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Los hermanos Prat detenidos. Se inicia el proceso judicial en contra de los petroleros que balearon a dos personas en Caleta Olivia

Los hermanos Prat detenidos. Se inicia el proceso judicial en contra de los petroleros que balearon a dos personas en Caleta Olivia

12:30 – Ayer se entregaron en la DDI de Caleta Olivia, los hermanos Fernando Rodrigo Prat (DNI 36221623) y Omar Alejandro Prat (DNI 25882138), ambos involucrados en la balacera producida en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia en contra de los hermanos Peredo, quienes fueron heridos en sus piernas al ser disparados al menos 12 tiros con una pistola 9 mm (arma de guerra), hecho que fuera filmado por una vecina e informado por OPI.Hasta donde esta Agencia tiene conocimiento, los detenidos se negaron a declarar y aún no pidieron su excarcelación.

La novedad de la detención de los Prat la confirmó a esta Agencia el abogado Alberto Luciani, quien representa legalmente a los Peredo. El letrado le indicó a OPI que en este momento se están presentando como querellantes a fin de poder tener acceso a la causa “Vamos a leer con detenimiento todo lo actuado y a solicitar medidas de pruebas como también que se mantengan detenidas a estas dos personas y luego se les aplique la prisión preventiva porque está demostrado que se fugaron después de los hechos, no estando a derecho ya que se entregaron con su abogado siete días después. Pero nosotros no solo nos vamos a quedar con la detención de ellos, sino pediremos la detención de otros dos hombres más que están identificados y también pertenecen al sindicato (de petroleros)”, señaló Luciani.

El abogado confirmó que inicialmente el Juez Gabriel Contreras del Juzgado Nº 2 no autorizó los allanamientos correspondientes, pero dijo tener información sobre nuevas medidas de pruebas pedidas hoy por la Fiscalía y las cuales habrían sido aprobadas por el magistrado; “no se cuáles son ni de qué se trata, pero tengo entendido que el Juzgado aprobó que se lleven a cabo”, remarcó.

El abogado se mostró cauto sobre la forma en que esta causa puede progresar, en virtud de las relaciones con el poder que se tejen detrás de algunos personajes en toda esta trama de delito “Tengo entendido que hoy hicieron una presentación en contra del Fiscal Sedán pidiendo medidas disciplinarias y esto es normal en la provincia, siempre que se tocan ciertos nervios vinculados al poder hay sectores que embarran la cancha y nos tratan de dejar afuera a quienes llevamos las causas”, dijo Luciani y recordó “En Santa Cruz no tenemos tribunal disciplinario donde nuestros propios pares nos juzguen por inconductas, debido a que carecemos de Colegio de Abogados, por tal motivo esa potestad disciplinaria la tiene el Superior Tribunal de Justicia; es decir, el mismo que nos cuestiona y acusa, es el que nos sanciona. Es insólito; Santa Cruz es la única provincia donde los abogados no estamos colegiados y estamos expuestos a esto”, se lamentó.

El Dr Luciani indicó que los hermanos Prat se entregaron junto a su abogado el Dr Edelcooc, quien es el Apoderado legal del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz. Al preguntarle si esto configuraba un claro lazo de pertenencia entre los imputados y el sindicato, el abogado lo confirmó diciendo “Los Prat también estuvieron implicados en la causa por el crimen de Reynaldo Vargas, de donde fueron sobreseídos, pero en aquella oportunidad el sindicato buscó el auxilio de un reconocido estudio de abogados de Córdoba y también estaba allí el Dr Edelcooc”.

Esta acción informada por Luciani es muy importante para destruir el argumento que pretenden esgrimir desde el Sindicato de Petroleros, toda vez que quieren hacer aparecer el hecho como un problema “entre personas” de lo cual el sindicato no tiene nada que ver. No obstante, Claudio Vidal pone todos los recursos económicos y legales a disposición de los Prat, sencillamente porque son firmes colaboradores de su entorno y pertenecen al círculo rojo de su gestión, como así también es gente estrechamente vinculada con su campaña política.

¿Será justicia?

Los actores, abogados, jueces, fiscales y defensores, tienen la palabra. Desde ahora comienza a transitar por la justicia de Santa Cruz un nuevo caso donde hay un grave delito sobre el cual proceder, los imputados son personas vinculadas a uno de los sindicatos más poderosos y con fuertes lazos con el poder, como ya ha quedado demostrado con el juzgamiento de los responsables por la muerte del obrero Reynaldo Vargas en el año 2016.

A partir de la aparición de los hermanos Prat, luego de estar profugados por siete días, comienza todo un proceso durante cuya instrucción veremos actuar a las distintas partes para determinar si se juzga y actúa con objetividad, tendenciosidad o se utiliza una premeditada acción para lograr ciertos resultados que apunten más a la impunidad y liberación de responsabilidades, que a la punición del gravísimo hecho ocurrido y la irrefutable responsabilidad que les cabe a los imputados por este delito.

En primer término es importante tener en cuenta la carátula que le imponga el juez Dr Gabriel Contreras, para tener en cuenta hacia qué lugar apunta la brújula de la justicia, teniendo en cuenta la gravedad de las acciones llevadas a cabo por los imputados.

Si bien la instrucción servirá para aunar pruebas que ayuden a delimitar responsabilidades, es importante recordar que los hermanos Prat hicieron abuso de armas, dispararon 12 tiros sobre las personas en la vía pública, con todo lo que ello implica y a todo esto se deben agregar dos datos que podrán agravar aún más todas estas condiciones y que ningún juez o fiscal podrá disimular.

La primera y fundamental es si los Prat tienen autorización para portar armas. Si así fuera, el juzgamiento podrá estar centrado en el abuso de armas y algunas penas menores, sin embargo si los hermanos Prat no están autorizados a portar armas, la situación se complica. Pero se complica judicialmente mucho más, si además el arma no es de ellos, si no es legal y si ninguno de ellos es Legítimo Usuario.

Si ni Omar ni Fernando Prat son Legítimos Usuarios, todo lo demás es absolutamente ilegal. Por lo tanto, les cabe todo el peso de la ley en materia de tenencia y portación de armas de manera ilegal, sobre lo cual la Ley 25.886 ANMAC (ex Renar) establece las siguientes penas:

“La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) años y multa de MIL PESOS ($ 1.000.-) a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). 

Si las armas fueren de guerra, la pena será de DOS (2) a SEIS (6) años de prisión. 

La portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de UN (1) año a CUATRO (4) años. 

Si las armas fueren de guerra, la pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a OCHO (8) años y SEIS (6) meses de reclusión o prisión. 

Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del máximo.

La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos.

En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años”.

En la nueva reformulación del Código Penal se acordó de pena de tres años y seis meses de prisión para los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y de guerra y para el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. El mínimo de la escala penal resultante determinará que las condenas serán de cumplimiento efectivo y no procederá la probation.

Con este cuadro objetivo y claro de penas y responsabilidades a la vista, ahora solo resta ver cómo actúa cada uno de los actores y fundamentalmente que decisión toma el Juez. (Agencia OPI Santa Cruz)

Santa Cruz

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