El Gobierno leyó en clave política el fallo de la CorteSuprema que mejoró el cálculo de las jubilaciones que están en litigio y que resultó adverso para la Anses, al tiempo que buscó minimizar el impacto que tendrá en las cuentas públicas.
Por: Maia Jastreblansky
Si bien en Balcarce 50 esperaban una resolución desfavorable, la decisión del máximo tribunal planteó el peor escenario para la gestión de Mauricio Macri porque, amén de extender la fórmula más beneficiosa para todos los jubilados en juicio, también derivó al Congreso la potestad de regular la materia, en desmedro del Poder Ejecutivo.
“La de los jubilados es una deuda del gobierno anterior donde, a pesar de tener índices de inflación elevados, entre el año 2002 y 2008 no reconocieron la movilidad para las jubilaciones”, señaló ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Fue también un tiro por elevación a Sergio Massa, quien fue director ejecutivo de la Anses hasta 2007. Ayer, el líder del Frente Renovador dijo que “la Corte Suprema corrige los errores del Gobierno”. Dujovnesalió a su cruce. “El fallo corrige errores del gobierno kirchnerista y especialmente de la gestión de Massa en la Anses. Unos 85.000 jubilados murieron durante el kirchnerismo sin una actualización de sus haberes”,dijo.
En un voto conjunto por la mayoría, ayer los jueces de laCorte Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti les dieron la razón a los jubilados en litigio y ordenaron que se aplique el Índice deSalarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) y no el índice deRemuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), impuesto por el Gobierno y que da un cálculo menos favorable para los jubilados.
El máximo tribunal además derivó el debate al Congreso para que “en un plazo razonable” determine el indicador definitivo para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial.
“El fallo aplica a determinados casos. Es el caso deLucio Orlando Blanco, aplicable a otros casi 12.000 casos que cuando se vayan validando tendrán un costo fiscal anual de 700 millones de pesos”, evaluó ayer Dujovne. Así se refirió a los otros 11.766 expedientes similares al deBlanco que esperan en la Corte Suprema.
La resolución que emitió ayer el máximo tribunal, sin embargo, también sienta jurisprudencia para otros 150.000 jubilados cuyos haberes fueron calculados entre 2002 y 2008, que tampoco ingresaron en la propuesta de la Reparación Histórica y que están en juicio con distinto grado de avance.
Desde el Gobierno hoy no quisieron estimar el gasto que significaría el fallo para todo el universo de jubilados en juicio. Consultado por LA NACION, Basavilbaso dijo que “es difícil todavía hacer un cálculo”, ya que “es muy variable”.
En esa línea, Dujovne dio una pista de las expectativas delGobierno para limitar el impacto futuro sobre las arcas públicas: “Si podemos avanzar en un índice que sea sancionado a través del Congreso, puede quedar acotado a los 12.000 casos. Todo depende del ritmo legislativo”. Agregó que el Gobierno aún no decidió cuándo impulsar el tratamiento parlamentario.
El Gobierno buscó minimizar el impacto a corto y mediano plazo que tendrá la readecuación de las jubilaciones. Sobre todo, de cara al compromiso fiscal asumido con el Fondo Monetario Internacional. “Estamos reduciendo el déficit primario de los 375.000 millones de pesos a cero. Hay que poner en contexto los $700 millones en estos $375.000 millones”, dijo Dujovne.
Sin embargo, antes de que la Corte se pronunciara, la Anses había advertido que “readecuar las jubilaciones judicializadas según el Isbic pondría en riesgo extremo la sustentabilidad del sistema”.
La sombra del PJ
Aunque intenta moderar su discurso, la gestión de Macri ve al fantasma del PJ detrás del fallo de la Corte Suprema. “Lo que está en juego es el período en que Sergio Massa y Roberto Lavagna no actualizaron las jubilaciones. Derivando el tema al Congreso, ahora el ala peronista de la Corte le hace un guiño a la política para que resuelva el tema”, se indignó un alto funcionario del Gobierno en diálogo con LA NACION.
Lorenzetti, Maqueda y Rosatti consideraron inconstitucionales las resoluciones de la Anses 56/2018 y de la Secretaría deSeguridad Social 1/2018, que fijaron el Ripte para calcular las jubilaciones, y derivaron la discusión al Congreso.
Elena Highton de Nolasco coincidió en declarar inconstitucionales las resoluciones emitidas por el Gobierno, pero reconoció la competencia de la Anses en la materia y limitó los efectos de la decisión al caso Blanco, sin pronunciarse sobre las demás causas. El presidente de laCorte, Carlos Rozenkrantz, consideró que el Poder Ejecutivo puede ejercer la atribución de fijar el índice.
Otro de los miembros de la mesa judicial calificó como”político” al voto en tándem de Lorenzetti, Rosatti, Maqueda.”Está en la misma línea que la resolución que le saca poder de administración al presidente de la Corte”, agregó, en alusión al escrito firmado también ayer que le quitó el manejo del tribunal a Rozenkrantz. Otro colaborador de Macri en los tribunales acotó: “Llama mucho la atención que lo hagan extensible a todos los jubilados en juicio, es un disparate jurídico que muestra a toda luz que es para complicar al Gobierno”. En ese sentido, desde la mesa judicial de Macri consideraron “más razonable” el fallo de Highton de Nolasco. (La Nación)
