09:10 – Así lo establece la ley de ética pública que presentó el Gobierno; se regula el conflicto de interés
Por: Laura Serra
El Poder Ejecutivo pretende hincar el cuchillo en el poder de los sindicatos y apunta a uno de sus puntos más sensibles: el patrimonio de sus principales jerarcas.
En efecto, con el proyecto de ley de ética pública que acaba de presentar en el Congreso se obliga a los directivos de las asociaciones gremiales y de obras sociales a presentar sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales. De no hacerlo, no podrán continuar en sus cargos hasta subsanar la omisión.
Este segmento de la iniciativa es fuertemente resistido por los líderes sindicales, muchos de ellos con amplios intereses económicos.
El proyecto propone perfeccionar el sistema de declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios de los tres poderes del Estado.
En este sentido, no solo regirá un formulario único con control anual para verificar eventuales irregularidades, sino que además establece que este debe ser público.
Este es un punto que históricamente ha generado resistencia en ciertos sectores de la Justicia , sobre todo en la Corte Suprema .
La iniciativa, que el Gobierno presentó anteayer en la Cámara de Diputados, contempla además de un nuevo régimen de declaraciones juradas normas específicas y regulatorias sobre conflictos de intereses, contratación de familiares y recibo de obsequios, entre otras cuestiones.
La elaboró la Oficina Anticorrupción, comandada por Laura Alonso , en conjunto con la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, a cargo de Fernando Sánchez, y la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial. Asimismo, recibió el aporte, vía consulta pública, de distintas ONG dedicadas a la materia.
“Ya transcurrieron más de 18 años desde la sanción de la primera ley de ética pública, por lo que resulta necesario introducir modificaciones con objeto de adecuar sus disposiciones a los nuevos tiempos y tecnologías, procurando mejorar las herramientas destinadas a prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública”, fundamentó el Gobierno.
El nepotismo es otro de los puntos claves de la iniciativa: en este sentido, se hacen extensivas a los tres poderes del Estado las restricciones que hoy están vigentes en la administración pública nacional.
Entre ellas, la prohibición al Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y los funcionarios con rango y jerarquía equivalentes designar parientes hasta el segundo grado en el sector público nacional.
La propuesta agrega una prohibición similar para secretarios, subsecretarios (o funcionarios con rango y jerarquía equivalentes), máximas autoridades de entes descentralizados, senadores, diputados, auditores generales de la Nación, defensor del pueblo y magistrados y secretarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, en sus respectivos ámbitos.
Asimismo, el proyecto propone la regulación integral de los conflictos de intereses, un tema espinoso para el Gobierno si se considera la cantidad de exempresarios que hoy cumplen funciones públicas. En este sentido, se prevén deberes y prohibiciones adicionales para los funcionarios de más jerarquía.
Por ejemplo, se regulan las participaciones societarias de los funcionarios del sector público nacional con jerarquía de subsecretario o superior (con la previsión de que deban constituir fideicomisos ciegos en algunos casos), para quienes también se establece un deber de exclusividad.
Como otra novedad, los diputados y senadores deberán informar los intereses privados que tuvieran en relación con los proyectos en los que intervendrán.
En materia de obsequios, el proyecto extiende a los tres poderes del Estado el régimen que actualmente solo atañe al Poder Ejecutivo.
En este sentido, se prohíbe recibir obsequios con motivo o en ocasión del desempeño de las funciones, salvo que se trate de regalos de cortesía o costumbre diplomática.
El proyecto prevé que se puedan pagar total o parcialmente gastos de viaje necesarios para la participación de funcionarios en conferencias, actividades culturales y similares cuando no provengan de personas con derechos o intereses que pudieran verse afectados por el organismo donde se desempeña el funcionario. (La Nación)
