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Gestos del Gobierno para contener la tensión social por la caída de la economía

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10:00 Las expectativas de ambos sectores eran más bien modestas antes de la reunión. De todas formas, en el encuentro que mantuvieron en el ministerio de la avenida 9 de Julio, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , y los movimientos sociales reafirmaron su decisión de mantener las negociaciones abiertas; una apuesta que el Gobierno considera fundamental para contener potenciales desbordes en una calle cada vez más difícil.

Por: Jaime Rosemberg
Stanley llevó a la mesa de negociación propuestas de un aumento de $650 millones para los planes de empleo, apoyo -o al menos atención- a las leyes pedidas por las organizaciones sociales, y la apertura de una instancia de “diálogo permanente”.

Hay una coyuntura que se ha agravado en todos los merenderos y comederos. Le dijimos que tenemos necesidades urgentes, y lo que nos ofrecieron es insuficiente
Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa)
Más allá de reconocer el “buen trato” y la “disposición” oficial, los invitados salieron con un gusto amargo y la amenaza de nuevas protestas si las buenas intenciones no se transforman en “hechos concretos” en las próximas semanas.

Desde el Gobierno, la visión de lo ocurrido era optimista. “Fue una buena reunión, símbolo de un diálogo que nunca se cortó”, afirmaron cerca de Stanley, y además confirmaron que el bono de $3000, mencionado por algunos medios y enarbolado como bandera por los líderes piqueteros , “nunca estuvo en los planes” del ministerio.

Aclararon que el aumento en los planes de empleo, que será de $4700 a $6000 hacia fines de años, se dará en cuotas, a partir del mes próximo.

Cerca de la ministra Stanley confirmaron que el bono de $3000, mencionado por algunos medios “nunca estuvo en los planes” del ministerio

El aval de la Casa Rosada a las organizaciones sociales abarcó también cinco leyes impulsadas por esos sectores, hasta ahora con resultados diversos: la ley de barrios populares, que ayer tuvo media sanción de la Cámara de Diputados; la emergencia alimentaria, un pedido para que el 25 por ciento de toda la obra pública sea llevada adelante por cooperativas; la ley de emergencia en adicciones, y un proyecto ya aprobado que subsidia la agricultura familiar, pero que nunca recibió financiamiento.

“La idea es generar una mesa de trabajo que discuta sobre las cinco leyes”, explicaron cerca de Stanley. El ministerio también incorporará a esa mesa a sus abogados para estudiar la factibilidad de las propuestas.

¿Qué dijeron los piqueteros? “Hay una coyuntura que se ha agravado en todos los merenderos y comederos. Le dijimos a la ministra que tenemos necesidades urgentes, y lo que nos ofrecieron es insuficiente”, afirmó a LA NACION Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), al término de la reunión, de la que participaron también organizaciones como Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

A la reunión también asistió el obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti, cercano a los movimientos sociales y al papa Francisco.

La réplica

La contrapropuesta de los movimientos sociales al ofrecimiento del aumento en los planes de empleo fue el pedido de incremento “de emergencia” para los ocho millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el fortalecimiento de comedores y merenderos.

Algunos fueron más allá: Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, anticipó: “La semana que viene vamos a ir a la puerta de los supermercados”. Una posibilidad que eriza la piel de los funcionarios del Gobierno, que temen un escenario incierto a partir de esos reclamos.

Desde Desarrollo Social enfatizaron, al igual que Alderete y Daniel Menéndez (Barrios de Pie), que el de ayer fue solo el primer paso y que la semana que viene seguirán “conversando” para evitar que las amenazas de protestas en la calle se transformen en realidad en los próximos días.

“Entendemos que tengan que ser más duros ante los medios, lo hacen también para calmar los reclamos de su propia gente”, opinaron desde el ministerio cuando los consultaron sobre el rechazo de las organizaciones sociales, algunas de las cuales cortaron la avenida 9 de Julio no bien salieron de ver a la ministra. Cortaron tres carriles, pero a las horas los desocuparon.

El enviado de la Iglesia

Desde ambos sectores vieron con buenos ojos la participación de la Iglesia en su rol de “mediador” entre funcionarios y líderes sociales.

Para la Casa Rosada, la participación de monseñor Maletti supone un remanso de distensión en medio del conflicto, que tuvo su epicentro días atrás, en la Semana Social de Mar del Plata, en la que el obispo Jorge Lugones insistió en la “insensibilidad” del Gobierno. Las críticas de Lugones fueron delante de la ministra Stanley y de la gobernadora María Eugenia Vidal, dos de los dirigentes del Gobierno con mejor llegada a la Iglesia. De ahí que el tenor y la oportunidad de los cuestionamientos causaron malestar en el Gobierno.

Para los movimientos sociales, la inclusión de la Iglesia -y de prelados cercanos al Papa- en la mesa de diálogo era central para que las negociaciones llegaran a buen puerto.

El Gobierno deberá, eso sí, mejorar su oferta, para evitar que las amenazas se transformen en reclamos concretos la semana que viene. (La Nación)

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