En una inédita disputa interna, le quitan poder al presidente de la Corte

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Lorenzetti, Rosatti y Maqueda firmaron una acordada que dejó a Rosenkrantz sin el manejo administrativo del Poder Judicial; ya no podrádecidir contrataciones, conceder licencias ni revisar sanciones

Por: Paz Rodríguez Niell

Una nueva mayoría se consolidó en la Corte Suprema y tomó ayer una decisión que vacía de poder al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, en el manejo administrativo y económico del tribunal.

Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda resolvieron que el presidente ya no podrá decidir contrataciones en el Poder Judicial por sí solo, y que serán necesarias las firmas de al menos tres ministros.

Ese acuerdo de tres puede incluso no incluir al presidente.O sea que Rosenkrantz perdió la facultad de nombrar gente por sí mismo -como hizo durante años el presidente anterior, Lorenzetti- y ni siquiera será necesaria su conformidad, de aquí en más, para la toma de decisiones que hacen a la organización interna del Poder Judicial.

La reforma se dispuso con la oposición de Rosenkrantz, que presentó una disidencia, y sin que opinara la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, que finalmente no firmó ninguna de las dos opciones.

La acordada donde se establece esta nueva forma de funcionamiento del máximo tribunal es la 44/2018. Se firmó después de que laCorte se pronunció en el fallo Blanco, que fijó una fórmula de reajuste de las jubilaciones en contra de las pretensiones de la Anses, es decir, del Gobierno.

Rosenkrantz, en su voto en disidencia, también propuso que las decisiones administrativas ya no sean tomadas unilateralmente por el titular del cuerpo, pero dijo que debían ser adoptadas por el presidente con la anuencia de al menos otros dos ministros dependiendo del área de que se tratará.

Además, propuso que se dictara un “reglamento de contrataciones” para el Poder Judicial, con reglas objetivas que incluyeran una “evaluación de las necesidades y requerimientos” de la oficina judicial en cuestión, y de “la trayectoria profesional y académica de los postulantes”. Todo esto, escribió el presidente, “buscando que los mejores postulantes sean elegidos”. La mayoría nada dijo de esto.

Para Rosenkrantz, la decisión que tomaron ayer sus pares es ilegal. Fuentes de su vocalía dijeron a LA NACION que estaban analizando incluso la posibilidad de presentar una denuncia judicial.

Según él, toda contratación requiere un crédito presupuestario y el Congreso decidió otorgarle al presidente de la Corte la facultad de ejecutar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. El argumento de Rosenkrantz es que únicamente el titular del tribunal tiene”la libre disponibilidad de los créditos” que la ley de presupuesto le asigne al Poder Judicial, “sin más restricciones que las que la propia ley determine en forma expresa”.

Los jueces que conformaron ayer la mayoría sostuvieron en cambio que la Constitución Nacional avala el nuevo reparto de poder que ellos diseñaron. En su acordada citaron el artículo 113 de la Constitución Nacional, que dice que “la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados”. Argumentaron que ese artículo se refiere a la Corte”en su conjunto” y no solo al presidente, y dijeron que, por ende, eso solo puede ser leído como una decisión de los constituyentes de que el”gobierno” del máximo tribunal quede “sujeto a la participación de todos los jueces” que lo integran.

Lorenzetti, Rosatti y Maqueda sostuvieron en su voto que en1961 la Corte había delegado en la presidencia “las funciones de superintendencia”, salvo situaciones excepcionales que hicieran necesaria la intervención de los demás ministros, y que en 1990 la Corte también había delegado en su titular ciertas facultades referentes a “nombramientos, renuncias y aplicación de determinadas medidas disciplinarias”.

Ayer sostuvieron que era el momento de dar marcha atrás y recuperar, como cuerpo, todas esas atribuciones. “Con el objeto de afianzar la participación y profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones, el tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia y sujetarlas al principio de la mayoría”, escribieron Lorenzetti, Rosatti y Maqueda.

Y fueron todavía más lejos. En tiempos en que Rosenkrantz pretendía modificar la estructura de la Administración General de la Corte -que está en manos de Héctor Marchi, hombre de extrema confianza de Lorenzetti y uno de los objetivos que tiene en su mira Elisa Carrió-, la nueva mayoría incluyó en su acordada un punto que dispone “ratificar la política presupuestaria, económica y financiera basada en los criterios de responsabilidad fiscal aplicada por esta Corte”.

Nada dice la acordada acerca de modificar la oficina de Marchi ni de establecer nuevos mecanismos de control en materia de manejo de dinero que funcionen por encima de él. (La Nación)

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