11:10 La Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, acudió a la Cámara Federal para revertir la decisión del juez Casanello.
Por: Lucía Salinas
La Oficina Anticorrupción (OA) apeló la decisión del juez Sebastián Casanello de dictarle la falta de mérito a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En el escrito al que accedió Clarín el organismo que conduce Laura Alonso sostiene que “existen elementos para involucrar “ a la ex Presidenta en las operaciones de lavado por las que está acusado Lázaro Báez “y así dictar su procesamiento”.
Después de indagarla el pasado 18 de septiembre, Casanello consideró que aún “no existen evidencias que permitan conectar a la imputada Cristina Elisabet Fernández con las maniobras de expatriación de capitales aquí investigadas, las que, a su entender, de momento sólo parecen haber sido realizadas en beneficio de Lázaro Antonio Báez y sus hijos”.
Por tal motivo, dictó la falta de mérito de la senadora de Unidad Ciudadana ordenando una serie de medidas para continuar con la investigación.
En su resolución el magistrado había determinado que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia”.
En esta misma línea sostuvo que persiste la necesidad de “colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos”. De lo contrario -entendió Casanello-, la “atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo”.
El Juez se refirió citó la declaración de Leonardo Fariña, quien sostuvo que las maniobras investigadas “se hacían a espaldas de Cristina Kirchner”: “Los dichos de Leonardo Fariña son contundentes y opuestos: Lázaro se percibía a sí mismo como único dueño de esa fortuna y actuaba en consecuencia”. Sin embargo, el propio Fariña dijo a Clarín que la interpretación de sus palabras había sido manipulada.
La Oficina Anticorrupción se despegó de los planteos de Casanello. “No compartimos su apreciación en cuanto a que los dichos de Leonardo Fariña, ciertamente reveladores de los sucesos bajo investigación, sean opuestos a la hipótesis de los acusadores”, y marcaron que “en diversos pasajes de la declaración de Fariña surgen indicadores que permiten dar crédito a la imputación que se dirige a la expresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández”.
El fiscal Guillermo Marijuan imputó a la exmandataria como coautora de las maniobras del lavado de activos. En esta causa se determinó que entre 2010 y 2013 Lázaro Báez con la colaboración de 24 personas, blanquearon 60 millones de dólares.
Según el relato de Fariña, arrepentido en la causa, “Cristina Fernández le había preguntado a Lázaro Antonio Báez si estaba sacando dinero al exterior –según la advertencia realizada por la Embajada de Estados Unidos-, lo que fue negado por Báez -pese a que era cierto-, tras lo cual instruyó a Fariña a ser más cauteloso con tales movimientos”.
Para la OA esta declaración, es indicativa, por un lado, de que la ex Presidenta “tenía vocación de dominio sobre los fondos dinerarios canalizados en el exterior por Lázaro Báez y personas de su entorno; y, por otra parte, de que sabía –o consentía- cuando menos en forma genérica, las maniobras de expatriación, ocultamiento y exteriorización”.
También se refirieron a en el escrito a otro tramo de la declaración de Fariña, quien indicó que si bien el dinero de origen ilícito era “manejado por Lázaro Báez, en verdad era de propiedad de Néstor Kirchner” y agregó que tras la muerte de Néstor Kirchner, como Cristina Fernández “no estaba al tanto de todo lo que Báez “tenía, ella, junto con su hijo, fueron a reclamar a los empresarios amigos del marido lo que teóricamente era de él”.
En función de tales dichos, la OA sostuvo en su apelación que el hecho de la ex Mandataria “tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo, pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones –como es normal que ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su responsabilidad en el evento”.
Finalmente, señalan que el hecho que parte del dinero expatriado y utilizado para operaciones de lavado por parte de Báez, provinieran de los contratos de obra pública vial adjudicados por el gobierno de la actual senadora, “constituyen las diversas acciones, emanadas de distintos órganos estatales de poder durante su gobierno, tendientes a brindar protección administrativa y judicial a Lázaro Antonio Báez, tanto antes como después de aquella advertencia”. (Clarín)
