10:30 La empresa brasileña es señalada por pagar coimas en nuestro país por 35 millones de dólares. La Oficina Anticorrupción es la querellante.
Por: Lucía Salinas
La Oficina Anticorrupción pidió que sea elevada a juicio oral la causa donde el ex ministro Julio De Vido quedó procesado por favorecer a Odebrecht, la constructora acusada de pagar sobornos en nuestro país por 35 millones de dólares.
El juez Daniel Rafecas procesó al ex ministro kirchnerista por negociaciones incompatibles junto a Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar Batista, en la causa conocida como “Skanska II”, donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña.
Durante la instrucción, y tal como confirmó la Cámara Federal porteña, se determinó que los ex funcionarios del área de Energía, en calidad de coautores, junto a De Vido, “realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”.
En cambio, fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial.
Después de la confirmación de las acusaciones, la OA que conduce Laura Alonso -en su rol de querellante-, presentó ante el juez Rafecas el pedido de elevación a juicio oral. “Está la necesidad de legitimar en esta causa a quienes habrían sido los partícipes que, dentro de la estructura de Odebrecht habrían contribuido con sus acciones a que los actuales imputados pudieran haber actuado de la manera que lo hicieron”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.
Sin embargo, el organismo del Gobierno sostiene que “es muy probable que sea de una magnitud más intensa” la maniobra investigada y que trascienda a “las negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública”.
Así, la OA indicó que este hecho “puede ser sólo una acción dentro de un universo más amplio, que abarque más conductas y hasta incluso concursar con otros delitos en caso de comprobarse que las negociaciones incompatibles fue sólo una porción de un plan que atravesó más de una conducta o infringió de manera independiente más de una infracción”.
Así, se hace referencia a la segunda parte de la investigación centrada en el presunto pago y cobro de sobornos en relación a la obra de ampliación de gasoductos.
El presupuesto de la obra bajo investigación por diversas irregularidades fue de más de 2.347 millones de dólares. Se calcula que los sobreprecios podrían haber superado, tal como publicó Clarín, los 800 millones de dólares.
El proceso licitatorio que llevó al menos dos años y más de 72 actuaciones administrativas, arrojó diversas irregularidades que condujeron al juez Rafecas a citar a declarar a De Vido y otros ex funcionarios vinculados al contrato.
Para realizar el proyecto se creó un Fondo Fiduciario en el marco del extinto ministerio de Planificación Federal. Durante todo el proceso “se habría defraudado a la administración pública” y los funcionarios responsables de la obra, tal como señaló el fiscal Federico Delgado al pedir el llamado a indagatorias, “incumplieron con sus deberes ejecutando negociaciones incompatibles con sus funciones”.
Se observó la existencia de una “posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos”, expresó Rafecas en su momento.
Así, se desprende del análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos que fueron parte del proceso licitatorio que inició el 6 de julio de 2005 por parte de ENARGAS .
Entonces, la obra tenía una valor de U$S 1.427 millones. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el costo ya era superior a los U$S 2.347 millones.
Durante la instrucción se dio por probada la “existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht”, resalta el escrito de Rafecas al que accedió Clarín.
La obra se gestó en el Ministerio de Planificación Federal. La ex Secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron fue responsable de organizar cada instancia de la obra; sin embargo, ENARGAS intervino en la decisión en la fijación de los costos y los valores finales que objetaron la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Julio De Vido está acusado de haber”creado el marco normativo” para que desde Energía, “en negociación” con Odebrecht, se procediera al llamado a “licitación privada” a través de las empresas licenciatarias Transportadora Gas del Norte SA (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).
Estas firmas se negaron a participar del procedimiento y fue convocada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht.
El juez señaló que el procedimiento se hizo “al margen del régimen de contrataciones” que contempla la ley y con “marcado direccionamiento” en favor de Odebrecht que tuvo 60 días para el diseño de una estructura financiera, mientras que su competidora Benito Roggio, apenas cinco días hábiles. (Clarín)
