De acuerdo a un llamado a indagatoria efectuado por el Juez Claudio Bonadío, una serie de ex funcionarios del gobierno kirchneristas seránllamados a declarar, luego que a fines de agosto el fiscal Guillermo Marijuanpidiera la detención de todos ellos. Se trata de todos los vinculados con la construcciónde la usina de Río Turbio, causa que fue reabierta por la justicia, cuando los “cuadernosde Centeno” echaron luz sobre la corrupción existente en el entorno delgobierno anterior, destaca hoy Infobae.
De acuerdo a la misma noticia las indagatorias se extenderánhasta el 11 de enero y se sabe que Bonadío habilitó la feria judicial, lo cualaugura una actividad inusual en Comodoro Py. Los llamados a indagatoria estáncentrados en Julio de Vido y RobertoBaratta y la próxima semana el ex Inspector de Obra de la CentralTermoeléctrica de Río Turbio, NéstorPrades. Las declaraciones continuarán el 3 de enero con varios de losprotagonistas de la otra causa Río Turbio como el ex coordinador General deYacimiento Carbonífero Río Turbio, MiguelÁngel Larregina y, al día siguiente, el ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral. Entre el 7 y 9 deenero se espera a los responsables del grupo empresario Isolux-Corsan: Juan Carlos de Goycoechea, el primer arrepentidoen la causa de los Cuaderenos, Ernesto Alejo Maxit, Mario Maxit y AlejandroKoweindl. El 10 de enero declararán ex interventores de YCRT Rolando Aramini y Atanacio Pérez Osuna (preso por otra causa de Río Turbio) y al díasiguiente cerrará la lista el ex gobernador Daniel Peralta, quien había presentado un pedido de eximición de prisión apenas se enteró que el fiscal Marijuan pedía su arresto.
Bonadío consideró que “los elementos que se han ido incorporando a la causa tanto por su especificidad como por su volumen y ahora sí “se ha configurado el grado de sospecha suficiente” para llamar a indagatoria a los imputados, expresa Infobae.
“Se habría perpetrado un significativo perjuicio patrimonial al erario público a raíz de la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, lo cual comprende tanto los actos llevados a cabo por los funcionarios públicos y directivos de la contratista que intervinieron en el trámite de la licitación 12/06 del Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad ‘llave en mano’ que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional“, consideró el juez. La investigación, dijo Bonadio, incluye “los actos llevados a cabo concomitante y posteriormente portal de funcionarios y directivos de la UTE contratista durante la construcción“. Según el diario, el dictamen de Marijuan dice expresamente: “El procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux. A ese resultado –beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra“. (Agencia OPI Santa Cruz)
