12:10 Lo definió el gremio que conduce Piumato. Este martes habrá movilización y el jueves, huelga.
Por: Ignacio Ortelli
En un nuevo capítulo que suma tensión institucional, y a horas de que la Corte Suprema se expida sobre cuestiones clave, como si los jueces tienen que pagar Ganancias, el Gobierno le negó los fondos que había pedido el Alto Tribunal para hacer frente al 20 por ciento de aumento previsto en la recomposición salarial de 2018 con los empleados judiciales.
Advertidos de las situación, adelantada por Clarín, desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que lidera Julio Piumato, lanzaron una movilización para este mediodía al Palacio de Justicia y confirmaron un paro para este jueves. “Repudiamos esta flagrante atropello a la independencia del Poder Judicial. Hasta que no se decida esto, vamos a paralizar la Justicia”, adelantó Piumato a Clarín.
Mediante una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el Gobierno se excusa de no haber respondido antes el pedido de un refuerzo presupuestario de $ 1.605 millones de pesos realizado por la Corte en octubre, luego de acordar con los judiciales una suba salarial nominal del 40%. “No fue respondida previamente por encontrarse en tratamiento el Presupuesto 2019 recientemente aprobado”, explica la misiva de Jefatura de Gabinete dirigida a los ministros del Alto Tribunal.
Ya en la respuesta concreta al pedido, Peña remarca “el esfuerzo que realizan el Gobierno, los gobiernos provinciales y otros poderes del Estado” y sostiene que “la modificación de las partidas presupuestarias, tal como fuera solicitada, afecta fuertemente los recursos del Tesoro”.
En ese sentido, el jefe de Gabinete pide que “en un marco de esfuerzos compartidos”, la Corte disponga que, el incremento salarial del 10% previsto para diciembre de 2018, “se otorgue en el próximo ejercicio fiscal”. Es decir, ya con la aplicación del nuevo Presupuesto. “En febrero, como la Administración Nacional”, agregaron desde el Gobierno.
En tanto, Peña anunció que para acompañar el incremento del 10 por ciento dispuesto por la Corte para el mes de octubre, va a modificar partidas del actual ejercicio.
Como publicó Clarín, el tema de los fondos que necesitaba la Corte Suprema había estado sobre la mesa en el almuerzo que mantuvo Mauricio Macri con el presidente del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, a principios de mes.
Fuentes que siguen de cerca la pulseada dicen que la medida de Peña lógicamente no cayó bien en el Alto Tribunal y deslizan que excede a lo que definirá este martes la Corte Suprema, respecto a si los jueces designados a partir del 1 enero de 2017 deben pagar Ganancias, como establece la ley 27.346 impulsada por este Gobierno, o deben ser beneficiados por el régimen que gozan los magistrados más antiguos.
Esas voces consultadas sostienen que podría ser una represalia por un eventual revés para el Gobierno en el fallo por el reajuste jubilatorio que, según el calendario que fijó la Corte, se tratará el 10 de diciembre. “Marcos está caliente porque sale en contra el fallo de jubilados y pisa los fondos”, apuntaron fuentes judiciales.
¿A qué se refiere? Al caso que tiene como protagonista a un jubilado, Luis Blanco, que demandó al Estado para que se actualicen sus haberes en función del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) y no con el Ripte, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, que se usa para actualizar el mínimo no imponible y las escalas del Impuesto a las Ganancias. El Gobierno recurrió a este índice para calcular los reajustes de haberes en la Reparación Histórica.
Sucede que Blanco obtuvo fallos favorables -es decir, que se pague con el ISBIC- antes de la sanción de esa ley en 2016. Por lo que la definición de la Corte Suprema de Justicia podría afectar a decenas de miles de jubilados en su misma condición. Al Gobierno, en tanto, podría afectarlo presupuestariamente, dado que una actualización con ese índice arroja incrementos mayores al Ripte.
Entre tantos tironeos, que se dan entre los cambios que se produjeron en la Corte luego de la asunción de Carlos Rosenkrantz en la presidencia y la salida de Ricardo Lorenzetti, el paquete de temas clave que debe definir la Corte y de alguna manera impactarán en el Gobierno incluye la constitucionalidad de la aplicación del 2×1 en las causa de delitos de lesa humanidad, voto previsto para el 4 de diciembre; y de la ley de lemas en Santa Cruz, siete días más tarde.
En este contexto, los judiciales presionarán a la Corte para que cumpla con lo acordado. Pero responsabilizan al Gobierno. “Esto va más allá de un cuestionamiento del Gobierno a un acuerdo salarial. Este gobierno había prometido cumplir con los fallos de la Corte y ahora quiere marcarle la agenda. Pedimos que la Corte ratifique el aumento salarial con una acordada”, agregó Piumato. (Clarín)
