09:50 – Horizontalidad, pluralidad y una mayor participación colegiada en la toma de decisiones administrativas y para decidir la agenda de las próximas sentencias. O nuevos embates para limar el poder del presidente Carlos Rosenkrantz . Este proceso, que puede llamarse de un modo o de otro según quien lo bautice, sigue profundizándose en el seno de la Corte Suprema , en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde priman los modales florentinos a pesar de que la tormenta hace vibrar los vitraux.
Por: Hernán Cappiello
Rosenkrantz, solitario a la hora de votar, como sucedió en el último fallo en el que se estableció que es inconstitucional cobrarles el impuesto a las ganancias a los jubilados que perciban más de 62.462 pesos, sufrió esta semana un nuevo recorte en su poder para gestionar el Centro de Información Judicial (CIJ), el sitio web en el que se publican las sentencias de la Corte y de los tribunales inferiores.
Fue la represalia por el discurso de apertura del año judicial, hace 15 días, y que reiteró esta semana, en el que postuló que la Justicia carece de legitimidad y que los jueces deben dejar de moverse por intereses políticos. Sus colegas de la Corte no conocían el texto del discurso y no estaban de acuerdo con su contenido. Se lo hicieron saber.
Este embate a fondo, sin embargo, no incluye forzar la renuncia de Rosenkrantz a la presidencia de la Corte. Le queda aún un año y medio de mandato, que Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda no están dispuestos a interrumpir forzando una votación anticipada para elegir nuevo presidente.
Distinto sería si Rosenkrantz diera un paso al costado, pero nada de eso está en su ánimo. Ya les dijo a sus colaboradores que no piensa renunciar. Resistirá.
La primera medida de los tres jueces para recortar el poder de Rosenkrantz fue tomada a fines del año pasado, cuando el trío que conforman Ricardo Lorenzetti, Maqueda y Rosatti le quitó al presidente la facultad de contratar y nombrar empleados. Desde ese día, las decisiones administrativas de la Corte pasaron a ser controladas por quienes reúnan tres firmas. Con estas tres firmas le sacaron a Rosenkrantz el control del CIJ, un espacio clave para controlar la difusión de las decisiones de la Justicia.
Esta escalada que lima el poder del presidente se profundizará con nuevas medidas internas orientadas a la gestión del tribunal. Resta definir, por ejemplo, un cambio en el área de auditoría de la Corte, que aún continúa dentro de la órbita de la administración. Es un despropósito que el administrador se audite a sí mismo. Se manejó el proyecto de trasladar el área al pleno de los jueces, pero Rosenkrantz entendió que era una facultad del presidente. No hubo consenso. Ahora, el trío volverá a la carga con esta idea.
Otras iniciativas están ligadas a limitar la cantidad de recursos de queja y extraordinarios que circulan por las vocalías, instrumentando un sistema de control de los requisitos formales de los recursos antes de tramitarlos.
Rosenkrantz llegó a la presidencia el año pasado en una jugada sorpresiva en la que Rosatti le dio su apoyo y se sumó Elena Highton de Nolasco, impulsada por Elisa Carrió.
La suma de estas tres voluntades desplazó a Lorenzetti de la presidencia de la Corte tras 11 años y puso fin a una gestión caracterizada por su personalismo y su férreo control de la toma de decisiones. Pero al mes de asumir Rosenkrantz se encontró con que quienes lo habían apoyado le daban la espalda. Rosatti se realineó con Lorenzetti y Maqueda.
De hecho, en las últimas reuniones del año pasado con el jefe de Gabinete Rosenkrantz atinó a leerle los temas de la agenda que tenía prevista la Corte para 2019. Elena Highton lo interrumpió. “Carlos, eso no lo consensuamos”, le dijo delante de Marcos Peña. La agenda de causas, consensuada, se hizo pública a comienzos de este año.
Peña se transformó en el único interlocutor reconocido por la Corte. A aquella reunión fue acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero los jueces -excepto Highton- prefieren a Peña, con quien dicen que están forjando una relación constructiva. No se aprecia, sin embargo, en el impacto de las últimas sentencias sobre jubilaciones y coparticipación.
Estos fallos significaron un agujero fiscal para el Gobierno. Y los que se vienen irán en el mismo sentido: se prevén una decisión sobre el destino del fondo sojero (junio) y otra para devolverle la coparticipación a Santa Fe (fines de abril o mayo), entre otros.
Esta nueva dinámica de la Corte empoderó a los ministros más relegados durante la gestión Lorenzetti. Dicen en la Corte que a Maqueda se lo ve rejuvenecido.
A ese cisma se suma la obsesión de Rosenkrantz por buscar cambiar la imagen del Poder Judicial. Por eso fue que advirtió que los magistrados no deben dictar sentencias movidos por intereses políticos. Los jueces de Comodoro Py eran mimados por Lorenzetti. Era y es su interlocutor. De hecho, tras el cambio de manos, el CIJ volvió a publicar los fallos de los jueces de primera instancia. Una evidencia de la perdurabilidad de las viejas lealtades.
Rosenkrantz nunca recibió a estos jueces y ellos no fueron a su despacho. El titular de la Corte cree que son parte del problema y los jueces prefieren tomar distancia.
“Las disputas internas no son nuestro problema”, dicen en Comodoro Py, donde, de todos modos, hay matices. Sebastián Casanello hace la suya. De hecho, fue al acto de la Corte. Lo mismo Daniel Rafecas y Sergio Torres. El primero ya se ve en la Cámara Nacional de Casación. El segundo, en la Corte bonaerense.
Mientras el caso de los cuadernos atraviesa los pasillos de los tribunales por la situación del fiscal Carlos Stornelli, en la Corte también se corren. Esperan la llegada de la causa para bajar línea: “Importan las investigaciones, no los nombres”, repiten, para dejar en claro que lo central es preservar la causa de corrupción más importante del país. No en vano, en lo que denominan “un gesto de ecuanimidad”, acordaron por unanimidad asignarle un auto y dos contratos al juez Alejo Ramos Padilla, que investiga a Stornelli. (La Nación)
