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Fiscal interpreta que las juezas de Caleta Olivia solo cometieron “abuso de autoridad” y el caso por tráfico de un bebé podría ir rumbo a la nada

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16:30 – El 28 de marzo de este año OPI publicó una nota donde se daba cuenta de un delito cometido en Caleta Olivia, donde con la complicidad de la Directora del Hospital zonal Pedro Tardivo, la Dra Patricia Zari, se realizó una maniobra que contaría con la complicidad de las magistradas titulares de Juzgado Civil, Malena Totino, y del Juzgado de Familia, María del Rosario Álvarez, quienes habrían facilitado las condiciones para que su hermana, la jueza del Juzgado del Menor, Angélica Popis Zari, adoptara ilegalmente una bebé nacida el 22 de febrero. La maniobra, pasó por encima de la Ley de Adopción y todas las instancias oficiales determinadas para el caso, inclusive la existencia de un padrón de 70 familias esperando adoptar legalmente en esa ciudad.

Si bien hubo una acción rápida del gobierno provincial para “hacerse cargo” del problema que involucra, no solo a una directora de hospital sino a tres juezas, una de ellas hermana de la ex directora del nosocomio y favorecida directa con la maniobra de adopción ilegal, en realidad esa acción tiene más bien visos de no permitir que la sangre llegue al río, especialmente en el tema judicial, lo cual pone a toda la justicia de la provincia en un serio compromiso ético, sino, al propio gobierno, teniendo en cuenta que los jueces fueron colocados allí por el FPV.

La primera acción en este sentido fue pedirle la renuncia a la Directora del hospital, Dra Patricia Zari. Para ello se apersonaron en Caleta Olivia la Ministro y abogados oficiales quienes “inmediatamente iniciaron un sumario interno” de rigor, pero que supone no se llegará a conocer realmente cuáles fueron los alcances de la responsabilidad de la médica involucrada. Sacarla de la escena, supone (tal la premisa del gobierno), enfriar el tema de la bebé entregada por el hospital a la Jueza Zari, al menos esa era la maniobra urdida, que no pudo concretarse por una denuncia de una periodista de la provincia. La defensa esgrimida por la ex Directora del Hospital Tardivo fue “que la bebé nunca había dejado el hospital”, hecho irrelevante, ante el ilícito que cometieron para fraguar los papeles, en complicidad con sectores de los juzgados locales.

Sobre la cuestión judicial (lo más grave para el gobierno) el Fiscal Federal pidió el Jury de enjuiciamiento de las juezas involucradas en los hechos y aquí el gobierno “tomó el toro por las astas”, con el fin de “parecer que hace”, pero tratando (en lo posible) de resguardar a las juezas involucradas y en las últimas horas se conoció que el Fiscal del Juzgado Nº 2 de Caleta Olivia Carlos Borges, solicitó que las tres juezas sean investigadas por el delito de “abuso de autoridad”, una figura relativamente grave pero lejos del flagrante delito en la que se verían involucradas quienes tuvieron participación en lo que constituyó un virtual tráfico de personas o apropiación de bebés, al serle quitada la criatura a una adolecente madre y fraguar una adopción. Todo esto con la gravedad que implica la calidad de los funcionarios (judiciales y de la salud) involucrados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2012 mediante una sentencia en el caso “FORNERON E HIJA VOS ARGENTINA”, condenó al Estado Argentino a que “adopte todas las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños, de manera que el acto de entrega de los menores a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, inequívocamente constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

¿Y ahora?

Con el pedido del jury a las juezas involucradas, sonó la alarma amarilla en el gobierno y en la justicia provincial particularmente. De hecho, el Superior Tribunal de Justicia, quien debiera haber actuado de oficio en el caso, no lo hizo. No inició sumario e investigación alguna, no apartó a los letrados ni tomó a su cargo la tarea de investigar y aclarar las responsabilidades compartidas de las magistradas acusadas de este gravísimo delito.

