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Abren un juicio político al juez que rechazó detener a Pablo Moyano

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10:00 Carzoglio tiene una causa por presunta asociación ilícita en el Club Independiente; también se inició un proceso contra Ordoqui, el integrante de Casación acusado de favorecer a una megabanda

Por: Marcelo Veneranda
El juez Luis Carzoglio, que cobró notoriedad el mes pasado al rechazar un pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano, y el camarista Martín Ordoqui, del Tribunal de Casación bonaerense, enfrentan desde ayer un proceso de juicio político que puede derivar en sus destituciones.

Carzoglio fue denunciado por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función. Ordoqui está acusado de favorecer a una megabanda que entrelazó a barras, policías y funcionarios judiciales. Los tribunales a cargo del proceso también dispusieron iniciar el tratamiento del apartamiento preventivo de ambos magistrados.

Por nueve votos contra dos, el tribunal constituido para evaluar al juez del Tribunal de Casación bonaerense Martín Ordoqui decidió iniciar el juicio político y el proceso para su apartamiento preventivo del cargo. Las disidencias fueron planteadas por el senador Sergio Berni y el diputado Mariano Pinedo, ambos del kirchnerismo.

La misma suerte corrió Carzoglio, el juez de Garantías de Lomas de Zamora , quien cobró relevancia el mes pasado por rechazar el pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano presentado por el fiscal Sebastián Scalera, que investiga al hijo de Hugo Moyano por hechos delictivos vinculados con la barra brava de Independiente. Carzoglio denunció “presiones” y “carpetazos” en su contra, y apuntó al jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand.

El juez no fue evaluado por ese hecho, sino por cinco cargos que apuntan a irregularidades previas. El tribunal conformado por legisladores y abogados de la matrícula bonaerense decidió iniciarle el juicio político y el proceso preventivo de apartamiento por ocho votos contra dos. Votaron por la negativa los diputados massistas Jorge D’Onofrio y Pablo Garate, que denunciaron una caza de brujas judicial por parte de Cambiemos.

La decisión del jury debe ahora ser comunicada a ambos magistrados para que la contesten en un plazo de cinco días, tras lo cual está prevista una nueva audiencia, el 4 de diciembre, en la que se podría resolver su apartamiento del cargo.

Ordoqui, que hasta hace tres meses presidía la Sala V del Tribunal de Casación bonaerense, es investigado por sus vínculos con la megabanda del exjuez César Melazo y está acusado de haber otorgado beneficios procesales a miembros de esa organización conformada por delincuentes, barras, policías y magistrados.

El puesto de Ordoqui, un juez al que se lo vincula con Aníbal Fernández, era determinante: Casación es la máxima instancia penal en la provincia.

Ordoqui también es señalado por haber cobrado dinero de Ariel Heine y Lidia Pernas, una pareja investigada por estafas inmobiliarias. En la operatoria también habría participado la secretaria del juez, Eugenia Mercado, y el operador judicial Enrique Petrullo (señalado como miembro de la banda de Melazo).
Hay testimonios, escuchas, audios y capturas de pantalla que ilustran todo el circuito.

Todos fueron detenidos, salvo Ordoqui, que tiene fueros como juez. Pero sí fue puesto bajo “licencia obligada” por la Suprema Corte, tras sumar imputaciones como jefe de una asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo y pasivo. Los tres cargos fueron aceptados por el jury.

A favor de declarar la competencia del tribunal y la apertura del juicio político votaron los tres representantes de Cambiemos en el cuerpo: los diputados Guillermo Castello y Sandra Paris y el senador Marcelo Dileo. También los cinco abogados de la matrícula sorteados: Juan Emilio Spinelli, Alicia Cristina Racig, Aníbal Juan Mathis, Fulvio Germán Santarelli y Ricardo Arturo Fabris.

El noveno voto fue aportado por el presidente de la Suprema Corte provincial, Julio Pettigiani, que encabeza el jury.

“La trascendencia del cargo que ocupa, los fueros de los que goza y la existencia de un requerimiento fiscal en su contra exigen la inmediata apertura del proceso para poder arribar a una rápida decisión en salvaguarda del prestigio judicial”, postularon desde el oficialismo.

La posición contraria, de Berni y Pinedo, apuntó a que un juicio político evalúa las conductas de los magistrados y la acusación de la fiscal Betina Lacki no aporta pruebas contundentes, sino expresiones y conversaciones de terceros.

Carzoglio fue acusado por cinco cargos: desde haber dictado orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas conexas, hasta haber resuelto beneficios para presos de expedientes ajenos, entre otras irregularidades de menor gravedad.

Lo que despertó el interés político y mediático por el accionar de Carzoglio no fueron las faltas que se le imputan, sino un hecho externo: la negativa a disponer la prisión preventiva de Moyano y las duras acusaciones que el juez lanzó contra el procurador general bonaerense, uno de los que le pidió su juicio político.

La semana pasada, Carzoglio afirmó que dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) visitaron su juzgado y le indicaron el “interés” del presidente Mauricio Macri por el expediente que investiga al clan Moyano.

Presidido por Pettigiani, el tribunal que definió la suerte de Carzoglio está integrado por los diputados París y Castello, y el senador Marcelo Pacífico, todos de Cambiemos, y los massistas D’Onofrio y Garate, además de los abogados Juan Emilio Spinelli, Jorge Martínez, Graciela Amione (ausente ayer), Jorge Álvarez y Pedro Arbini Trujillo. (La Nación)

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