11:40 (OPI Chubut) – Lejos de lo que ocurre en Santa Cruz donde la obra pública sigue cartelizada y un grupo de empresas amigas siguen atadas a los dineros públicos y el gobierno dilapidando fondos en sobreprecios y retornos, en Chubut la causa “Revelación” cuya fase de instrucción terminará el 22 de marzo de 2019, se llevó a cabo una nueva audiencia en Rawson donde se sumaron once empresario más de la provincia que fueron imputados por presunto pago de coimas a funcionarios públicos para obtener a cambio las obras públicas que realizaba el gobierno provincial a cargo de Mario Das Neves.
Fueron acusados de entregar coimas al ex secretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, al ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagni, de Economía Pablo Oca y al ex presidente del Instituto de la Vivienda, Martín Bortagaray, completando con ellos 35 acusados de corrupción, investigación que tiene término el 22 de marzo de 2019.
De acuerdo a la presentación realizada por la Oficina Anticorrupción el total de las coimas asciende a $13.824.897, las cuales fueron pagadas por los empresarios a los funcionarios provinciales a cambio de obras por un total de $675.482.021.
Según consta en un detalle preciso realizado por el diario Jornada, Correa recibió dinero en al menos cuatro oportunidades, por $500 mil, $110 mil, $300 mil y $400 mil. Estos pagos permitieron que la empresa Diaz percibiera certificados de obra por $ 51.405.539. Los fiscales explicaron que una vez que Correa recibía la coima, avisaba a los por entonces ministros Pagani y Oca para que liberen las órdenes de pago.
En relación al empresario Massoud Ighani, habría hecho varios pagos a Correa durante 2016 y 2017 por $1 millón; $ 1,5 millón; $ 1 millón y un cuarto pago de $ 450 mil. Por estos pagos, la empresa cobró órdenes por $ 130.997.542.
Al cosntructor Javier Ban la acusación de la Unidad Anticorrupción le imputa haber pagado montos que enumeraron en: $150 mil, $600 mil y $300 mil. A cambio recibieron órdenes de pago por $68.796.456.
En relación a la empresa Pórtico, a su responsable se le imputa el pago de: $ 45 mil, $ 81.500 y tres cheques de $ 30 mil cada uno. Las obras que cobraron fue por $ 65.263.719.
Diego José Cagnolo, dicen los fiscales, pagó coimas por $150 mil, $126 mil, $320 mil y $123.400. A cambio recibió órdenes de pago por $ 33.381.235.
Para Pasquini, comerciante local la acusación enumeró pagos por $30 mil, $30 mil y $29.755. Por esto recibió órdenes de pago por $ 153.663, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público Fiscal.
En relación a Salvador Indómito, se enumeraron pagos por: $358.871, $ 546 mil, $401 mil, $186 mil, $ 309 mil, $280 mil, $602 mil y $ 728 mil. A cambio recibió órdenes de pago por $131.548.689.
Gatica, otro alineado con el circuito de las coimas, habría abonado retornos por $ 173 mil, $ 164 mil, $ 302 mil, $ 206 mil, $ 180 mil, $ 119 mil y $ 227 mil. Desde el Gobierno le abonaron obras por $ 61.656.883.
A Freile le imputan un pago de $ 360 mil y otro de $ 540 mil, para destrabar órdenes para su empresa por $87.205.282. Por último, se planteó que los empresarios locales Rossi y Riquelme hicieron pagos por $ 714 mil y por tal motivo IPE cobró $13.549.318.
En la audiencia Martín Bortagaray, ex presidente del Instituto de la Vivienda, declaró que en todo esto “no estaba solo” y de alguna manera vinculó al Ejecutivo provincial, en ese momento a cargo de Mario Das neves y el actual gobernador Mariano Arcioni, al indicar que habían establecido por memorándum que por cualquier contratación de más de 50 mil pesos ellos, los funcionarios, debían solicitar autorización, indicando que el IPV siempre le pagó a todas las empresas y si no alcanzaban los fondos, se abonaba un porcentaje de la deuda igual para todos los empresarios.
Cuando el Fiscal le pidió aclaraciones sobre los pedidos de autorización y si los mismos los impartían personalmente el gobernador (Das Neves) y/o el Cice gobernador (Arcioni), Bortagaray dijo que no tenían contacto con ello sde manera directa, sino que lo hacían a través del ex secretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.
Chubut, constituye la única provincia donde la justicia se encuentra investigando una megacorrupción similar a la de “los cuadernos” a nivel nacional, con una mecánica similar, salvando los montos y los personajes, pero donde el “mecanismo” es calcado: dar obra pública a quienes retornaban la coima.
Santa Cruz, provincia que limita con Chubut, no tiene en vigencia ni una sola investigación sobre la corrupción estatal y hoy (como años anteriores) el IDUV es la expresión más clara de la corrupción en la obra pública, los sobreprecios y el club de amigos de empresas que viven del Estado provincial, sin embargo no hay ningún fiscal o juez que se haya ocupado de investigar al poder. (Agencia OPI Chubut)
Todas las coimas mencionadas son para “agilizar pagos” pero nada se dice sobre posibles coimas para adjudicar las obras.
Aunque sea parcial es un importante avance.
Para que la provincia ubicada al sur de Chubut se contagie, habrá que esperar un cambio total de gobierno y también de la actitud de los pobladores
Estoy seguro que no va a pasar nada, en nuestra pseudo democracia donde la justicia no existe, nada de nada. Los cambios jamás vendrán de arriba, ni de los jueces ni de la casta política, sino hay conciencia en la sociedad nada cambiará.