicación a los trabajadores en las mesas paritarias a través de sus funcionarios, se ha manifestado por medio de los diarios amigos, para hacerle saber a la opinión pública que Santa Cruz está desfinanciada, que la plata no le alcanza y para “abrir el paraguas”, intentando que los gremios no se vean “sorprendidos” por la falta de pago, dijo que si no obtiene el crédito de 900 millones que espera, no podrá hacer frente a los aguinaldos. La gobernadora confirmó que actualmente necesita 300 millones mensuales para cubrir el déficit provincial.Paralelamente,se aprestan movilización y actos de repudio a la acción del Ejecutivo provincial.
Con este panorama, al que debemos sumarle la imposibilidad de algunos municipios de pagar salarios, entre ellos el de Caleta Olivia, quien enfrenta un conflicto serio con el sector municipal o el de Río Gallegos, cuyas finanzas flaquean y el índice de recaudación no aumenta, se presume un fin de año muy complicado y no exento de fuertes conflictos que podrían complicar la gobernabilidad desde el inicio el 2018.
¿Qué hizo con la plata?
De acuerdo a un informe que OPI publicó la semana pasada, el gobierno de Macri le envió a Santa Cruz en el año 2016 la suma de $ 9.097.700.000,00 y en el año 2017 el gobierno nacional le giró (en lo que va del año) a Santa Cruz $ 9.885.000.000,00; nadie explica qué hicieron con estos fondos ni dónde o en qué han sido invertidos/dilapidados. Teniendo en cuenta que el 2017 ha tenido un déficit proyectado en su presupuesto fue de 6.200 millones de pesos, restan alrededor de 3.700 millones de pesos que no se sabe dónde están.
No se entiende ni se conoce en qué invierte Santa Cruz semejante cantidad de plata y tiene a la administración pública sin cobrar, pero lo más grave es que fuera de esto, la gobernadora alude a que un crédito de 900 millones “va a resolver el problema” del aguinaldo (el cual no puede pagar), sabiendo que una vez licuado este monto, nuevamente habrá otra necesidad en puerta y otra vez caerá en la necesidad de otro crédito.
Los números mostrados por OPI en su informe, constituyen información oficial registrada en la documentación del Ministerio de Economía, sin embargo, no se ha visto a la oposición política de Santa Cruz, elevar un pedido de informes al gobierno o radicar una denuncia, aún cuando la información a través del gobierno nacional está al alcance de sus manos. Deberíamos preguntarnos, entonces ¿Hasta dónde la oposición política de la provincia, desea que Alicia Kirchner aclare sus números y cuánto de ese silencio puede haber sido pactado con la gobernadora a cambio de la firma del Pacto Fiscal?; ¿Cuánto reclamo de acción y reacción le deben hacer los gremios, no solo al Ejecutivo, sino a la oposición política, que debería exigir oficialmente, ante la opinión pública y en la justicia, que la gobernadora muestre en qué gasta la plata?.
Se admite desde la propia casa de gobierno, que Santa Cruz está sosteniendo todo o en gran parte, el aparato político del FPV a nivel nacional, compartiendo “gastos” con algunos municipios del conurbano. Sin embargo, la oposición política de Santa Cruz parece no entenderlo así o al menos juega muy bien el papel del desentendido. (Agencia OPI Santa Cruz)