Por otro lado el Tribunal de Enjuiciamiento no existe como tal  y de acuerdo a las denuncias de la diputada Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano) el hecho de que quienes lo conforman (irregularmente) fallen en este caso, constituye  un punto clave para que las magistradas queden liberadas de toda responsabilidad en el corto/mediano plazo. También puede pasar que las irregularidades con la que se conformó dicho Tribunal, dé lugar a que se invaliden los procesos del jury, algo que podría ser buscado por el propio gobierno para demoler la medida en contra de las tres juezas.

La principal irregularidad es que el Tribunal de Enjuiciamiento no está compuesto por un abogado, al menos,  y esto es así porque el único letrado en la Cámara de Diputados es José Blassiotto del Frente Renovador, quien hasta diciembre de 2018 insistía con su nombramiento por derecho adquirido ante el organismo de juzgamiento de jueces; sin embargo el FPV nunca lo habilitó, usando la mayoría de manos que cuenta en las legislatura.

Pero acá comienza a darse una situación más sugerente aún. En lo que va del año José Blassiotto no volvió a insistir por su inclusión como parte del Tribunal de Enjuiciamiento y tal como lo informáramos hace unas semanas en OPI, esta actitud se debería a una “negociación” entablada por Blassiotto con el Presidente del Cuerpo, el vicegobernador Pablo González, ya sea para conformar un bloque unipersonal como para estrechar lazos de colaboración con el FPV.

Llamativamente (o no tanto) José Blasiotto, ante los hechos de dominio público no volvió a exigir ante la Cámara de Diputados, ser parte del Tribunal, teniendo en cuenta que es el único abogado que existe entre los 24 diputados actuales de la provincia.

Este accionar o no accionar del diputado del Frente Renovador deja más afirmaciones que sospechas. Desde la Cámara de Diputados, las fuentes informaron a OPI que la única más comprometida con insistir en el Jury y la conformación legal del Tribunal de Enjuiciamiento con el abogado de la oposición en la terna, es la profesora Gabriela Mestelán, en cambio Blassioto, indican las fuentes, dejó deslizar que “habló con integrantes del STJ” y que “presentaría un Amparo”, pero hasta el momento, oficialmente no hizo ni una cosa ni la otra.

Si esta situación avanza y se confirma, una vez más la política se estaría metiendo de lleno en un tema tan delicado como un grave delito contra menores, cometido con la presunta partición de jueces provinciales y un diputado opositor que no hace nada para generar los mecanismos de transparencia que le permita expedirse y actuar en contra de aquellos magistrados que tengan responsabilidad primaria en los hechos relatados. Esto, claro está, indicaría un acercamiento claro del frente Renovador de Santa Cruz con el gobierno de Alicia Kirchner, a pesar del acting llevado a cabo por Sergio Massa, quien cuando estuvo en Río Gallegos para la asunción del Obispo, evitó la foto con Alicia Kirchner. (Agencia OPI Santa Cruz)

4 Comentarios

  1. Es una verguensa que opi sea el único medio que se anima a contar la verdad. Que provincia chota con gente chota y gobierno de mierda no ademas con periodistas comprados y de recontra mierda.
    Aca en Caleta ni una palabra todo lo que tiene que ver con las juezas es secretos de estado. manga de chotos……../// digan la verdad asquersos!!!!!!!

  2. pero miren a las viejas zorras aprovechan que son jueses y se dedican a delinquir jajaja ahora la bruja mayor no sabe como tapar la cagada con tierra jajajaja que madne a facundito a tender la cortina de humo

      • Eso ya se lo escuche a la Krispada y perdio como una perra, y digamos que la Kachavacha no ganó en la provincia, salió segunda cómoda y tuvo que pedirle una mano a Peraltin para poder decir que es gobernadora, y ni hablar del Mínimo que corriendo dos salió segundo y lejos.

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