09:30 – La niña de 11 años que había sido violada fue sometida ayer a la madrugada a una cesárea en el Hospital del Este, donde estuvo internada durante varias semanas a la espera de que se autorice la interrupción del embarazo, tal como ella había solicitado en cámara Gesell.
Por: Fabián López
La intervención se realizó casi dos meses después de que el caso salió a la luz, a fines de enero último, cuando la madre de la víctima la llevó a un centro de atención primaria por un dolor de panza y los médicos descubrieron que cursaba un embarazo de 16 semanas. La niña contó que había sido abusada por la pareja de su abuela, un hombre de 66 años que está detenido por disposición de la fiscal María del Carmen Reuter.
Tal como había informado LA NACION, la niña finalmente fue sometida a una cesárea debido a que el embarazo superaba las 23 semanas de gestación y “su cuerpo no estaba lo suficientemente desarrollado”, según explicó Cecilia Ousset, la ginecóloga que participó de la intervención. La profesional, que no trabaja en el hospital donde tuvo lugar la operación, debió actuar de emergencia con la asistencia de su esposo, el doctor José Gigena, porque todos los médicos y enfermeros que cumplen funciones en ese centro sanitario se opusieron a participar. Apelaron a la “objeción de conciencia”.
El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) había comunicado anteayer por la tarde a la Justicia que “en función de lo peticionado por la niña y su progenitora” se iba a hacer la interrupción del embarazo al atender las disposiciones del fallo “FAL”, dictado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia establece que la interrupción del embarazo es no punible en caso de violación tanto para la víctima como para los profesionales que hagan la práctica. Mediante una nota, el organismo también había aclarado que se continuaría “con los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”.
Según informó Ousset, la niña, tras ser sometida a la cesárea, quedó internada y bajo control médico para su recuperación, mientras que el bebé fue entubado y posteriormente colocado en una incubadora. Se encuentra en estado grave. La profesional detalló que se enviaron muestras del cordón umbilical y de la placenta para que sean constatadas con el ADN del violador.
Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que una de las razones por las que se demoró la intervención fue que la madre de la víctima no pudo firmar la autorización. Esto debido a que la mujer perdió la tutela legal en 2014, cuando su expareja, imputada en otra causa, había abusado de las dos hermanas de la niña. Se aclaró que tampoco pudo firmar la petición de interrupción la abuela de la menor porque quien la violó fue su pareja. Finalmente, las autoridades sanitarias cedieron frente a la presión que ejercieron tanto la familia como distintos actores sociales y permitieron que la madre de la víctima sea quien formalice el pedido de interrupción del embarazo el viernes pasado. El lunes último, intervinieron en el caso las ONG Andhes y Cladem para exigir “que sean respetados los derechos de la niña violada y su voluntad de interrumpir el embarazo”.
El caso conmocionó a los tucumanos y generó reacciones de distintos sectores, tanto de quienes vienen bregando por la legalización del aborto como de aquellos que se oponen. (La Nación)
