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Al menos los curas chilenos tienen dignidad residual

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17:30 – (Por Rubén Lasagno) – Haber abusado de menores, de niños y más aún de aquellos huérfanos e indefensos que están bajo la “protección” de la Iglesia en un convento, colegio o claustro, es una indignidad que no puede ser explicada, agravado el delito claro está, por la investidura de quienes venden su representación cristiana como seres prácticamente impolutos, de una pureza abrumadora, cuando en realidad son solo hombres con los mismos defectos que todos nosotros y algunos de ellos, con el espíritu de impunidad exacerbado, precisamente, por su condición de religioso al cual (creen) debemos confiarle todo y perdonarle cualquier cosa.

Pero si es indigno el abuso en si, es más indigno hacerlo desde una posición de poder usando el sometimiento, la coacción y la extorsión sobre estos chicos, para satisfacer sus más bajos instintos, aprovechando la situación de vulnerabilidad y necesidad de los menores a los cuales mantienen como rehenes, dentro de sus dominios inviolables e infranqueables para la opinión pública y la justicia, hasta ahora.

Pero hay algo más: la iglesia no solo es responsable por ser portadora de esta enfermedad social que los curas parecen combatir desde el púlpito y han deshumanizado con sus secretismos e inconfesiones, son responsables de encubrimiento, un crimen tan grave como el delito de abuso y perversión sexual. La cúpula de la iglesia, no es reactiva a los pecados capitales que cometen sus subordinados y por el contrario, le agregan el ocultamiento, la duda o niegan terminantemente la posibilidad de estos delitos, incluyendo al propio Papa, enojado como se mostró con el periodismo chileno, cuando le preguntaron por los delitos del Obispo de Osorno, Juan Barros (con quien se abraza en la foto de portada)quien encubrió al cura Fernando Karadima, de quien dijo “no tener pruebas”, con rostro duro y lívido contestó “No hay una sola prueba en su contra, todo es una calumnia” y unos meses después las evidencias lo atosigaron, ante lo cual resolvió todo pidiendo perdón. Y no alcanza, es más, es hipócrita y cínico de parte de la máxima autoridad eclesiástica, defender impunemente a un abusador y después rectificarse con un perdón de baja intensidad.

El ejemplo

Los 34 obispos chilenos renunciaron tras las reuniones mantenidas con el papa Francisco por los abusos sexuales en la Iglesia. Habían sido convocados por el Vaticano tras el escándalo y pusieron sus renuncias a disposición de la máxima autoridad de la iglesia.

Todos fueron convocados después de los graves errores y omisiones en la gestión de los casos de abusos, sobre todo en relación al caso de Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima”, dice la información que parte de medios eclesiásticos, lo cual resulta ser una falacia dialéctica la cual pretende ser restauradora de una culpa colectiva de la cúpula religiosa. Hablar de “graves errores y omisiones”, es no decir la verdad. Los “errores” para la Iglesia, son los abusos sexuales en los que incurrieron los curas. Las perversiones, las violaciones y la generación de traumas en los chicos, la autoridad de la iglesia los reduce a un “error”, en tanto el ocultamiento y la complicidad la suaviza con el término “omisiones”. Una vergüenza total que suma más vergüenza al delito en sí mismo.

Pero aún así los curas chilenos han tenido la dignidad (dentro de su indignidad) de renunciar. En Argentina, eso no sucede y la Iglesia oculta, niega y protege a pedófilos y abusadores; es más, el único caso resonante de castigo a un cura por estos delitos, es el de Julio Grassi y la Iglesia nunca inició una investigación para castigarlo, por el contrario, el enjuiciamiento y encarcelamiento del pedófilo, fue gracias a las denuncias de los familiares, los afectados y ONGs preocupadas por este flagelo, como la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina.

Tal es el nivel de complicidad explícita de las autoridades eclesiásticas argentinas con estos delincuentes con sotanas, que en septiembre del 2010, luego que la Sala II del Tribunal de Casación ratificara la condena original a Julio César Grassi debido al abuso sexual comprobado de un menor, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el Cardenal Bergoglio (hoy Papa) eligió al abogado y jurista Marcelo Sancinetti para que realice un estudio de la causa y el juicio a Grassi, tras lo cual durante 4 años el letrado se encargó de desarrollar una tarea de “juez”, analizando y destruyendo cada una de las pruebas acusatorias contra el cura pedófilo, revirtiendo la carga de las pruebas y desestimando testimonios y escribió 4 libros de “Edición Privada” (más de 2.600 páginas en total) donde como conclusión dictaminó que Grassi no solo es inocente de quienes llama “falsos acusadores” sino que pone al cura como blanco de un complot urdido por el diario Clarín y un sector político.

Solo por mostrar uno de los casos más relevantes y recientemente ocurrido, durante el 2016 en el Instituto Antonio Próvolo para hipo acústicos de la provincia de Mendoza, dos curas católicos violaron una y otra vez a niños sordos. Las denuncias de abuso sexual clerical a los alumnos destaparon otro encubrimiento de la Iglesia al concomerse que uno de los abusadores es un sacerdote que ya había sido acusado de hacer lo mismo con otros estudiantes de una escuela en Italia. Toda la Iglesia lo sabía y nadie hizo nada.

Para observar el grado de alienación de los integrantes de la iglesia que comenten estos delitos y encubren los mismos tras la fachada de “hombres de Dios”, recordemos al cura Gerald Francis Ridsdale, acusado de violar a niños en Ballarat, Australia. El propio Ridsdale “confesó” su barbaridad ante la Corte del condado de Victoria en aquel país, ante la cual admitió que el abuso era “parte de la obra de Dios”.

De acuerdo a una investigación realizada en nuestro país por la Agencia Télam de las periodistas Lucía Toninello y Mariana García, en Argentina hay 62 casos demostrados de abuso sexual por parte de curas y en todos los casos no es la iglesia sino las víctimas quienes los denuncian, se comprobó que estos curas tenían antecedentes previos y también se concluyó por comprobación fáctica que ante cada caso, la Iglesia traslada a los sacerdotes a otra curia, los aleja del lugar donde cometieron el delito y definitivamente, los protegen. (Agencia OPI Santa Cruz)

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