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Lázaro Báez más complicado: lo procesaron por evasión agravada y lo embargaron en U$S 45 millones

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07:30 – El juez López Biscayart procesó al dueño de Austral Construcciones, tres de sus hijos y directivos de su grupo empresarial por evasión fiscal agravada.

Por: Daniel Santoro

El juez penal económico Javier López Biscayart procesó ayer a Lázaro Báez, tres de sus hijos y directivos de Austral por haber evadido impuestos falseando declaraciones, con facturas truchas y usando créditos fiscales inexistentes entre el 2008 y el 2014 y embargó al dueño de Austral Construcciones en la cifra récord de 2 mil millones de pesos, unos 45 millones de dólares. Ya está procesado por la ruta del dinero K, direccionamiento de la obra pública, Hotesur y Los Sauces, entre otras causas. La pretensión fiscal de la AFIP por la evasión en todos esos años de las empresas del Grupo Austral llegaría a “más de 20 mil millones de pesos”, según fuentes judiciales.

El magistrado le dictó el procesamiento sin prisión preventiva pero el artículo 2 de la ley penal tributaria 24769 que prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión y una máxima de nueve años de prisión. Así que si es condenado en un juicio oral en esta otra causa sumaría otra sentencia de cumplimiento efectivo y una multa millonaria. El año pasado, López Biscayart había dictado un primer procesamiento por evasión agravada pero para períodos fiscales anteriores al 2008 y con un embargo de 250 millones de pesos. La causa se abrió en el 2013 por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.

En una resolución de más de 300 páginas, el magistrado también procesó a Martín, Leandro y Luciana Báez y a los directivos o contadores de sus empresas Hugo Uribe, Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Emilio Martín, María Cristina Gonzalez, Tomás Garzón, Eduardo Larrea y Eduardo Arrejin. Además, citó a indagatoria al abogado Jorge Chueco, el mismo que intentó fugarse a Paraguay en el 2016, dejó una supuesta carta suicida y hoy está siendo juzgado en el juicio oral por la ruta del dinero K, y a Gastón Lemoine, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La disolución de la delegación Bahía Blanca por parte del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el 2013, entre otras maniobras evitó que el juez López Biscayart investigara a Báez en aquel momento en que se había descubierto una usina de facturas truchas en esa ciudad. La AFIP bajo el control de Echegaray omitió darle a ese juez informes con los verdaderos números de la evasión. Recién, tras el cambio de gobierno y el aporte del ex director de Interior de la AFIP Jaime Mecikovsky, se pudo hacer la verdadera determinación de la deuda fiscal. En Bahía Blanca funcionó una usina de facturas truchas vinculadas al ex novio de la vedette Mónica Farro, Juan Suris.

En la minuciosa resolución de López Biscayart, se cita la registración irregular en los balances o emisión de cheques dudosos de parte de “Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Valle Mitre SA, Austral Agro SA, Conde Marketing SA, Víctor Masson Trasportes Cruz del Sur SRL, Jose Luis Espinosa, Vialtec SA, Consultarq SRL, Dionicio Miranda Orosco, Héctor René Jesus Garro, Humberto Víctor Navarro, Strella Construcciones SA y AC SRL”.

El juez dio, además, por probada una maniobra de repatriación de fondos de parte de un fideicomiso que iba a construir, supuestamente, un hotel en Cayo Chapel frente a Bélice, el mismo paraíso fiscal y turístico desde donde fue expulsado el empresario peronista Alberto Samid. Austral arguyó que había invertido cien millones de dólares en ese proyecto.

Como el hotel no se hizo, el pago de una indemnización de empresas offshore por el proyecto del hotel produjo “la registración de un ingreso extraordinario que no correspondería a una indemnización real –abonada por el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 derivadas de un laudo arbitral- sino a un reingreso mediante las cuales se documentaron operaciones ficticias”. En esta maniobra llamativamente intervino la financiera suiza Helvetic Service Group que compró SGI “La Rosadita” en el 2011 y su director, el argentino Néstor Ramos quien está prófugo.

En las maniobras de evasión, el juez afirmó que “se ocultó maliciosamente la verdadera naturaleza del vínculo entre Austral Construcciones SA y Valle Mitre SRL –luego Valle Mitre SA-, con la finalidad de favorecer la evasión de una fracción sustancial de los tributos correspondientes de Austral Construcciones SA y procurar la impunidad de sus responsables”. Valle Mitre administró Hotesur y pagó alquileres a los Kirchner hasta el 2013, pese a que Báez era a la vez uno de los grandes contratistas del estado.

En cuanto al rol de Báez, el juez consideró que:

– Era quien en última instancia aprobaba las órdenes de compra a proveedores: era él quien podía aprobarlas o rechazarlas y dar nuevas indicaciones.

– No salían fondos de la empresa sin la autorización de Lázaro Báez o Martín Báez.

– A partir de 2012 tomó a su cargo en forma personal las decisiones económicas, financieras y todo lo que hacía al orden de decisiones empresariales, a quien se le imputó su participación en las evasiones atribuidas a Austral Construcciones SA correspondientes al ejercicio 2013.

– La contratación de los proveedores, entre ellos Grupo Penta SA y Constructora Patagónica SA, era propuesta por los ingenieros Pistán y Uribe a Lázaro Báez.

– Fue Lázaro Báez quien le ordenó en forma directa a Claudio Fernando Bustos en diciembre de 2013 que debía, junto con el Dr. Jorge Chueco, -y en el marco de una operación de emisión de acciones preferidas- presentar en forma urgente ante el Banco Nación cheques librados por Helvetic Service Group SA “porque se estaba en una operación que había que disminuir el descubierto de las cuentas corrientes”.

– El sector contable y de administración de la empresa reportaba directamente a Lázaro Antonio Báez, quien asimismo poseía el dominio de los manejos financieros de la empresa.

– El gobierno de las acciones o las decisiones empresariales eran tomadas por Lázaro Antonio Báez (ver en especial declaración indagatoria de Martín Antonio Báez). (Clarín)

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