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Tres hijos de Luis D’Elía van a juicio por sus cargos irregulares en la ANSeS

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09:30 Fueron procesados por haber ingresado sin el título secundario. Pueden recibir multas y una inhabilitación.

Por: Lucía Salinas
La causa donde tres hijos del ex piquetero kirchnerista Luis D’Elía fueron procesados por haber aceptado ocupar cargos en la ANSeS para los que no reunían los requisitos mínimos que prescribe la ley, irá a juicio oral y público. Así lo dispuso la jueza María Servini.

El juicio estará a cargo de Sergio Torres, quien deberá definir por la acusación contra Facundo, Pablo y Luis Ignacio D’Elía. Fueron procesados por haber ingresado a la ANSeS sin tener título secundario, y por el artículo 253 del Código Penal que prevé penas de «multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años» para el funcionario público «que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales».

En junio del año pasado, Servini procesó sin prisión preventiva a Facundo Nahuel (de 30 años), Pablo Emanuel (32) y Luis Ignacio D’Elía (23), quienes ocuparon altos cargos gerenciales en la ANSeS durante el gobierno de Cristina Kirchner, sin reunir el requisito de contar con al menos secundario completo.

Junto con la decisión, se les trabó embargo de 12.500 pesos sobre bienes y dinero de los procesados.

En ese fallo se ordenó el procesamiento de Julio César Casavelos y de Paula Sabrina Torres, quienes deberán responder por el delito de proposición o nombramiento para un cargo público de quienes no cumplían los requisitos legales, «al haber suscripto los contratos de trabajo a plazo fijo de los nombrados D’Elía en sus condiciones de Gerente General de Recursos Humanos y Gerente de la Gerencia de Administración de Personal y Relaciones Laborales de la ANSeS respectivamente».

La jueza Servini había citado a indagatoria a Diego Bossio y a Carlos Tomada, al encontrarlos partícipes de las medidas administrativas que posibilitaron que los hijos de D´Elía sean nombrados en el organismo, ya que fueron quienes firmaron las designaciones en los tres casos.

La causa se inició en 2014 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, por irregularidades cometidas en el ingreso de los tres a la Anses en 2008, pues se cuestiona que no contaban con título secundario y no estaban suficientemente capacitados para el puesto.

Los tres hijos del ex piquetero K quedaron procesados por el artículo 253 del Código Penal, referido a delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que reprime con multa tanto al funcionario que nombre a quien no cumpla con los requisitos como a aquel que aceptare el cargo. Servini había archivado la causa, pero se reabrió por insistencia del fiscal Germán Moldes.

D’Elía polemizó cuando sus hijos fueron despedidos con el cambio de gestión. Aseguró que tenían título secundario y que los echaban «por el delito de ser mis hijos». Ahora fueron procesados y embargados pero por un delito previsto en el Código Penal.

Lo cierto es que en el fallo de la jueza se planteó que al momento de ingreso de los tres hijos del dirigente K a la Anses estaba vigente el Convenio Colectivo de Trabajo, actualizado ese mismo año, que preveía como condición la tenencia de título secundario.

«Tampoco procede toda vez que los antecedentes laborales que mencionaran los hermanos Pablo y Facundo D’Elía en sus respectivos currículos laborales no pudieron ser constatados a lo largo de la presente encuesta», sostuvo la jueza.

Tal cual recordó la Cámara Federal al reabrir la causa que había sido archivada, los nombramientos se oponían a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, que exigía «que el personal designado en las aéreas administrativas y de servicios generales de la institución cuente con título secundario».

Entre otros aspectos, Servini indicó: «A dicho informe debe sumársele la falta de respaldo documental a la hora de presentar sus respectivos currículum, en tanto del análisis de los legajos personales no surge ningún tipo de acreditación, certificado o constancia que permitiera aseverar la experiencia informada, como así tampoco se ocuparon de acreditar dichas circunstancias a la hora de ofrecer sus respectivos descargos, limitándose únicamente a cuestionar la finalidad de la presente Investigación», añadió Servini. (Clarín)

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