10:00 El Gobierno vigila de cerca a las organizaciones nacionales e internacionales altermundistas que prevén manifestarse durante la cumbre del G-20 . El Poder Ejecutivo estima que a esos colectivos pacíficos podrían plegarse otros grupos, de corte anarquista, que podrían irrumpir con actos violentos en horas de extrema sensibilidad y donde la Argentina tendrá los ojos del mundo.
Por: Maia Jastreblansky
El plan del Gobierno es proponerles un acuerdo a las organizaciones sociales que integran el movimiento Fuera G-20 – FMI para mantener su movilización controlada y lejos del perímetro de la cumbre. Incluso quieren proveerles un escenario. Voceros del colectivo anticumbre ya anticiparon a LA NACION que no quieren que “se reprima su derecho a manifestarse”. El recorrido que seguirá la marcha aún debe ser consensuado entre las organizaciones.
“Queremos que las organizaciones pacíficas se diferencien de aquellos que llegan para ejercer la violencia. Disponer de un espacio para que los manifestantes serios hagan su protesta y que no sean usados por los grupos anarquistas”, señaló a LA NACION un alto funcionario a cargo del operativo de seguridad del G-20. Otro funcionario encargado de la organización de la cumbre dijo que “sería ideal que las manifestaciones se concentren de la avenida Belgrano hacia el sur”, para evitar los traspiés con la seguridad del G-20.
El conjunto de organizaciones que integran la confluencia Fuera G-20-FMI tiene previsto realizar una “cumbre de los pueblos” en la Plaza del Congreso el jueves 29. Para ello están en diálogo con las autoridades de la Ciudad. La movilización más grande, sin embargo, sería el viernes 30, cuando se espera una masiva convocatoria.
Integran el colectivo anticumbre la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac), con sede en Francia; Action for Argentina UK y Anticapitalistas en Red, entre otras 22 organizaciones extranjeras. La pata local está integrada por 65 organizaciones. Entre ellas, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), CTEP, Barrios de Pie, Movimiento Evita, el MST y Diálogo 2000.
“Repudiamos el esfuerzo que hace el Gobierno para reprimir el derecho a manifestarse. Hay una campaña intimidatoria señalando a la organización como si fuera terrorista. Nos parece importante que la ciudadanía se movilice, queremos manifestar nuestra opinión y obviamente no queremos que nos acoten el lugar para manifestarnos”, dijeron a LA NACION los organizadores de la marcha.
En las puertas del G-20, el Gobierno parece estar lejos de alcanzar un acuerdo. El colectivo Fuera G-20-FMI llamó a movilizarse masivamente contra el G-20 y aseguró que existe “una fuerte campaña de hostigamiento y criminalización contra las organizaciones populares, señalándolas incluso como sospechosas de preparar acciones terroristas”.
En particular, enfureció la versión que circuló sobre una investigación oficial sobre los fondos de la filial argentina de la Attac, que está conducida por Beatriz Rajland, catedrática de 82 años de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Quien, meses atrás, hizo un primer puente entre algunas organizaciones sociales y el Ministerio de Seguridad fue el Ministerio de Desarrollo Social, de histórico diálogo con varias de las agrupaciones que participarán de la marcha. “Ni locos aceptamos un acuerdo de esas características”, señalaba ayer a LA NACION un referente de la CTEP.
El clima se enrareció y el Poder Ejecutivo extremó los controles por los actos de sabotaje de activistas anarquistas. “No vamos a opinar de esos hechos, nosotros nos hacemos responsables solo por lo que estamos organizando”, dijo una de las organizadoras de la marcha. (La Nación)
