Pablo Grasso corrido de la escena y el peligro que se destape la olla de la obra pública en Santa Cruz

16:00 Los sobreprecios “no consentidos”, las irregularidades funcionales y operativas, las licitaciones armadas, las contrataciones de amigos y el temor a que en esta ola de descubrimientos de la corrupción, se destapen los desastres de Pablo Graso como presidente del IDUV, hizo que la gobernadora decidiera nombrar a la arquitecta Anahí Stettler para “ordenar” el Instituto de la Vivienda Provincial.

Tras las conversaciones en la mesa chica de cómo resolver el problema sin que parezca un problema, se desechó la idea de una “intervención” de facto al Instituto y se maquilló la llegada al ente de la arquitecta amiga personal y colaboradora de Alicia Kirchner, en calidad de “colaboradora” y con la misión de “supervisar” misiones y funciones dentro del organismo.

De acuerdo a las fuentes de OPI dentro del IDUV, una de las primeras medidas de Stettler, fue ordenar una reunión individual con todo el personal del Instituto. Allí, tal como le relataron a OPI, les hizo una serie de preguntas sobre su actividad y trabajo, pero fundamentalmente indagó sobre los aspectos críticos de la gestión de Grasso.

Así se enteró, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo los certificantes de obras del IDUV no tienen actividad, que en algunos casos Grasso los obliga a certificar trabajos que no están hechos; también le apuntaron la contratación de empresas amigas, virtuales sellos de goma donde apuntaron al propio Grasso de estar tras el negocio, atendiendo de los dos lados del mostrador; le dieron detalles de cómo se gestó el fraude de la obra del acceso al Barrio San Benito por la calle 13, los trabajos sobrevaluados en edificios públicos a cargo del IDUV; hubo quienes fueron un poco más allá y le confiaron a la arquitecta infidencias de cómo Grasso derivaría fondos a su Unidad Básica, nombraron los amigos “constructores” del Presidente del IDUV y describieron las maniobras que hacen en la construcción de calles e infraestructura vial, a la que es tan afecto y solícito Pablo Grasso, quien – indicaron las fuentes – además del negocio, usufructúa el rédito político del cartel poniendo grande su nombre, haciendo “la gran Magario”, refiriéndose a la intendente de la Matanza que a los móviles policiales y la obra financiada por la provincia de Buenos Aires, le coloca el cartel “Gestión Magario”.

Paralelamente, desde el Tribunal de Cuentas de la provincia en una auditoría realizada en el Instituto, encontró gruesas irregularidades en la preparación de los terrenos, movimientos de suelos, adjudicación de obras, sobreprecios o en otro casos dejando los mismos precios que para construir en forma tradicional, pero construyendo en seco, donde la inversión es sensiblemente inferior, tal como a la Arquitecta le confiaron algunos empleados del IDUV.

En algunos casos a Stettler le confirmaron que Pablo Grasso tenía “tabicado” a personal profesional del IDUV, a los cuales les prohibió “meter la nariz en las obras” y ese ocultismo, indican las fuentes, tuvo su raíz en la negativa de algunos a prestarse a avalar “certificaciones truchas” o hacer comentarios sobre los costos de las obras.

En OPI venimos informando desde hace tiempo las maniobras de Grasso en el IDUV. El gobierno, sin embargo, pretende que se guarden “las formas” por cuanto no quiere hacer aparecer la llegada de la arquitecta como una “intervención”, por razones estrictamente políticas, por un lado y por otro, ante el temor de que en la provincia se destape su propio “lava jato”, en la obra pública local, que como venimos diciendo desde que asumió Kirchner, respeta al pie de la letra el modelo K de los negocios alrededor de cada proyecto.

En algunos días más, la nueva arquitecta tomará las riendas totales del IDUV, especialmente en el aspecto financiero y operativo y Grasso quedará relegado a un papel más “político”, indicaron las fuentes.

Cuestiones políticas

Pablo Grasso no oculta su ambición política y mira tanto a la intendencia de Río Gallegos como a la gobernación. Para él lo importante es llegar a coronar uno de sus sueños en la función pública. Por esto y ante la falta de cuadros políticos que puedan afianzar el triunfo del FPV en el 2019, el propio kirchnerismo vive un sisma hacia adentro pero hacia afuera trata de “cuidar” aquellos que le pueden acercar votos ante una posible elección con vigencia de la ley de lemas. Esto, sin duda, tracciona fuertemente en esta instancia. Sin embargo, tras el escándalo de los cuadernos a nivel nacional, es solo una cuestión de tiempo para que en Santa Cruz se inicie un proceso similar. De hecho OPI ya ha tenido consultas desde el ámbito de la justicia que estarían investigando los planes de viviendas con recursos nacionales y las obras que se han hecho o se están haciendo en Santa Cruz con fondos federales.

Es sabido que a nivel de la justicia en Santa Cruz nunca jamás va a ocurrir un hecho de esa magnitud; sin embargo lo incontrolable para el kirchnerismo hoy es la justicia federal y los esfuerzos del gobierno se centran en “emprolijar” el IDUV como epicentro de las mayores irregularidades en el rubro. (Agencia OPI Santa Cruz)