09:30 – (OPI Chubut) – Seis de los once ex funcionarios provinciales y empresarios involucrados en la causa que investiga sobresueldos provenientes de retornos de la obra pública en Chubut, permanecerán con prisión preventiva por seis meses mientras continúa la investigación. Según los fiscales, estas maniobras habrían sido avaladas por el difunto gobernador Mario Das Neves y aún faltarían imputados en la causa. Los cabecillas acusados por asociación ilícita podrían ir hasta 15 años a la cárcel.
Tras una maratónica audiencia de control de detención en la causa denominada Revelaciones, el juez Sergio Piñeda dispuso anoche, la medida de coerción para los imputados que formaban parte del gobierno de Das Neves, Víctor Cisterna (jefe de Gabinete), Pablo Oca (Economía) y Gonzalo Carpintero (secretario privado). Igual suerte corrieron los empresarios de la construcción Patricio Mussante, Federico Piccione, y el periodista Andrés Ninin.
Se impuso también el arresto domiciliario por tres meses para los contratistas privados Juan Salaberry, Daniel Russo, Esteban Torraca y Oscar Peña, en tanto que Juan Villegas quedó en libertad.
Para los fiscales de la Unidad Anticorrupción, estos funcionarios de primera línea dasnevista, junto a los ya detenidos Diego Correa y Diego Lüthers, “integraban una organización delictiva dedicada a recibir el pago de coimas y enriquecerse de forma ilegítima”.
Están acusados de integrar una asociación ilícita en concurso con delitos contra la administración pública, lo que prevé una pena de entre 3 y 10 años. Sin embargo, si al finalizar el juicio los encontraran culpables de encabezar dicha organización, podrían ir a la cárcel hasta por 15 años.
“Nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes”, aseguraron los fiscales intervinientes Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez.
Retornos de la obra pública
Durante la audiencia se plantearon los hechos incriminatorios, dejando al descubierto la operatoria de la denominada asociación ilícita, que desde diciembre de 2015 vendría recaudando dinero para sobresueldos a través de retornos de la obra púbica.
Según señalaron los fiscales, esta “organización criminal” estaba manejada por Cisterna, Carpintero, Oca y Correa, y “actuaba con el aval, sino expreso al menos tácito, del por entonces gobernador Mario Das Neves”.
“No es algo menor que hayan sido funcionarios públicos. Tenían poder y lo usaron para idear los actos delictivos, prepararlos, consumarlos y ejecutarlos”, señalaron durante la audiencia los fiscales y remarcaron: “no es casual que haya acá sentados empresarios de la construcción porque es a través de la Obra Pública por donde pasa la mayor cantidad de dinero del Estado”.
En ese esquema, las constructoras pagaban entre un 4,5 y 5 por ciento de “retorno” en relación al monto total de la obra adjudicada. Los pagos se hacían en efectivo o mediante cheques por importes menores a 50.000 pesos para que no fueran detectados por la AFIP. Una vez hecho el aporte, el Ministerio de Economía liberaba los desembolsos y la orden de pago de los certificados de obra.
Ese dinero recaudado en negro sería luego distribuido para el pago de sobresueldos a funcionarios que aparecen nombrados junto a otras personas en las planillas Excel que fueron secuestradas durante el operativo del caso Correa, de donde se desprende esta causa.
Un rol clave también habría sido el de Mussante como presidente de la Cámara de la Construcción de Trelew y el de Piccione en Comodoro Rivadavia. En el caso de Ninin, periodista vinculado a medios de comunicación de la ciudad petrolera, habría sido sindicado por cobrar en el banco cheques de las constructoras.
Ex funcionario como testigo con custodia
El entramado fue descripto con amplio detalle por los integrantes de la Unidad Anticorrupción, algo que llamó la atención hasta que los fiscales revelaron que debieron ponerle custodia policial a uno de los testigos: el ex jefe de gabinete, Alberto Gilardino, quien habría reemplazado a Cisterna, cuando éste salió del gabinete provincial. “Tuvimos la noticia que podrían atentar contra él o su familia”, indicó Báez.
Por su parte, Nápoli sostuvo que su testimonio “corrobora que Carpintero formaba parte de la asociación” y que éste junto a Correa “manejaban el dinero”.
Ante declaraciones brindadas a la prensa, Nápoli señaló además que “Gilardino fue sujeto de investigación y no arrojó resultados positivos”, y que por eso habría declarado como testigo.
Asimismo, los fiscales indicaron que aún podría haber nuevos imputados en la causa. (Agencia OPI Chubut)
Deberian buscar a complices en el consejo deliberante y en el municipio de Madryn, deben ser muchos y se andan cubriendo entre si. Ya la provincia es casi un espejo de Santa Cruz