14:30 – Trece Concejales de la cuenca carbonífera (Río Turbio-28 de Noviembre) firmaron un documento que intenta reflejar la realidad de la situación social que viven los pueblos, atacan la decisión del gobierno nacional de reestructurar YCRT, cargan contra el interventor de la empresa y sus funcionarios, pero tiene falencias conceptuales tan básicas, que lo desvaloriza como documento “social”, donde se exprese de alguna manera y de la forma más objetiva posible, el origen del problema, las acciones mal encaminadas, lo que no se hizo antes y lo que se hace mal ahora. Es decir, básicamente, falta autocrítica y objetividad; por lo tanto la pieza que intenta ser una expresión masiva del arco político de la cuenca, se transforma en un panfleto político/partidario de poco valor, el cual, básicamente, tiene como objeto no reconocer nada de lo que se hizo mal en una década de indolencia empresaria, ponerse en lugar de víctima y cargar todo el peso específico del problema al gobierno de Macri, blanco específico del mensaje K, sea cual fuere el lugar, el momento y el motivo, que de lugar a un reclamo.
El documento firmado por los concejales consta de 11 puntos, todas “exigencias” sin el mínimo reconocimiento de responsabilidad, ni pretensiones de aludir a los “otros responsables” del caos empresario de YCRT, que, claro está (como es el caso del diputado Matías Mazú y el intendente Atanasio Pérez Ozuna) se encuentran detrás de esta movida política, de mensaje unidireccionado y calcado desde lo metodológico, cuando se refiere a la forma de reclamar en defensa propia, sin explicar el pasado que los condena.
En el punto 1 repudian “el totalitarismo corporativo” que aluden, pretende instalar el gobierno nacional. En el 2 apuntan sus cañones contra la intervención y claro está, Eduardo Costa, la oposición electoral del FPV. En el 3 aluden al impacto negativo que tienen los despidos y desliza la “persecución política”. En el 4 se alude a una crisis social inusitada, generada por las medidas del gobierno, pero excluye la historia reciente. Ya en 5 punto hablan de “hostigamiento y persecución” realizados por los funcionaros de YCRT. En el 6 le carga la factura al gobierno por el estado “ocioso” de la usina, el ramal ferroportuario y el yacimiento, horrorizándose por los daños patrimoniales a la infraestructura del estado nacional. En el 7 piden la reincorporación de trabajadores, en el 8 convocan a una marcha y los 9, 10 y 11, son enunciados puramente políticos y de circunstancias.
Conclusión: el documento, si hubiera sido político, exclusivamente, debería contener, además del reflejo de todos los sectores representados, un perfil autocrítico y luego si, un crítico y de exigencias hacia las autoridades actuales. Al ser político-partidario, desnaturaliza todo lo que allí pretende reclamar y no repara en la “herencia recibida”; es decir, alude a un recorte quirúrgico de la realidad y da a entender que todos los males de YCRT, de la usina y por ende, de la cuenca carbonífera, empezaron en el 2016. Patético, increíble y autodestructivo de cualquier intento por darle seriedad a este manifiesto.
Lamentablemente, correr el velo de esta hipocresía nos hace tomar una posición que no quisiéramos, habida cuenta de la cantidad de cosas que hace mal el gobierno nacional, pero si buscamos la verdad, no podemos ni debemos aceptar estas proposiciones ideologizadas, partidizadas y orquestadas, solo para socavar el poder de aquellos que hoy son oposición en la provincia, sin ver la realidad en todo su contexto y entender de dónde venimos para saber más o menos cómo llegar a donde vamos.
Es por este motivo, que los pobladores de la cuenca deben saber quién les habla y de dónde les hablan. No comprar las cosas envasadas (ni de un lado, ni de otro), pero tampoco permitir que los principales culpables del desastre de YCRT, se eleven por sobre todos como los sabios inquisidores llegados para batir a los herejes de hoy, cuando ellos arrastran el pecado de haber participado en la corrupción estructural del yacimiento o en otros casos, el del silencio que por años permitió a los ladrones vaciar las empresas, simular inauguraciones, engañar, robar los fondos, expandir la planta de personal a niveles insostenibles, negociar con todo y con todos en beneficio de unos pocos y dejar una bomba de tiempo sin seguro y a punto de estallar para que otros se hagan cargo. (Agencia OPI Santa Cruz)
