16:45 – “Es una cuestión de tiempo para que caigan los que se “acobacharon” en Santa Cruz y creyeron que nunca los iban a tocar”, nos dijo un hombre vinculado a la justicia federal, que cumple tareas en un secretariado muy importante de Buenos Aires. La frase toma gran vigencia a la vista de las vinculaciones con actos de corrupción de personajes fuertemente vinculados al poder anterior y actual y que todos conocemos en esta provincia.
La frase que refería nuestra fuente hace unos meses atrás, está vinculada expresamente a denuncias que tienen en gestión la UIF, la Oficina Anticorrupción y la AFIP.
Como ya lo dijimos, estos tres organismos tienen personal abocado a la revisión análisis de datos, documentación y armado de denuncias para llevar a la justicia, como así también toman denuncias de terceros, las corroboran en sus archivos y forman causas que son acercadas a los juzgados federales.
Una de las últimas de la UIF, la describe hoy en La Nación el periodista Hernán Capello, quien remarca que Facundo De Vido, uno de los hijos de Julio De Vido, tenía en su poder y con autorización una camioneta de lujo, comprada por una empresa beneficiada con los contratos con el Estado y negocios con Venezuela.
Facundo De Vido, junto a Marcio Domínguez, empleado del Ministerio de Salud que maneja Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, cobró 3,6 millones de pesos de la fundación UTN, a cargo de Carlos Goycochea y tenían a su cargo vehículos de alta gama con cargo al Centro de Políticas Sanitarias que manejaba García, cargo en santa Cruz que le fue creado “a medida” por la entonces Ministro de Salud de la Nación, Alicia Kirchner, hoy gobernadora de Santa Cruz.
La empresa JI SA de Roberto Ariel Ivovich cobró cheques de la Fundación UTN por $ 19 millones de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que debía realizar la remodelación de la mina de carbón de Río Turbio. La firma pertenece al ex ministro de economía de la provincia, quien sigue siendo amparado por el gobierno de Alicia Kirchner, aún cuando tuvo que renunciar a la Caja de Previsión Social, luego de golpear junto a su hermano Jorge, a tres jubiladas. JI SA, precisamente, fue la empresa que compró en 2012 una Nissan Murano Xtronic CVT (patente KUK-440) y otorgó una única autorización para portarla a Facundo De Vido, lo cual está siendo investigado en calidad de coima y/o retorno.
Pero hay dos funcionarios provinciales más involucrados en esta denuncia/investigación de la UIF, que se encuentran seriamente comprometidos y en los próximos meses podrían enfrentar graves cargos por delitos de corrupción.
Ellos son Marcio Domínguez, hoy subsecretario de interior, nombrado por Alicia Kirchner fue quien en el 2015 cobró dos cheques de 3,6 millones de pesos por ventanilla y rápidamente lo invirtió, comprándose dos casas enormes en Río Gallegos, todo lo cual hoy está bajo la lupa judicial. Otro que cobró cheques de IJ fue el Dr Héctor Rolando Nervi, quien fue nombrado por Rocío García en el Centro Articulador e informado por OPI en nota del 20 de marzo de 2015, cuando detallábamos los nombramientos nacionales, pero con cargo a la provincia que pagaba los sueldos e inclusive, aportaban a la CPS, como es el caso del propio Nervi, el Dr Martínez Crespo y Maximiliano Boldovic.
La tercera relación entre los pagos de la fundación de la UTN y el kirchnerismo está vinculada a Cadexa Service, una empresa que cobró cheques por $ 412 millones con los negocios realizados por el ex gobierno con Venezuela y $ 41.735.228 en cheques que recibió Cadexa SA de manos de la Fundación UTN Facultad Santa Cruz. Esta Fundación, una verdadera pantalla para enjuagar fondos nacionales que enviaba Julio de Vido, recibió por convenios con el ex superministro, la suma de 751 millones de pesos.
En ese informe se analizan las cuentas de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz y sus movimientos. La fundación recibió por el convenio con Planificación fondos por 751 millones de pesos.
Cadexa SA es una empresa dedicada a la venta de materiales y equipos. La firma se dedicaba a triangular operaciones de comercio exterior, pagando por compras no ingresadas al país y vendidas a terceros por $ 50 millones. Su único cliente es CVA-CIA, de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo SA, de Venezuela.
Uno de los socios de Cadexa, Gerardo Iza, es representante de Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, que firmó con Venezuela un acuerdo de compraventa de maquinarias. En ese acuerdo se incorporó la empresa Madero Trading, para coordinar la logística de la operación.
El Juez Ercolini, quien lleva estas causas, investiga sobornos encubiertos, dádivas y malversación de fondos públicos.
Esta es una de las primeras causas que (sacando la de YCRT) involucran directamente a personajes de esta provincia, algunos de los cuales están en funciones. Hasta el momento, ni los imputados ni el gobierno han salido a decir o desmentir nada de lo publicado. (Agencia OPI Santa Cruz)
