12:30 La Cámara Nacional Electoral decidió ayer que la denuncia por aportantes falsos declarados por Cambiemos en su campaña de 2017 sea investigada por la Justicia Electoral y no la penal.
Por: Paz Rodríguez Niell
El tribunal resolvió un conflicto de competencia entre dos jueces radicados en La Plata: Ernesto Kreplak, juez federal penal, y Adolfo Ziulu, subrogante del único juzgado federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires.
Los castigos en materia penal son más severos que las sanciones del fuero electoral -que para casos así pueden llegar a ser una pérdida de aportes y la inhibición para el representante de la alianza-, pero los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera afirmaron que “el control de legalidad” de la declaración de aportes “se encuentra expresamente a cargo de la jurisdicción especializada” del fuero electoral. Por eso ordenaron que sea Ziulu quien siga adelante con la investigación y que Kreplak le remita todo lo que tenga en su causa.
Lo denunciado es que Cambiemos consignó aportantes falsos en su rendición de cuentas posterior a la campaña del año pasado de las elecciones de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. El caso se inició por una nota publicada en El Destape, que daba cuenta de cientos de personas que recibían planes sociales o que estaban bajo la línea de pobreza y aparecían, no obstante, como financistas de la campaña oficialista con supuestos aportes de entre 300 y 1500 pesos.
Las primeras investigaciones judiciales corroboraron, con declaraciones testimoniales de personas que aparecían como aportantes, que en las listas figuraba gente que en realidad no había hecho donación alguna.
Esta semana, LA NACION informó que Cambiemos rectificó su presentación anterior y sacó de su informe de financiamiento electoral más de un centenar de nombres. Los peritos de la Justicia Electoral revisarán ahora la nueva presentación.
En su fallo de ayer, los camaristas Dalla Vía y Corcuera sostuvieron que el caso debió haber estado siempre en manos de Ziulu. “Los hechos que fueron denunciados ante el fuero penal debieron indudablemente haber sido dirigidos al juez federal con competencia electoral”, afirmaron. Dijeron que “la recta interpretación” de la ley de financiamiento de los partidos así lo impone; que lo cuestionado son “los datos incluidos en el informe final de las campañas” de 2017, que fue presentado ante la Justicia Electoral y que “constituye el instrumento de rendición de cuentas con el cual se inicia, en el fuero electoral, el procedimiento de control de financiamiento” que prevé la ley. Explicaron que se hacen públicos los informes justamente porque eso puede ayudar a que se detecten irregularidades.
Los camaristas alegaron que además de ser este fuero la jurisdicción especializada para entender en el caso, corresponde que ahora intervenga solo el juez electoral por “razones de seguridad jurídica”, para evitar “eventuales sentencias contradictorias”.
Verificar la autenticidad de la declaración de aportes privados es “una labor de rutina” de los contadores de la Justicia Electoral, afirmaron Corcuera y Dalla Vía. Los camaristas explicaron que los contadores “regularmente proponen a los jueces” que se tome un muestreo de quienes figuran como aportantes y se les consulte si efectivamente lo fueron. Relataron que esto pasó en las primarias de Cambiemos, cuando “el auditor solicitó que se cite a diferentes personas que reciben planes sociales y figuran como aportantes”.
Los camaristas advirtieron que su decisión de darle “prelación” a la Justicia Electoral en el control del financiamiento no implica que “pueda afectarse el avance de causas penales, a partir de la afirmación de pretendidas vinculaciones entre los hechos que en ellas se investigan y el patrimonio de los partidos políticos o el financiamiento de sus campañas electorales”.
Es una referencia a causas tales como la de los cuadernos de las coimas, donde en la investigación de presuntos sobornos hubo acusados que dijeron que el dinero era para financiar campañas.
El fallo de ayer dice también que si “en los procesos de control patrimonial partidario el juez actuante advirtiese la presunta comisión de un delito que no fuese de su competencia” remitirá una copia de lo detectado a la Justicia penal para que entonces sí inicie una investigación propia. (La Nación)
