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Diputados K adherentes a la “Ley Micaela”, encubriendo a un funcionario con un proceso por lesiones, amenazas y robo a dos mujeres

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16:30 – Este jueves 11 de abril se realizó la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz que entre otros puntos hubo consenso para rechazar el ajuste estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el cierre de la Agencia Experimental Rural de Río Gallegos, por el cual se unificaron 4 proyectos de resolución presentados por los legisladores José Lozano, Gabriela Mestelán, Pedro Valenzuela y Matías Bezi.

Además, al finalizar la sesión y apartándose del reglamento, las bancadas del Frente para la Victoria y Unión para Vivir Mejor acordaron reconsiderar el nombramiento del miembro letrado ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz, que el propio oficialismo se había negado de elegir durante la 1° sesión ordinaria del año.

A solicitud del presidente de la bancada de la oposición, Daniel Gardonio, se propuso nuevamente a José Blassiotto (Frente Renovador – UPVM) para ocupar ese cargo que representa al Poder Legislativo. En esta ocasión contó con 16 votos afirmativos de todos los legisladores presentes al finalizar la sesión.

La designación de Blassiotto se da luego de que la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán advirtiera sobre el riesgo de recusación que podría tener la no conformación del Tribunal de Enjuiciamiento. El tribunal es el que deberá entender en la causa que analizará el comportamiento de tres juezas de Caleta Olivia investigadas por un proceso de adopción irregular de una niña y que fueran denunciadas por la Fiscalía de Estado de Santa Cruz.

Durante la sesión se aprobaron varios proyectos de ley. Uno que establece al día 31 de octubre de cada año, como el “Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes” y otro, el día 21 de junio como “Día de la Confraternidad Antártica”.

Además, se creó la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá competencia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Turbio y ante el Juzgado de Instrucción y del Menor, así como también ante los organismos de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

A su vez, por unanimidad modificaron la Ley N° 3.141 conocida como 70/30 o “Registro Único de Trabajadores de la actividad Petrolera, Minera, Pesquera, y todas otras actividades laborales” que aumenta el mínimo de años de residencia en la provincia para ser reconocido como trabajador de Santa Cruz.

Otra norma aprobada la adhesión de la Provincia de Santa Cruz a los alcances de la Ley Nacional 26816, Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

Sobre tablas se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que la empresa de fomento LADE (Líneas Aéreas del Estado) implemente un nuevo plan para la recuperación paulatina de los destinos en Santa Cruz.

Además, se truncó el intento que el legislador de Río Turbio, Darío Menna (PJ.FPV) pidió aprobar sobre tablas el proyecto de ley de “Protección de los recursos naturales de Santa Cruz”.

Luego de idas y vueltas y pedir que quede por artículo 64 para la próxima sesión, el oficialismo acordó no tratarlo en la sesión para que la oposición sugiera modificaciones.

El proyecto se había despachado por unanimidad el proyecto que como un único artículo sostiene que “los recursos naturales del territorio de la provincia de Santa Cruz como son los yacimientos hidrocarburíferos, líquidos y gaseosos, fósiles y minerales como el carbón u otros, incluyendo los turísticos e hídricos; más los correspondientes por plataforma marítima continental; no pueden ser considerados como toma de garantías de bienes de cambio en las operaciones financieras que lleve adelante el Gobierno Nacional con organismos y entidades, en las formas de toma de empréstitos, deuda, emisión de bonos del tesoro nacional u otros afines de intereses foráneos y extranjeros; a razón de que los recursos son patrimonio inalienable e imprescriptible del territorio santacruceño; y en cuanto “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, conforme lo establece el Artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina; los Artículos: 234, 235, y 236 del Código Civil y Comercial de la República Argentina; y la Ley Nacional 26197”.

El proyecto redunda en lo ya establecido por la Constitución Nacional, la constitución de la provincia de Santa Cruz y los Códigos Civil y Comercial de la Nación junto a la ley Federal de Hidrocarburos.

Durante la sesión se informó que en la próxima comisión de Trabajo y Previsión Social, asistirá la presidenta de la Caja de Previsión Social, Silvia Bande a dar cuenta de los ingresos y egresos de la caja jubilatoria santacruceña.

La vergüenza y el encubrimiento K

Pero no todo fue una “fiesta de la democracia” en la Cámara de Diputados ayer y todo se volvió ciolencia verbal, amenazas y rostros de enojo por parte de los legisladores oficialistas cuando la diputada Gabriela Mestelán (Cambiemos/Encuentro Ciiudadano) presentó un proyecto para tratar sobre tablas, solicitando que el gobierno aparte del Directorio de Servicios Públicos al contador Ariel Ivovich, quien en el mes de mayo de 2017, mientras cumplía funciones como Presidente de la Caja de Servicios Sociales, agredió, golpeó, insultó y amenazó de muerte a dos abogadas que llegaron al predio que tiene con su hermano en calle Parque Industrial de Río Gallegos, intimándolo a que pagara los salarios a los jubilados.

Por aquel hecho, Ivovich estuvo un día preso y se abrió una causa que desde entonces lo tiene procesado en la causa “IVOVICH ROBERTO ARIEL Y OTRO SOBRE LESIONES LEVES REITERADAS, AMENAZAS Y HURTO” Expte. Nº 73.724/17 y cerca del juicio oral. Sin embargo, a pesar de todo y como es normal en Santa Cruz, fue colocado por el gobierno en el Directorio de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Como en el año 2017 cuando los diputados se negaron a repudiar a Ivovich por haber golpeado y arrastrado a una de als abogadas que lo fueron a notificar y en cambio repudiaron el accionar de las letradas, ayer el FPV hizo sentir su mayoría y le negó a Mestelán el tratamiento del proyecto, encubriendo, una vez más a un militante del partido gobernante.

La diputada se retiró sollozando de impotencia, al reclamar por una Cámara más justa y democrática que no encubra a delincuentes y no dejó pasar la oportunidad para poner de manifiesto la hippocresía y mentira de los legisladores del FPV quienes en la sesión anterior adhirieron por unanimidad a la denominada “Ley Micaela”, contra la violencia de género.

En un tramo del proyecto de la diputada se señala “…al Poder Ejecutivo Provincial, que elabore un protocolo de actuación a los efectos de establecer procedimientos para identificar dentro de la administración a quienes ejecuten violencia física, verbal, psicológica o simbólica, separando de inmediato a quienes incurran en estas prácticas, hasta la sustanciación final de los procesos administrativos o judiciales”.

Pero claro, esto corre para todos, menos para quienes formen parte del gobierno provincial; está claro. (Agencia OPI Santa Cruz)

3 Comentarios

  1. Que desaparezcan para siempre es lo mejor que le puede pasar a la Pcia. cuando voten……sepan quienes son,que hicieron en su vida……que gestionaron etc, si no, siempre estaremos igual.

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