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Allanaron SPSE, se llevaron 5 cuerpos de expedientes en causa por sobreprecios contra CPC que otorgó Cristina Fernández

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Allanaron SPSE, se llevaron 5 cuerpos de expedientes en causa por sobreprecios contra CPC que otorgó Cristina Fernández – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

10:45 – Ayer miércoles 30 la Policía Federal con una orden emanada del juez Claudio Bonadío, allanó las oficinas de Servicios Públicos Sociedad del Estado en Río Gallegos, en una causa que sigue el magistrado contra la empresa CPC SA de Cristóbal López, por sobreprecios en la obra pública, específicamente en este caso referidos al acueducto Comodoro-Caleta Olivia y la construcción de la Planta de Ósmosis Inversa en la misma ciudad santacruceña.

El Presidente José Tamburo se apuró a aclarar que no había sido un “allanamiento” sino un “requerimiento de la justicia” (lo que en la jerga se denomina “allanamiento blando”), lo cierto es que después de varias horas, los efectivos de la Federal se retiraron de allí con cinco cuerpos de expedientes que contenían documentación sobre el acueducto Lago Musters-Comodoro-Rada Tilly-Caleta.

Bonadío lleva adelante la causa por la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción, llevada adelante por el Fiscal Stornelli y fundada en los sobreprecios de 100 millones de pesos en perjuicio del Estado, por maniobras realizadas desde el Ministerio de Planificación, a través del ENOHSA y la empresa de Cristóbal López, en oportunidad de adjudicar y construir el acueducto, obra que fue anunciada por Cristina Fernández y que en ese momento OPI pusiera en duda la legitimidad de dicha licitación. Pasaron varios años y (una vez más) no nos equivocamos.

En la misma causa se incluye a la Planta de Ósmosis Inversa de Caleta Olivia, obra para la cual no se realizó ninguna licitación y se incluyó a título de “ampliación” de las obras del acueducto, con otro sobreprecio que ronda los 100 millones de pesos más, sobre lo realmente arrojado por los costos.

La historia que contamos

El 25 de julio de 2013 OPI contó una historia inédita que fue el inicio de esto que culmina con el allanamiento y búsqueda de documentación para procesar a CPC y seguramente a los responsables de haber otorgado la obra pública sobrefacturada, como es el caso del gobierno de CFK y su modelo de vaciamiento del Estado.

Aquel día publicamos una nota titulada “Cristina Fernández le adjudicó la construcción del acueducto de Caleta Olivia a CPC SA, una empresa de Cristóbal López” y allí señalábamos la entonces presidenta había montado toda una parodia (casi infantil e increíble) para justificar la “urgencia” de anunciar el inicio del acueducto.

Decíamos allí: “Magdalena García y Alejandro Maidana de Caleta Olivia, alertaron en el muro de la Presidenta sobre la falta de agua en esa ciudad. Inmediatamente, la mandataria tuiteó: “Ya se licitó. Se adjudica la obra el 29 de julio y se firma el contrato para empezar la obra en 10 días subsiguientes“. La prensa, entonces, agregó “la mandataria anunció en Twitter un convenio con el gobierno de Chubut para realizar un nuevo acueducto por $ 329.980.387,67, financiado por la administración nacional, y les respondió a los dos usuarios que le habían pedido ayuda”.

Toda esta burda escenografía, la armaron los medios oficialistas y los “asesores” de la entonces presidenta para hacerle creer a la opinión pública que Cristina Fernández estaba presta a responder a las necesidades de la gente de Caleta Olivia. En realidad a CFK nunca le importó la gente de Caleta ni de la provincia; lo que hacía la ex presidenta, era cerrar un magnífico negocio que, ahora sabemos, le reportaba a la banda que nos gobernaba, más de 100 millones de sobrecostos.

Según lo informamos en nuestra investigación de junio del 2013, la licitación se hizo teniendo en cuenta las empresas: Rovella Carranza, quien presupuestó $ 338.530.029,78. La UTE integrada por Supercemento y Esuco con una oferta por $ 339.497.200,65, CPC presupuestó $ 329.980.383,67 y finalmente Contreras Hermanos con un presupuesto de $ 337.697.678,71.

La obra comprendia la optimización y repotenciación del acueducto e incluye el reemplazo de las bombas de la estación Lago Musters, así como la provisión de una cuarta bomba en las estaciones de Sarmiento, Cerro Negro, Valle Hermoso y Cerro Dragón.

La construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora permitirá ampliar su capacidad máxima junto a la construcción de nuevos tramos entre Cerro Dragón y Cerro Arenal, entre Sarmiento y Cerro Negro y el reemplazo de la conducción en un tramo de 43,5 kilómetros entre Cerro Arenal y Caleta Olivia (esta es la parte que corresponde a Santa Cruz).

De todas las empresas que licitaron, el gobierno nacional adjudicó la construcción a CPC SA (CUIT: 30-68201953-7), Obras civiles, con domicilio en Adolfo Alsina 633 de Capital Federal y oficinas en Santa Fe, Comodoro Rivadavia. Esta empresa que data del año 1997, fue adquirida por Cristóbal López en el año 2009 y pertenece al Grupo Indalo.

OPI para realizar aquella investigación cruzó datos con nuestras fuentes en Chubut y en aquella provincia se daba por hecho el proceso de cartelización y que los sobreprecios iban a ser la estrella de la megaobra encarada por CPC, a órdenes de la ex presidenta.

A principio del año 2016 OPI recibió una consulta puntual de la Oficina Anticorrupción, a la que elevamos todo el material disponible en nuestros archivos. La investigación estaba en marcha. Lo de ayer, fue el inicio de otra causa que llevará a varios responsables a subir las escalinatas de Comodoro Py, como lo hizo Julio de Vido por YCRT, Pérez Ozuna y otros que oportunamente hemos denunciado en nuestros informes e investigaciones y hoy están judicializados, procesados o imputados por los delitos cometidos en santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)

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