Concejal Martínez de Caleta Olivia fue detenido y arreció la controversia por el uso político del caso

13:00 – El 21 de marzo de este año hicimos una nota donde dábamos cuenta de que el bloque de concejales de Cambiemos en Caleta Olivia, no se hacía cargo de las acusaciones contra un edil de ese espacio político, quien tenía dos denuncias por abuso de menores, una de esas denuncias por haber intentado cambiar un lugar entre sus colaboradores, por favores sexuales de una menor.

Pues bien, en vez de ser separado del cargo, como hubiera correspondido hasta aclarar su responsabilidad en los hechos, su propio partido evitó administrar una medida preventiva de este tipo y a pesar de ser una denuncia que viene arrastrando prácticamente desde el inicio de su ingreso al CD, un par de días después de nuestra nota, Rubén Martínez fue detenido por orden del Juez Gabriel Contreras.

Junto con su detención se desató una serie de hechos políticos de gran importancia en Caleta Olivia, puesto que el concejal del FPV Pablo Calicate, el mayor impulsor de la separación de Martínez, junto con el apoyo político de su sector y ayer por unanimidad con los ediles de Cambiemos pidió y logró la suspensión del concejal acusado y también desafectaron de sus funciones a cuatro colaboradores de Martínez y a su abogado Marcelo Magallán, éste último, además de ser abogado personal del concejal, cumple funciones como asesor legal del Concejo Deliberante, razón por lo cual fue suspendido preventivamente. Desde el FPV indican que no fueron ellos sino Aybar, Presidente del CD del bloque Cambiemos, quien tomó la decisión de apartar al concejal sin goce de haberes, los colaboradores e inclusive el abogado.

Desde Cambiemos, por su parte, le enrostran al FPV que mientras Aybar tomó una medida preventiva a la vista de toda la comunidad, el FPV (por ejemplo) se ha encargado de proteger al Intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, a quien los concejales de esa ciudad le otorgaron una “licencia con goce de sueldo”, siendo que el ex intendente fue preso por el delito de corrupción.

Todo esto generó un tsunami de reclamos, protestas, discusiones y todo tipo de improperios en la sesión accidentada que se vio cruzada por gritos, insultos de un lado y otro, pues algunos vecinos concurrieron al recinto para defender al concejal acusado, mientras otros aludían a “que por fin habían hecho justicia”.

Dudas, sombras y grises

Ahora se generó un mar de dudas sobre si la detención de Martínez es o no legal, por cuanto Caleta Olivia no tiene Carta Orgánica y se rige por la Ley Provincial Nº 55 donde se establece la “inmunidad funcional” para los integrantes del poder legislativo, con lo cual no pueden ser detenidos excepto por orden de un juez y plenamente fundada o en caso de flagrancia (encontrarlo consumando un delito). El cuestionamiento legal sobre la detención de Martínez es que éste no tiene ni siquiera resulta su situación procesal y no fue indagado. En tanto, advierten las fuentes del derecho, a nivel nacional la senadora Cristina Fernández fue procesada varias veces con prisión preventiva, reafirmada por la Cámara y la CSJ y sin embargo, Pichetto y Cia la protegen mediante los “fueros”.

El Código Procesal Penal de Santa Cruz, establece que luego de la detención se debe pasar a una declaración indagatoria y de ahí el Juez tiene 10 días para resolver la situación procesal. Es el caso del Concejal Martínez, pareciera que no se aplican los mismos principios y esto huele a la intromisión de la pata político-partidaria del FPV/PJ en la provincia, desde donde ven con gran entusiasmo que finalmente se despeja un lugar en el CD de Caleta Olivia, con la salida anticipada de Martínez y todos sus colaboradores.

Sin el menor espíritu de exculparlo, defenderlo o sacar de foco el grave problema que enfrenta Martínez, se hace clara la movida política detrás de su desplazamiento (Absolutamente merecido si le imputan tan graves delitos) y hoy se están objetando las acciones tan rápida del juez y la falta de medidas procesales, a pesar de ser un caso que ya lleva algunos años, donde se involucra a Martínez en presuntos casos de abuso a menores.

Otro de los hechos evidentes que ponen de manifiesto la forma con el cual se tratan temas similares, pero se presentan de distinta manera, es la difusión que se hace de este caso y el seguimiento sistemático de la noticia por parte de algunos medios claramente alineados con el FPV y en algunos casos claramente pautados por organismos manejados por los “dueño de la política de Caleta”, como es el caso de Ditrigas SA, que preside Fernando Cotillo, hombre que fue tres veces Intendente de Caleta y tiene proyectos para seguir manejando el poder en la zona norte.

Medios medio

Otra de las observaciones que no han pasado desapercibidas para quienes analizan el contexto político-comunicacional de la provincia, es el tratamiento disímil de noticias más o menos con un mismo sentido o hilo conductor, cuando se trata de delitos aberrantes como el de abuso o violación, que, claro está, merecen toda la difusión posible, independientemente que los actores pertenezcan al círculo más íntimo del poder o allegados al mismo.

Sin embargo, solo para ejemplificar lo distinto de un trato y otro, digamos que en el caso de Rubén Martínez los diarios no ahorran conceptos duros y directos para referirse al concejal suspendido y los presuntos delitos de los cuales se los acusa, pero buscando en los archivos, encontramos que no le dieron el mismo trato a un pariente de un personaje político del FPV de Caleta Olivia, cuyo sobrino cometió un delito y su apellido ni siquiera apreció en los titulares.

Se trata de Exequiel Quintana, sobrino del ex diputado del FPV Alexis Quintana. El joven está involucrado en un caso de violación de una menor de 16 años (en ese momento) en Playa Unión (Chubut), hecho que se produjo en el 2012 cuando Quintana junto a 5 amigos abusaron de una mujer que los denunció con nombre  y apellido. La investigación llevó a que recientemente se produjera un allanamiento en Caleta Olivia y un medio digital de la ciudad tituló: “Allanamiento en Caleta Olivia en la casa del hombre involucrado en la violación en manada”, evitando referir a Exequiel Quintana en el título (aunque sí lo indica en el cuerpo de la nota), lo cual es tomado por quienes analizan el tema político, como una forma de atenuar el impacto de la noticia, que conlleva el nombre de una familia tradicional de Caleta.

“Fijate que en el caso de Martínez no lo bajan de las portadas, con fotos a todo color y títulos bien claros con su nombre en primera plana no ahorran calificativos, pero en el caso de Quintana, nada o poco dijeron y por supuesto, ni lo mencionaron en los titulares y mucho menos pusieron fotos de él en los medios”, nos confió nuestra fuente.

Ezequiel Quintana (DNI 35.568.413) es joven abogado y sobrino de Alexis Quintana . Mientras estudiaba la carrera de abogacía, su tío, por entonces diputado por el pueblo de Caleta Olivia, lo incluyó en la nómina de ñoquis de la legislatura provincial a instancias del entonces Presidente de la Cámara Fernando Cotillo. El joven aparece en uno de los listados que OPI publicó con los que figuran cobrando de la legislatura provincial. Quintana es socio en el estudio jurídico de Juan José Naves (también concejal con licencia), quien se desempeña hoy como Gerente de Servicios Públicos, quien a su vez es cuñado de Cotillo quien es socio de Alexis Quintana.

Como verá el lector, sobran razones para que las noticias no se den como deben darse, cuando la repercusión negativa está garantizada. (Agencia OPI Santa Cruz)