(Por Rubén Lasagno) – Por Resolución Ministerial Nº 039/18 del 25 de enero de este año, el gobierno de la provincia instruyó a la Jefatura de Policía de Santa Cruz para que mediante una resolución interna prohíba el uso de las redes sociales a todo el personal policial, excepto, aquellas “redes y comunicaciones” homologadas por la Dirección Provincial de Enlaces y Comunicaciones Interjurisdiccional dependiente de la Secretaría de Seguridad de la provincia, detalla el documento oficial al que accedió OPI.
Por dicho instrumento, que reglamenta la comunicación institucional de la Policía provincial, se les prohíbe expresamente a los efectivos de toda la Fuerza publicar en redes sociales (cualquiera sea su extracción, modo, nombre o soporte) detalles sobre el accionar propio y desempeño de sus funciones en la actividad profesional que llevan adelante, como así también difundir acciones “de la Institución policial en general” y va más allá todavía al hacer extensible dicha prohibición “a todo acto que quiebre la imparcialidad en lo atinente a la participación en actividades políticas o que de ellas procedan”, refiere en parte del texto.
La comunicación interna se cursó el 19 de febrero de 2018, está firmada por el jefe de Policía, Crio Gral Luis Cortés y abarca a todas las divisiones, dependencias y direcciones que tiene la policía provincial en el ámbito de Santa Cruz.
Un objeto y pocos datos
Analizado el cuerpo del documento donde el gobierno prohíbe la actividad de los efectivos en las redes sociales, es evidente que la medida tiende a minimizar el escape de información interna de la policía a través de esta vía, las denuncias institucionales, denuncias contra jefes y la difusión de hechos de corrupción interna que muchas veces quedan acotados al tratamiento interno de la fuerza y los cuales solo son disparados al conocimiento público por la web, lo que suele causar profundo malestar en las autoridades policiales y el mismo gobierno.
Recordemos que el 4 de diciembre de 2017, OPI publicó una nota donde la Jefatura pretendía cesantear a la agente Tatiana Juarez acusada de haber filmado al comisario de Gobernador Gregores Claudio Marcelo Vilca en estado de ebriedad en la vía pública.
En aquella oportunidad y tratando de buscar “un culpable” de la difusión del material, en vez de castigar al oficial que cometió la gravísima falta de estar alcoholizado, durmiendo dentro de su auto, se le instruyó un sumario a la agente, pretendiendo cargarle la responsabilidad de haber cedido el video a OPI y/o haberlo distribuido en las redes, cuando nada de eso ocurrió y las imágenes fueron acercadas por una vecina a nuestra redacción.
En esta oportunidad, claramente las autoridades reaccionaron con violencia en contra de quien cumplía con su deber y procedieron a encubrir al autor de la falta grave. Luego, a raíz de los conflictos policiales, las redes sociales han servido de canal inmediato de comunicación y distribución de información, planificación de medidas, reuniones, difusión de comunicaciones internas, órdenes y medidas institucionales, que agentes y subordinados hacen correr por la web a través de los “Grupos de WP”, donde coordinan acciones y comparten el conocimiento de material que a veces, especialmente en el interior, no es de fácil acceso.
Independientemente de ello, dentro de estos grupos hay muchas críticas y denuncias hacia los jefes y se vuelcan allí indeterminada cantidad de información muy sensible para los ascensos y privacidad de mucha gente. Esto, claramente molesta al gobierno y ha decidido prohibir el uso de las redes sociales a los efectivos y empieza por censurar los contenidos.
¿Cómo lo hará?
La anarquía de las redes sociales la hacen aparecer como elementos fenomenales de comunicación interpersonal, pero también como herramientas con grado máximo de inseguridad (altamente violables, modificables e interferibles) y anonimato.
El gobierno apunta a “prohibir el uso de redes sociales a todo el personal”, pero no dice cómo. Está claro que para la Jefatura de policía no hay modo efectivo ni lícito de controlar el uso de las redes sociales de su personal, por lo tanto es una medida más intimidatoria y extorsiva, que concreta.
Para que el gobierno pueda “controlar” a los usuarios de una red social debe: o mimetizarse con ellos integrando “grupos”, desde los cuales pueda obtener información o tomando los celulares de todo el personal, mediante la interceptación telefónica digital.
En el primer caso la efectividad del control es relativa, porque en los grupos de WP rápidamente son identificados los “topos” y rara vez se confía en gente que no se conoce, ni se interactúa con desconocidos, más aún advirtiendo la censura. Pero aún así, cualquiera que interfiera, no podría convalidar legalmente una operación de este tipo y digamos que, nada de los dicho allí serviría como medio de prueba, al menos en una causa que se pudiera instruir.
La segunda opción sería, de parte del gobierno y/o jefatura de policía, un delito. Si se descubriera que los teléfonos de los subordinados se encuentran interceptados para poder captar su tráfico, o que el producido de la denuncia del gobierno, proviene de un acto ilegal de este tenor, el escándalo al que se expondría el gobierno y toda la plana mayor de la policía, tendría repercusiones inimaginables.
Por otro lado, el gobierno y/o la jefatura, no pueden controlar nada en las redes sociales, por cuanto, al igual que en la web, los autores de los mensajes pueden utilizar seudónimos, cuentas falsas o promover mensajes encriptados. Para llegar a cada uno, tendría que hacer una denuncia judicial e individual en cada cuenta, buscar al emisor y luego, determinar que los “delitos” de los que se imputa al supuesto emisor del mensaje, tenga los méritos para hacerlo punible de un delito en contra de la institución y no desaparezca en medio de cuestiones de difícil probanza, donde juegan: la libertad de expresión y el vacío legal que hay sobre el uso de las redes.
Concluyendo: la medida del gobierno es autoritaria, de censura previa, extorsiva y básicamente intimidatoria. Personalmente lo veo inaplicable y de ser aplicada en algún momento, habrá que ver las consecuencias jurídicas que tendrá para el jefe de Policía, para el Ministro de Seguridad y para el gobierno en su conjunto. (Agencia OPI Santa Cruz)
