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Nueva ofensiva del Gobierno para reducir las pensiones por invalidez laboral

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09:30 En 2006 había 170.000 beneficiarios, que crecieron durante el gobierno de Cristina Kirchner a 1.034.000; la cifra hoy se mantiene y se busca evitar que la depuración de los casos se judicialice

Por: Laura Serra
Tras el frustrado intento del año pasado, el Gobierno volvió a la carga y puso en marcha hace dos meses un nuevo plan para depurar el padrón de beneficiarios de pensiones que otorga el Estado por invalidez laboral. Las cifras son sorprendentes: en 2006, el número de personas que recibían este beneficio ascendía a 170.000; cuando Cristina Kirchner finalizó su mandato, el padrón ascendía a 1.034.743 beneficiarios. Una suba del 508% en nueve años.

Durante los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri la cantidad de beneficiarios aumentó levemente y alcanzó en 2017 a 1.048.000 personas. El boom de pensionados por invalidez le costará al Estado $114.000 millones el año próximo: además del pago del beneficio propiamente dicho ($6516 mensuales y $9122 en la Patagonia, donde se cobra un plus por zona desfavorable), el Estado también se hace cargo de los gastos de traslado y de rehabilitación de la persona con discapacidad, además de su cobertura médica.

Estos costos totalizan un promedio de $16.000 mensuales extras por cada pensionado, explicaron a LA NACION voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Convencidos de que heredaron una nómina inflada a fuerza de clientelismo político durante el kirchnerismo, en el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley , se instrumentó en 2017 un plan drástico de recorte y redujo en 71.700 el número de beneficiarios, entre suspensiones y bajas. La medida, por lo inconsulta y sorpresiva, desató una ola de pedidos de amparo ante la Justicia y el rechazo generalizado de la oposición y de las asociaciones de personas con discapacidad.

El Gobierno debió dar marcha atrás, despidió al funcionario responsable y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, a la cual se le trasladó la responsabilidad del pago de las pensiones por invalidez laboral. Hace dos meses su flamante titular, Santiago Ibarzábal, instrumentó un nuevo plan para depurar la nómina de beneficiarios: el objetivo es detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude.

El nuevo plan

Desde entonces ya se enviaron 9000 cartas documento; las personas intimadas son citadas a la Anses para que puedan ejercer su descargo y presentar las pruebas que, a su juicio, ameritan el cobro. Hasta ahora, 954 personas presentaron su descargo y se produjeron 403 renuncias.

Según explicaron en la Agencia Nacional de Discapacidad, la pensión no contributiva por invalidez solo puede ser asignada a aquellas personas que, por sus condiciones psicofísicas, se encuentran invalidadas para realizar cualquier actividad laboral. Para ello, el eventual beneficiario debe acreditar que posee una incapacidad laboral del 76%, que no recibe otro tipo de asignación estatal ni percibe otro tipo de ingresos, ni propios ni de su grupo familiar.

En buen romance, el Gobierno viró de una estrategia drástica de recorte de las pensiones a un procedimiento de depuración cuya efectividad tal vez no sea inmediata, pero que garantiza que no se judicializará. En la Agencia de Discapacidad no hay una estimación de la cantidad de incompatibilidades que se podrían detectar, aunque saltan a la vista situaciones anómalas que, sostienen, se deben corregir.

Hay casos llamativos. En la localidad de General Güemes, en Chaco, con 66.132 habitantes, hay 16.177 personas que perciben una pensión por invalidez laboral. El 24% de la población. Según un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago del Estero encabeza el ranking de provincias con más beneficiarios, con el 8,87% de su población que recibe la asignación. Le siguen Chaco (7,92%), Formosa (7,74%), Misiones (6,55%) y Corrientes (5,29%).

“En nuestro país no debería haber más de 200.000 o 250.000 pensiones por invalidez laboral -planteó Martín Lousteau (Evolución Radical) durante el debate por la ley de presupuesto. Hasta 2007 en la Argentina hubo 180.000 pensiones por invalidez y ahora hay 1.050.000. Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y 20.000 pensiones. En la Argentina hay 800.000 de más. Puede ser que se trate de asistencia social, pero no son pensiones por invalidez”.

Un sistema que siempre es motivo de fuertes controversias

La aplicación del decreto 432/97 en junio del año pasado implicó la suspensión de miles de pensiones por invalidez y fue un foco de controversias. Tras investigar y detectar irregularidades en la asignación de unas 70.000 pensiones por invalidez, el Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación había retirado esa cantidad de pensiones.

En aquella oportunidad se realizó un entrecruzamiento de datos en el que se precisó que 7000 titulares que recibían la pensión habían muerto y que 5600 no tenían el grado de invalidez que requería el decreto 432/97, firmado en 1997 por el presidente Carlos Menem. Sin embargo, en varios casos se denunció que el retiro de la pensión por invalidez se efectuó de manera errónea.

Por el efecto de los reclamos y el repudio que despertó la drástica aplicación de la medida, la cartera conducida por Carolina Stanley dio marcha atrás y restituyó los pagos. El Gobierno creó entonces la Agencia Nacional de Discapacidad.

El decreto 432 establecía que el Estado podía suspender la prestación cuando el beneficiario de la pensión no cumpliera con los requisitos. Según la normativa, la pensión la podían percibir personas con un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.

Como el año pasado en muchos casos se denunció la suspensión errónea del pago de pensiones, se estableció un número telefónico para que se comunicaran las personas que se encontraran en esta condición. Stanley reconoció que hubo errores y los casos que estuvieron “mal sacados” fueron revisados y se restituyeron las pensiones.

Ante la ola de críticas de parte de la oposición, que sostenía que el decreto era inconstitucional, el Ministerio de Desarrollo Social negó en ese momento que se estuviera realizando una “baja masiva” y consideró que la oposición hizo un uso político del asunto “para generar pánico”.

En simultáneo, en junio del año pasado la Oficina Anticorrupción (OA) abrió una investigación alrededor del otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo. (La Nación)

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