11:40 – Ayer, mediante una conferencia de prensa que se realizó en la sede provincial de ADOSAC , los sindicatos APROSA, SOEM (Municipales) y ADOSAC, quienes junto con Judiciales conforman la Mesa de Unidad Sindical (MUS), hicieron conocer su solidaridad y apoyo a los empleados del sindicato Judicial, sobre quienes el gobierno formuló un proyecto de ley para anular la paritaria salarial de los trabajadores del sector con los aumentos de los judiciales a nivel nacional y eliminar el acuerdo con enganche, exigiéndoles que se adecuen al presupuesto provincial, lo cual es lisa y llanamente el control de un poder sobre otro, inmiscuyéndose el Ejecutivo en los acuerdos salariales y sueldos del Poder Judicial, al cual tratan de controlar presupuestariamente.
De esto se trató la unión de los gremios, dos días antes que en la Cámara de Diputados se trate en sesión, la manda de la gobernadora Alicia Kirchner, que (a no dudarlo) saldría con el visto bueno de todo el oficialismo como mayoría. En virtud de ello, los gremios iniciaron una nueva movida para hacer una marcha a la legislatura con el fin de manifestar su protesta y dar apoyo a los judiciales, bajo el lema “Hoy viene por ellos, mañana vendrán por nosotros”, en clara alusión a la avanzada que está haciendo Kirchner sobre los sindicatos provinciales, quitándoles beneficios, desconociéndole derechos y tratando de acotar su poder de maniobra, con varias medidas tendientes a manejar (principalmente) el salario y revitalizar la instalación del salario en negro.
La nota significativamente política que se dio en la reunión solidaria de gremios en el día de ayer, fue la ausencia de ATE, sindicato cofundador de la MUS, en la mesa donde sí estaban los demás componentes de la lucha sindical que se inició en el 2007. La relación incestuosa de ATE con el gobierno, la aceptación de los $ 2.000,00 en negro, la falta de crítica hacia las acciones de la gobernadora que intenta “domesticar” a los gremios díscolos, persigue a los jubilados y paga cuando se le ocurre y los permanentes (y únicos) ataques de ATE hacia el gobierno nacional, silenciando aberraciones en la provincia, como la anulación de las paritarias judiciales, el manoseo hacia los jubilados y la implementación de salarios en negro, son una clara muestra del nuevo rumbo que ha tomado uno de los gremios (hasta hace poco) más combativos de la provincia, el cual perdió presencia y fuerza, a tal punto que se ausentaron de los reclamos colectivos en contra de la gobernadora y los diputados quienes hacen de soporte a las órdenes del Ejecutivo.
El proyecto de Ley para manejar las paritarias judiciales, iba a ser tratado en sesión del jueves y ante el creciente revuelo armado alrededor de esta clara intromisión del Poder Ejecutivo, desde el kirchnerismo se dijo que el mismo “no será tratado en esta sesión” y volverá a comisiones para su “perfeccionamiento”.
Para ello el gobierno inventó una reunión (entre ellos mismos, sin participación de ningún otro sector) bajo la premisa de “acordar una agenda de trabajo entre los poderes, Ejecutivo, legislativo y Judicial” en la cual, por definición del diputado Mazú se trató de “una reunión sincera, donde todos los actores somos conscientes de la situación económica de la Provincia, y en base a ello, nos comprometimos a continuar este diálogo, donde garantizar los servicios esenciales, que es una obligación de los tres poderes que conforman el Estado Provincial, no se vean perjudicados por compromisos que luego no se puedan asumir“.
Pasando en limpio todo lo ocurrido: como el gobierno vio que su actitud generó una movida sindical unificada, tras el reclamo judicial, lo cual le asegura un conflicto permanente de aquí hasta el fin de su mandato y entendió que aunque ATE no participe, la significancia de los demás integrantes de la MUS es suficientemente relevante y preocupante, decidió “poner un paño frío” y accionó en dos direcciones.
Por un lado suspendió (aunque nadie puede estar seguro) el tratamiento en sesión de la Cámara de Diputados, del proyecto en cuestión y luego, para no reconocer ante la opinión pública y los gremios, que se trató de un paso atrás, Mazú salió a conformar que pasará “a Comisión” para “profundizar su estudio”; una falacia, pues solo se trata de poner en pausa éste como tantos otros proyectos ante la posible conflictividad gremial, para luego volver y aprobarlo entre gallos y medianoche.
Luego, para demostrar que es el mismo gobierno el que toma la iniciativa, convocó a este “acuerdo trucho” entre los tres poderes, tratando de institucionalizar las decisiones y luego decir que “acordaron” no afectar el presupuesto provincial más allá de las posibilidades; ergo: es lo mismo que plasma el proyecto, pero “ampliándolo” y poniéndolo en boca de los tres poderes en conjunto, como forma de diluir la responsabilidad del principal actor: la gobernadora que lo redactó, firmó y ordenó que se apruebe.
La prueba más palpable de que esta reunión fue entre ellos para resolver lo que ya tienen resuelto y vender ficción a la ciudadanía de que se debate algo cuando en realidad hay decisión tomada, recordemos otra frase de Mazú al finalizar este maravilloso “acuerdo” logrado entre los tres poderes: “desde la bancada mayoritaria, nos comprometimos a enviar a comisiones nuevamente el proyecto de ley que buscaba ordenar el sistema normativo presupuestario vigente para el Poder Judicial, pero con el compromiso de lograr un consenso dentro de cada poder del Estado, que sea sostenible, atado a la realidad económica de Santa Cruz, no de manera unilateral, más allá de la independencia que cada Poder tiene, y respetando los derechos de los trabajadores”
No hay mayor contradicción en tan pocas líneas, como las declaraciones del diputado K. Pretende ordenar el sistema normativo presupuestario del Poder Judicial y atarlo a la realidad económica provincial, lo cual es un oximorón por cuanto inmediatamente sostiene la independencia de los poderes, metiéndose de lleno en la normativa de uno de ellos (el judicial) y dice que se debe respetar el derecho de los trabajadores, cuando el proyecto tiene como objetivo cercenar las paritarias, condicionar los salarios y darles aumento cuando a la gobernadora s le antoje.
Una parodia más (como otras tantas) en las que incurrió el gobierno y sus diputados en estos años. También, como en otras ocasiones, se dieron cuenta que aún no tienen domesticado al sector público y que haber hecho arreglos con ATE, no arrastra a los otros sindicatos, por el contrario, los subleva. (Agencia OPI Santa Cruz)
