10:30 La ministra de Seguridad defendió el nuevo protocolo que amplía las posibilidades del uso de armas de fuego en las fuerzas de seguridad.
Tras la entrada en vigencia del nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, la polémica creció en las últimas horas en torno a que los efectivos de las fuerzas federales de seguridad tendrán amplia disposición para disparar a delincuentes, entre otras cosas, sin la necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa. Para muchos sectores, esa decisión es una “carta blanca” para los agentes.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó esas acusaciones y aseguró que el nuevo protocolo cumple con las disposiciones de las Naciones Unidas y facilitará el combate contra el delito.
“Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro donde está el bien y donde está el mal”, afirmó este martes la funcionaria.
En declaraciones a radio Con Vos, Bullrich sostuvo que “cuando se genera una doctrina clara hay menos muertes de policías y menos muertes de civiles”, y afirmó que “todo exceso no está contemplado en este reglamento, está contemplada una conducta adecuada, eficiente y correcta”.
Según la funcionaria, el cambio “favorece a la Policía y a los civiles” y advirtió que si un agente” está pensando que lo van a meter preso de por vida, no va a hacer nada” frente a un hecho delictivo.
“Estamos en el año donde menos policías y civiles han muerto, producto de que está cambiando la doctrina. Este reglamento va en favor de la gente. Que el policía pueda defender a la gente y a sí mismos. ¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué los policías portan armas? Para defender a la gente”, subrayó.
Bullrich dijo también que “el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere en manos de un delincuente”, y aseguró que “el problema de violencia que tiene el país es de los delincuentes, que no valoran la vida de un ciudadano”.
Respecto a las particularidades del nuevo protocolo, la ministra aclaró que “la regla general es que el policía siempre tiene que dar la voz de ‘alto’, estando o no uniformado”, y dijo que “la excepción es solo en situaciones en las que dar la voz de alto significaría ponerse en una situación de total inferioridad porque descubriría la posición en la que está el policía”.
“El reglamento tiene un principio general que es que la actuación se da cuando hay un caso inminente de peligro”, agregó.
Frigerio: “No es una licencia para matar”
Otro de los funcionarios que defendió el nuevo reglamento fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien aclaró que la medida “está lejos de ser una licencia para matar o un protocolo que permita que permita algo que no ocurre en otros países”.
“Es aclarar un poco la forma en la que se tienen que manejar las fuerzas de seguridad frente a un riesgo de vida. Es lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, no es algo que hemos inventado nosotros”, sostuvo.
En declaraciones a radio La Red, el funcionario advirtió que “no tiene nada que ver con la pena de muerte” y subrayó que servirá “para cuidar a la gente y a nuestras fuerzas de seguridad”. (Clarín)
Desde mi punto de vista, ni el Presidente ni los ministros, senadores o diputados que expresan opinión serán los responsables de procesar y calificar la acción de los miembros de las FFSS nacionales. En otras palabras, hablan gratuitamente sin asegurar que el poder judicial considere los términos de este decreto en sus actos.
Jueces y Fiscales (los que sí han de procesar a los miembros de las FFSS) no han emitido palabra alguna -o no se les conoce opinión- y el ministro de Justicia tampoco ha hecho pública la suya así como las instrucciones que pudiere haber dado al poder Judicial en su conjunto, al menos en el fuero federal.
Recordemos que casos similares han formado parte de la Historia Agentina y generaron un sinfín de marchas y contramarchas legales. Por ejemplo, el decreto 2772/75 del gobierno democrático de Isabel Martínez y los otros 3 decretos similares sobre aniquilamiento de fuerzas subversivas fueron ejecutados por el miembros del Ejército Argentino y cientos de ellos están hoy (43 años después de la firma) en prisión sin sentencia definitiva.
Viendo esto en perspectiva, se puede pensar que algunos jueces encontrarán la forma de no aplicar este decreto (ver nota titulada “El “factor interpretativo” de la ley, puede hacer que una masacre sea solo un acto voluntario de no matar más gente…”)y llegar a conclusiones totalmente opuestas a las que se muestra en los considerandos de reciente decreto.
Todo ocurre como si ésta fuese otro humeante anuncio oficial mientras se desarrolla una trampa legal para los miembros de las FFSS.
Como siempre opino, más vale una baja deshonrosa que un ascenso post mortem.