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El Juez Ercolini decretó la intervención de IDEA SA, la última sociedad en pie de la familia Kirchner

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16:10 – La sociedad IDEA SA, construida por Osvaldo Sanfelice a instancias de la familia Kirchner, principal administradora de los hoteles Alto Calafate, las Dunas y La Aldea, fue intervenida judicialmente por pedido expreso del Fiscal Gerardo Pollicita, según consta en el Oficio judicial en relación con la causa nro. 11352/14, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10 Secretaría Nº 19,d el Dr Ercolini.

A raíz de ello el juez ordena decretar la intervención judicial de la firma Idea SA (CUIT nro. 30712444289) con facultades de información, administración y recaudación por el término de seis meses, con remoción de sus autoridades (arts. 23 y 305 del CP, 518 del CPPN y 113 y siguientes de la ley 19.550).

En el mismo dictamen el Juez ordena comunicarle a los adminsitradores de IDEA SA “que no podrán realizar extracciones de dinero de las cuentas bancarias con las que operen los negocios societarios ni efectuar pagos de ningún tipo; con excepción de aquellos de carácter impositivo, laborales, previsionales o de administración, de los que luego deberán rendir cuentas a los interventores desinsaculados. Líbrese oficio”, indica el texto.

Alberto Hocsman y Norberto Lisman, son los veedores y los informantes administrativos en el proceso. Básicamente el Fiscal Pollicita pidió la intervención de la firma en relación ala deuda que Idea SA mantenía con Hotesur SA. Al respecto detalló que en virtud del contrato celebrado el 29/8/13 entre la primera, representada por Osvaldo Sanfelice y la segunda, en cuyo nombre suscribió Romina de los Ángeles Mercado, se acordó la locación del hotel Alto Calafate por el término de 36 meses.

En lo que respecta al acuerdo económico, inicialmente se fijó un precio mensual de $100.000 más IVA como monto fijo – indica el documento – y el 10% sobre la utilidad neta mensual final como monto variable; esto último únicamente entre los meses de septiembre a abril. Posteriormente, precisó que ambos conceptos se aumentaron hasta quedar establecidos, mediante addenda del 26/5/15, en $190.00 más IVA y en un porcentaje del 22%, respectivamente”.

Lázaro Báez abre la puerta del mausoleo de la familia Kirchner a le ex presidenta Cristina Fernández – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El Fiscal suscribe en su demanda que los veedores designados detectaron que desde el mes de julio de 2017 –es decir, coincidentemente con el establecimiento de la cautelar- hasta la fecha actual, Idea SA pagó únicamente los cánones fijos correspondientes a septiembre y octubre del año pasado, con cinco meses de retraso, sin saldar las sumas correspondientes a las utilidades ni los intereses.

El cálculo efectuado por Alberto Hocsman y Norberto Lisman – remarca el Juez a instancia de la presentación del Fiscal- se observaba que la deuda alcanzaba el monto de $2.019.461,31 (ver fs. 4938/4939). Como contrapartida de lo antedicho, el Sr. fiscal señaló que los nombrados también lograron determinar que al 31/3/18, la empresa en cuestión contaba con un saldo positivo de $4.062.158,33 (ver fs. 5562/5569).

Deduce la isntancia judicial que pese a contar con fondos líquidos superiores a la deuda registrada, la sociedad explotadora del hotel había decidido incumplir intencionalmente con el pago de sus obligaciones e impedir la recaudación del canon locativo del hotel Alto Calafate.

Como segundo factor a tener en cuenta, (Pollicitas) se refirió a la falta de colaboración de Idea SA con el interventor de Hotesur SA, Daniel Altman quien en cumplimiento de las tareas inherentes a su cargo había intentado contactarse con las autoridades de la administradora –Osvaldo Sanfelice y Oscar Souto- para determinar las sumas adeudadas y lograr el pago de los saldos.

Luego el documento alude a los reiterados pedidos de Altman por las utilidades del hotel Alto Calafate, sin que recibiera una respuesta acorde, sino solo evasivas y planillas de rentabilidad con errores groseros que imposibilitaban el cálculo final que devengaban dicha explotación. En el mismo sentido, alude que Osvaldo Sanfelice ofreció un modelo de convenio que con contemplaba ni siquiera el aumento inflacionario y propuso compensar la deuda en base a gastos que no habían sido previamente consensuado por las partes.

Debido a todo este proceso irregular, el Juez Ercolini decretó la intervención de la única empresa que le quedaba a la familia Kirchner. Hace unos días, la justicia también decretó la quiebra de Austral Construcciones SA, otro ícono del circuito de dineros y fondos públicos que durante 12 años lubricaron todas las instancias del poder y también de muchos privados, a través de la corrupción que se instaló desde el gobierno, especialmente a través de la obra pública, el alquiler trucho de alojamientos y la sobrefacturación o facturación apócrifa de servicios. (Agencia OPI Santa Cruz)

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