Se aproxima la campaña política y el gobierno habilita las escuelas para los actos partidarios (propios)

11:15 – Ya sucedió varias veces y ésta no podía ser la excepción. El Consejo Provincial de Educación por Resolución Nº 1682 del 3 de septiembre de 2018 Expte. 671.609-CPE-18 aprobó el reglamento para uso general de los edificio escolares, instituyó el uso de un formulario que deberá llenar previamente el solicitante, con autorización de la autoridad mediante y con ello pretende “transparentar” el uso de las escuelas, después de haber rechazado la realización de unas jornadas sobre Educación a realizarse en el Colegio Secundario Nº 9 de El Calafate, organizado por la profesora Gabriela Mestelán de “Encuentro Ciudadano”, donde se iba a poner en discusión con alumnos, docentes, padres y público en general, el estado y modelo de la educación provincial.

La negativa del establecimiento para dicha Jornada, desató una ola de críticas ante lo cual el gobierno reaccionó “formalizando” el uso de los establecimientos escolares y para ello emitió la correspondiente Resolución, donde indica las pautas que se deben seguir para utilizar las escuelas en dichos actos.

En principio y tal como consta en el cuerpo de la Resolución se abre la utilización de los establecimientos para eventos feriales, deportivos, académicos, artísticos y públicos, cuyas organizaciones deben solicitarlo con tiempo y previa autorización de las autoridades del CPE. Sin embargo, algunos conceptos no muy específicos, pueden dar lugar a lo que siempre ocurrió en Santa Cruz, que la resolución de lo que es público, político, privado “o de carácter social”, quede en la decisión arbitraria de alguien con marcada tendencia a resolver siempre para el lado que más le convenga; en este caso el sector político oficialista.

Uno de sus puntos de la Resolución que ingresan en esta vaguedad señala “Que es necesario aprobar un reglamento general para el uso de edificios escolares, que regule las actividades que en dichos eventos puedan realizarse por parte de autoridades gubernamentales, no gubernamentales, sociales, deportivas y públicas en general”.

Las poca especificidad de la norma elaborada por el CPE y más precisamente la falta de una prohibición expresa del uso de los establecimientos escolares para la realización de actos políticos-partidarios, es una zona gris que va a quedar en la discrecionalidad de aquellas autoridades que deban decidir a quién, cómo y cuándo autorizar su uso.

Más allá de los factores económicos, sobre cómo podrán manejarse las Cooperadoras y personas a cargo de los dineros ingresados en cada escuela por el concepto de alquiler de los establecimientos, un hecho sumergido en una bruma de dudas y poca transparencia; más allá, inclusive, de no especificar claramente cómo se mantendrán algunos edificios que inclusive para el uso puntual de la actividad a la que están dispuestos (escolares), presentan diariamente serios problemas de infraestructura y servicios (falta de agua, luz, techos deficientes, filtraciones, baños en malas condiciones), lo básicamente llamativo es que las autoridades dejen abierta la posibilidad de usar las escuelas para actos políticos y esto tiene una sola respuesta: buscan “legalizar” ante la opinión pública los actos proselitistas propios que volverán a las escuelas públicas de Santa Cruz, realizados por La Cámpora, Kolina y el FPV/PJ, como ya ha ocurrido reiteradamente en cada una de las campañas políticas llevadas a cabo en todos estos años y hemos informado de manera permanente en cada ocasión.

El 21 de octubre de 2015 OPI Santa Cruz publicó una nota titulada: “Sacaron los chicos y cerraron la Escuela Nº 1, para hacer el acto de cierre de campaña de Alicia y el FPV”, el título resume todo el contenido. El gobierno se apropiaba, como todas las campañas, de la exclusividad de realizar sus actos de cierre en las escuelas de la provincia.

El 23 de septiembre de 2015, otra de nuestras notas llevaba el título: “Protestas por la actividad política de Pablo Grasso en una escuela primaria. EL CPE habló, pero hay olor a “todo pasa” y en realidad, como el lector podrá comprobar, nada pasó.

O nuestra nota del 3 de noviembre de 2016 que señalaba “El gobierno usará las escuelas para hacer las elecciones internas del PJ provincial”, cuya decisión fue tomada unilateralmente, creando, como en este caso de hoy, las condiciones suficientes y necesarias para decidir lo que a ellos como gobierno y partido gobernante, les plazca y convenga.

Esto son solo algunos ejemplos recientes, pero en OPI hemos publicados muchas notas sobre el uso político para los operativos “limpieza y pintura” de La Cámpora, donde acudían con pecheras identificatorias y pancartas, jornadas de juegos y actividades las cuales se asemejaban más a una campaña de adoctrinamiento que hechos lúdicos o de entretenimiento para los chicos y siempre ha estado mezclada la política partidaria en cada acción del gobierno y sus autoridades.

La nueva Resolución del CPE, deja la posibilidad de que se “legalice” el uso político de las escuelas y le da discrecionalidad a quien decida quién lo puede hacer, a cerrarle las puertas a cualquier opositor y estará planamente fundado en las competencias que le da el instrumento legal.

El último gran hallazgo de la utilización política de las escuelas es la que figura en estos momentos en el sitio digital “La Vanguardia del Sur“, de Caleta Olivia. Allí bajo el título de “La Cámpora” organizó fiesta para los “peques” en la Escuela 43, queda evidenciado lo que en OPI venimos denunciando. No hay duda que para el FPV/La Cámpora, la Educación es un bien fungible y los recursos del Estado bienes de cuentapropistas. (Agencia OPI Santa Cruz)

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