11:00 Con aval de sus cinco miembros, formalizó la creación de un Fondo Anticíclico. Son recursos millonarios que viene juntando desde 2008.
Es una acordada de apenas dos carillas, que puede consultarse en la web oficial de noticias de la Corte Suprema. Se firmó el miércoles pasado y, según interpretan fuentes judiciales, se trata de una jugada estratégica del Máximo Tribunal en medio del ajuste y de la puja por fondos con el Gobierno nacional. Con el aval unánime de sus cinco miembros, se formalizó la creación del “Fondo Anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, una caja que viene alimentándose con recursos propios desde 2008 y que hoy podría rondar los 15.000 millones de pesos.
El objetivo de esta decisión, que además de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz también firma el secretario general de administración Héctor Marchi, sería proteger esos fondos de la tentación de la Casa Rosada que busca cómo achicar el gasto para cumplir con el déficit fiscal prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo a la interpretación de fuentes de la Justicia, hay que remontarse a la creación de esta caja, en 2008, para entender su espíritu. Entonces, la avanzada del Gobierno kirchnerista amenazaba con recortar la independencia de la Justicia, incluida la Corte. Así fue que a fines de ese año, se decidió crear “un fondo anticíclico para afrontar crisis económicas”, con un aporte inicial de 500 millones de pesos, “provenientes de activos financieros del Máximo Tribunal nacional, que podrán ser invertidos en colocaciones a plazo en entidades bancarias oficiales (hasta 50% puede ser en moneda extranjera”. Una caja propia ante posibles represalias financieras.
La acordada 21/2018 del último miércoles, tiene cuatro puntos iniciales que terminan con la formalización del fondo.
1) Que mediante acordadas 32/08, 33/08 y 34/08 se crearon fondos específicos para garantizar el funcionamiento de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación y que responden a su gestión basada en los principios de la responsabilidad fiscal; los que fueron ampliados mediante acordadas 24/11, 4/13 y 6/13.
2) Que la existencia de un Fondo Anticíclico constituye una herramienta financiera de sanas administraciones que permiten equilibrar los recursos en el tiempo y atenuar los impactos en los ciclos económicos.
3) Que siguiendo el criterio de planificación financiera establecido por la Secretaría General de Administración resulta conveniente reforzar el Fondo Anticíclico de la Corte Suprema de la Nación, dado que el mismo garantiza financieramente todas las actividades del Tribunal, incluyendo gastos en personal, gastos de funcionamiento e inversiones en infraestructura y equipamiento.
4) Que el alto Tribunal cuenta con los recursos financieros propios suficientes para destinarlos a tal fin.
“Por ello, acordaron: establecer el Fondo Anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compuesto por recursos propios del Alto Tribunal provenientes de los saldos de libre disponibilidad y de los fondos específicos mencionados en el primer considerando, más los rendimientos de la colocación del fondo que se realice en entidades bancarias”, cierra la acordada y corona con las seis firmas (cinco jueces y el secretario).
¿Por qué se interpreta en Tribunales como un mensaje al Gobierno? Porque semanas atrás, la Corte y el Ministerio de Justicia blanquearon en público una disputa por el supuesto retraso de la Casa Rosada en enviar los fondos que le corresponden al Máximo Tribunal. Hubo notas de la Corte advirtiendo sobre una posible “parálisis” y respuesta del ministro de Justicia, Germán Garavano, buscando ahuyentar alarmas.
“El Gobierno busca fondos de muchos lugares, no sea cosa que pretenda que la Corte pague los suelos con los recursos del fondo anticíclico”, especulaba una fuente judicial. En 2013, segundo mandato de Cristina, eso ocurrió: la Corte envió a fines de mayo de ese año unos 129 millones al Consejo de la Magistratura (que maneja el grueso del presupuesto judicial) para pagar salarios.
Ahora, la novedad se da en un contexto de quizá menor tensión política entre ambos poderes, pero en medio de un un fuerte ajuste. Este lunes, por caso, La Nación contó la decisión de los Ministerios de Hacienda (Nicolás Dujovne) y Modernización (Andrés Ibarra) de quedarse con la caja de los registros de autos, previa digitalización. Son fondos por unos 15.000 millones, que actualmente usa el Ministerio de Justicia (Garavano) para su mantenimiento. El plan, que tendría el aval de Macri, según el artículo que firma el periodista Santiago Dapelo, implicaría a mediano plazo desarmar los registros, una caja que suele repartirse como favores políticos. (Clarín)
